Las Farc, con la complicidad de la JEP y de la polémica Comisión de la Verdad, se ha enfocado en manipular los hechos a través de una estructurada y sistemática campaña de negación de los delitos de lesa humanidad cometidos por esa banda terrorista durante más de 5 décadas. 

Recientemente, uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad desató un verdadero vendaval al reconocer -a través de un memorando interno- que esa entidad sí tiene un sesgo ideológico de extrema izquierda, tal y como lo denunció en su momento el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. 

En su reciente columna para LOS IRREVERENTES la congresista del Centro Democrático, Margarita Restrepo hizo mención de un hecho sumamente delicado: el negacionismo de las Farc respecto de las atrocidades cometidas por esa estructura, específicamente el reclutamiento forzado de menores de edad. 

A través de la imposición de una narrativa benigna y con el claro propósito de justificar las atrocidades, los aliados de los terroristas de extrema izquierda se han encargado de confundir y manipular a la opinión pública, sembrando miedo y desatando brutales campañas de desprestigio contra aquellas personas que se atrevan a señalar o elevar su voz de protesta contra las Farc.

Mientras se negociaba el ilegítimo acuerdo de La Habana, los periodistas, políticos y activistas al servicio del Santismo y de las Farc pusieron a rodar la tesis de que quien cuestionara a ese proceso, era un declarado “enemigo de la paz”.

Aquella calificación, minó moralmente a muchos críticos que, no obstante, hicieron valer sus creencias en la votación del plebiscito de 2016, cuando el NO derrotó a la poderosa y corrupta maquinaria del SI, promovida por el régimen santista y la banda terrorista de las Farc. 

A la luz del derecho internacional, el acuerdo de La Habana, que incluye una inadmisible impunidad frente a delitos de lesa humanidad contemplados en el denominado estatuto de Roma, está pegado con babas. 

En todos los casos, las atrocidades deben recibir castigos reales y efectivos. La JEP, esa misma que fue rechazada popularmente por los ciudadanos, prevé imponer sanciones puramente simbólicas que no se materializarán en privaciones de la libertad. 

Se dijo que a cambio de cárcel, las víctimas recibirían reparaciones integrales y que conocerían la verdad de los hechos como paso previo y necesario a la garantía de no repetición. 

El tiempo se ha encargado de demostrar que el acuerdo Santos-Timochenko además de asegurar la impunidad, de facilitar el lavado de activos, de proteger a los peores capos del narcotráfico de la extradición, también sirvió para que los peores genocidas de la historia reciente del país, nieguen las atrocidades que cometieron. 

La nueva vicepresidenta del Senado, alias Sandra Ramírez sin remordimiento ninguno y desconociendo la abultada evidencia que existe sobre el particular, aseveró que las Farc no esclavizaron a miles de niños. 

El cabecilla de esa banda, alias Timochenko, dijo exactamente lo mismo. Según él, no hubo menores de edad en su estructura, contrariando las pruebas que desde hace décadas reposan en distintos despachos judiciales y los testimonios de las víctimas que no han temido señalar a los jefes de las Farc, revelando los vejámenes a que fueron sometidas. 

Cuando el escándalo desatado por cuenta de la inaudita negación del reclutamiento forzado -crimen de lesa humanidad por el que la Corte Penal Internacional ha impuesto sentencias condenatorias contra distintos criminales de guerra- seguía en primer renglón de la discusión pública, la terrorista Ramírez salió en defensa de nadie menos que del capo del narcotráfico y actual “jefe” de su hijo el terrorista reincidente Alberto Cruz Lobo, el extraditable Jesús Sántrich.

En palabras de la nueva vicepresidenta del Senado, contra Sántrich, que es un prófugo de la justicia de Colombia y de los Estados Unidos, no hay pruebas que permitan considerar que él es un narcotraficante. 

Es evidente que la jefe terrorista, además de abogar por el fugitivo por el que la justicia norteamericana ofrece una recompensa de $10 millones de dólares, está protegiendo a su hijo quien hace parte de la estructura mafiosa que lideran Sántrich e Iván Márquez.

Conocidas las indignantes afirmaciones de alias Sandra Ramírez, la embajada de los Estados Unidos en Bogotá emitió una respuesta que no deja espacio para las dudas. Efectivamente, a través de la cuenta de Twitter de esa delegación diplomática se dijo que: “El Departamento de Estado @StateDept ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares, por información que lleve al arresto y/o condena de alias Jesús Santrich y alias Iván Márquez acusados por @TheJusticeDept de participar en narcotráfico”.

Las Farc están acudiendo a la negación como herramienta de acción política. Se valen de la profunda polarización que se vive en el país para promover las descalificaciones ruines contra las personas que se atrevan a exigir justicia y, paralelamente, para ocultar y negar las atrocidades cometidas durante décadas enteras. 

@IrreverentesCol

Publicado: julio 28 de 2020