Uno de los aspectos más inquietantes de la actualidad política colombiana es el desquiciamiento del Estado de Derecho, que deriva en el de la autoridad.

Se supone que el Estado de Derecho debe regir en todo el territorio, sobre todas las personas que lo habitan y, especialmente, debe suministrar la normatividad de la organización y el funcionamiento de los poderes públicos, de suerte que quienes los detenten y ejerzan actúen dentro de las competencias y conforme a los procedimientos que las normas superiores determinen.
Desafortunadamente, lo que se observa es que a menudo hay autoridades que no ejercen íntegramente los poderes que les corresponden, mientras que otras los exceden e incurren en abusos que de hecho afectan la coordinación y la buena marcha del aparato estatal.

Hay dos casos que ameritan especial consideración, relacionados con el manejo del orden público y las relaciones internacionales.
La Constitución Política es clara en cuanto a los poderes que le conciernen al presidente acerca de la conservación del orden público en todo el territorio nacional y su restauración cuando fuere turbado. Si bien los gobernadores y alcaldes son jefes de las respectiva administraciones departamentales y municipales, en lo tocante con el orden público son agentes del presidente y deben obrar siguiendo sus instrucciones y órdenes.

Pues bien, es una verdad de a puño que el orden público se halla en estado de turbación prácticamente en todo el país. Hay vastas porciones del territorio en las que el poder efectivo lo ejercen bandas criminales de distinto jaez, las cuales perpetran masacres, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento de poblaciones, opresión de comunidades, etc., todo ello en función del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades contrarias al orden jurídico. Y la gente se pregunta: ¿en dónde están las autoridades encargadas de corregir estas situaciones anómalas?

El desorden del sector rural se advierte también en el urbano. Es endémico el que suscitan las bandas, pandillas o combos que se han apoderado de barrios enteros en distintas ciudades, ante la impotencia y quizás la complicidad de los responsables del orden público.
Todo eso es de enorme gravedad, pero lo que más alarma y molestia ha suscitado en la capital y otras ciudades es la seguidilla de marchas promovidas por cierto sector político, en asocio con Fecode y otras organizaciones sindicales del sector público y grupos estudiantiles, que so capa de los derechos de reunión, manifestación y protesta hacen periódicamente invivibles los núcleos urbanos.
Por ejemplo, yo tenía que asistir a las 8 p.m. a una cita médica en la EPS a que estoy afiliado. No pude llegar, porque la policía me impidió el paso y ordenó que me desviara, porque en el sector los vándalos estaban haciendo de las suyas. Mi derecho a acceder oportuna y eficazmente a los servicios de salud tuvo que ceder ante el que por la fuerza de las piedras, los explosivos y en general la violencia física estaban esgrimiendo los promotores de un movimiento a todas luces subversivo que quieren obligar al presidente a negociar más de un centenar de  pedidos, como si ese fuera un ejercicio regular del derecho de petición.
Es lo que en otros escritos he denominado la democracia tumultuaria, que sustituye el diálogo civilizado por la violencia irracional y desmedida.

Pues bien, el gobierno nacional, en lugar de tomar decididamente cartas en el asunto, resolvió delegar en los alcaldes el manejo de estas situaciones. Y el de Medellín, muy orondo, se hizo el de la vista gorda con una de esas marchas, aduciendo que no era contra él, sino contra el presidente Duque. Esa marcha que él alimentó con puestos de abastecimiento de líquidos y animó con un espectáculo musical, derivó en agresiones contra establecimientos bancarios y hoteleros. Su compromiso con el orden público no es pues muy claro. Por supuesto que ante otros desmanes tuvo que cambiar de opinión, para controlar los explosivos en los campus universitarios.
¿Está dispuesta la alcalde de Bogotá a cumplir las instrucciones y órdenes del presidente respecto del orden público en la capital, cuando, según dice la prensa, se muestra hostil o por lo menos reticente sobre la acción del ESMAD y crea un equipo de control del mismo? ¿Está dispuesto el gobernador de Nariño a obedecerle al presidente, cuando anuncia agresivamente que se opondrá al uso del glifosfato para la erradicación de cultivos de coca?

En lo tocante a las relaciones internacionales, la Constitución es igualmente nítida cuando le asigna al presidente la función de dirigir las relaciones internacionales.

No obstante ello, se habla de que el gobernador del Magdalena y el alcalde de Santa Marta, así como probablemente los alcaldes de Bogotá y Medellín,  pretenden celebrar con un gobierno enemigo, el cubano, convenios de cooperación en materias de salud, educación,  deportes, etc. , que en parte alguna gozarían de respaldo constitucional y legal. Bien se sabe que la cooperación de los cubanos tiene un signo peligrosamente político y hasta subversivo. Pero, ¿dónde está el gobierno central dispuesto a poner en cintura a esos díscolos funcionarios que invaden con desparpajo sus competencias constitucionales, cuando no ha sido capaz de romper relaciones con régimen que abiertamente protege a los criminales del ELN?

El presidente se declara provida, pero dice respetar la atroz y antijurídica doctrina de la Corte Constitucional sobre el aborto. ¿Es digna de respeto una corporación que descaradamente ha dejado de ser guardiana de la integridad y la supremacía de la Constitución, para asumir de hecho poderes dictatoriales que hacen de ella un cuerpo supralegistativo y hasta supraconstituyente?
Las encuestas que acaban de publicarse reiteran la baja calificación del presidente en la opinión pública. No podía ser de otra manera, pues la gente está hastiada del desgobierno y los abusos que en nombre del derecho se están cometiendo.

Jesús Vallejo Mejía

Publicado: marzo 5 de 2020