Se ha sentado un precedente nefando. En adelante, invocando el derecho a la igualdad, cualquier extraditable iniciará una huelga de hambre para exigir ser conducido a la casa que tiene el episcopado colombiano como centro de reclusión de los sacerdotes que violan el código canónico.

Jesús Sántrich es un narcotraficante como cualquier otro y debe ser sometido al régimen penitenciario definido para ese tipo de criminales. De hecho, entre Colombia y los Estados Unidos existe un acuerdo de cooperación judicial que contempla que los detenidos en nuestro país con fines de extradición deben ser confinados en cárceles con elevados estándares de seguridad, precisamente para evitar su fuga.

Hasta hace pocos años, todos los extraditables estaban recluidos en la cárcel de Cómbita –Boyacá-. Luego, casi todos fueron trasladados a un complejo de alta seguridad que se construyó como un anexo a la cárcel La Picota, al sur de Bogotá.

Dicho complejo, fue diseñado y edificado bajo los estándares de seguridad contemplados por el denominado Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos.

El hecho de que el gobierno de Santos, a través del ministro de Justicia haya ordenado el traslado del extraditable Sántrich a una sede religiosa, además de generar la legitima indignación en la sociedad colombiana, está incumpliendo de manera alevosa los acuerdos diplomáticos y judiciales con los Estados Unidos.

Uno de los motivos que ha invocado la fiscalía de los Estados Unidos para oponerse a la libertad bajo fianza del exministro Arias, pedido en extradición por el Estado colombiano, es precisamente la existencia del riesgo de fuga, tesis que ha sido coadyuvada por el gobierno de Santos.

Colombia ya debería estar curada de los espantos que producen los favorecimientos carcelarios a los narcotraficantes. La lección de La Catedral de Pablo Escobar fue clara y contundente. Sántrich incumplió el acuerdo. Delinquió después de que éste entrara en vigor. Santos, quien ha insistido en que aquellos miembros de las Farc que reincidan en el crimen recibirán todo el peso de la ley, nuevamente le ha mentido a los colombianos, cuando ordena que Sántrich reciba un tratamiento especial.

El episcopado colombiano, también se ha equivocado. No ayuda a la consolidación de la paz que un sector del clero de nuestro país coadyuve la impunidad y la concesión de privilegios a los narcotraficantes.

Dos importantes figuras de la Iglesia, monseñor Alirio López y monseñor Pedro Mercado, éste último presidente del tribunal eclesiástico, criticaron públicamente la decisión adoptada.

En criterio de monseñor Mercado, “con traslado de Sántrich, sindicado de narcotráfico, a una sede eclesiástica se crea un grave precedente jurídico y moral. Personalmente, me aparto de esta decisión que considero injustificada e inoportuna”.

En su homilía del domingo, monseñor fue más allá y expresó que “prefiero que se me vayan las luces y no ser cómplice de estas decisiones, porque Sántrich debe regresar a la cárcel y esperar la sentencia de la extradición, que no fue una investigación de una estación de policía sino de la DEA y de la fiscalía. ellas hicieron este proceso. Él y sus cómplices del secretariado no tuvieron compasión con aquel niño que sufría de cáncer y suplicaba ver por última vez a su padre secuestrado. Él y el secretariado no tuvieron compasión con los militares que murieron de hambre y fueron asesinados. Él y el secretariado no tuvieron compasión con los secuestrados y con sus familias. Él y el secretariado fueron también los causantes de muchos secuestros, de muchos maltratos a muchas mujeres que fueron obligadas a abortar”.

Por su parte, monseñor Uribe sentenció que “sí, la vida es sagrada, pero me aparto de la decisión de la conferencia episcopal de permitir que Sántrich haya salido de la cárcel a la Fundación de la Pastoral Penitenciaria. Él debe ser extraditado. Son muchos los crímenes que lleva en su conciencia”.

Al gobierno colombiano le tiene sin cuidado lo que la opinión pública exprese. Santos va de salida y sabe que el desprecio que el pueblo siente por él es irreversible, así que poco o nada le afectan las expresiones de rechazo a su medida.

Pero el gobierno de los Estados Unidos no puede guardar silencio. Los narcos de las Farc, quedaron blindados de la extradición, porque los delitos fueron cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo. Pero resulta inaudito que el gobierno Santos continúe burlándose de los compromisos internacionales que tiene nuestro país, favoreciendo a mafiosos que después de la firma del acuerdo, siguieron traficando hacia los Estados Unidos, como es el caso de Sántrich y muy seguramente el de Iván Márquez.

@IrreverentesCol

Publicado: mayo 15 de 2018