Los desmanes que han ocurrido en el sur del País son una de las muestras más evidentes que ciertos grupos sociales prefieren extorsionar al Gobierno con la violencia antes que establecer un dialogo civilizado donde se llegue a consensos de fondo.

Al Cauca, un departamento supremamente azotado por la guerrilla, la minga indígena lo ha convertido en un nefasto campo de batalla, donde encapuchados, al mejor estilo de las milicias urbanas, decidieron actuar con una ferocidad inaceptable que lo tienen completamente paralizado, casi que al mismo nivel de los paros armados que el cobarde terrorismo hace en otras zonas de Colombia.

Sin embargo, cuando se analizan las famosas exigencias que motivan la protesta es más que evidente que no son más que expresiones retóricas sin fundamento que buscan chantajear al Presidente a cambio de mas recursos o modificaciones en su agenda, la cual ha permitido pavimentar el camino para el renacer del País.

Al respecto, es fundamental señalar que el Gobierno le dedicó un capítulo completo del Plan Nacional de Desarrollo a los pueblos indígenas, el cual va de la mano con una inversión de más de 10 billones de pesos, una cifra histórica para lograr un desarrollo integral de estas comunidades.

No obstante, parece que una de las mayores apropiaciones presupuestales que se han destinado a estos grupos no es suficiente y ahora ponen sobre la mesa la posibilidad de una minga nacional para que la extorsión se extienda a todo el país.

Frente a estas acciones, el Gobierno debe asumir una posición firme y contundente al respecto: ¡No se negocia mientras se acuda a la violencia! De hacer lo contrario, se enviará un preocupante y peligroso mensaje de debilidad al País: entre más violenta la agresión, más rápido se saldrá corriendo a solucionar la crisis, incentivando así futuros paros y más violencia.

Acá no se puede permitir que un grupo de agitadores profesionales detengan por completo el desarrollo del País sin que absolutamente nada suceda. El hecho que se les reconozca su calidad de minorías y se respeten sus creencias ancestrales no es justificación alguna para que destruyan carreteras, quemen camiones, causen más de 10mil millones de pesos en perdidas para los comerciantes del departamento y generen un alza en los precios de los bienes y servicios en la región, hecho que afecta a compatriotas inocentes que tienen que pagar los platos rotos del berrinche violento de la minga.

Quizás lo único bueno de esta aberrante situación es que reafirma la necesidad de regular la protesta social, porque así como es apremiante ponerle un freno a los excesos que ocurren con instrumentos como la consulta previa, que tienen paralizados cientos de fundamentales proyectos de inversión en el País, es igual de urgente detener la interminable cantidad de abusos que se cometen bajo la justificación de estar protestando, la cual se ha convertido en la excusa perfecta para destruir las ciudades y atentar impunemente contra miembros de la Fuerza Pública.

@LuisFerCruz12

Publicado> marzo 20 de 2019