La X conferencia de las FARC-EP que se realizaría en los Llanos del Yarí (Meta,) del 13 al 19 de septiembre y que fue aplazada, deberá efectuarse –necesariamente- antes del 26 septiembre, fecha en la que ha sido anunciado que se firmará el acuerdo final. Esa conferencia será el punto inicial de donde saldrá la estructura organizacional para la adecuación del tránsito de organización armada irregular, hacia la institucionalidad jurídico-política de un nuevo partido político.

Es el primer paso que dan las FARC-EP hacia la implementación del acuerdo final suscrito con el gobierno de Colombia –en materia de participación política- y refleja la realidad de lo acordado, en consecuencia, el gobierno deberá “crear las condiciones y dar las garantías para que las organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos o movimientos políticos, que participen activamente en la conformación, ejercicio y control del poder político, para que sus propuestas y sus proyectos puedan constituirse en alternativa de poder”.

Esta X conferencia de las FARC-EP es el símil de la convención que realizan los partidos políticos que hoy tienen personería jurídica otorgada por el Estado colombiano. Es la oportunidad de transición entre las armas y su dejación, y el apronte para incursionar en la búsqueda del poder por medio de las urnas y la voluntad ciudadana.

Según lo acordado, después del 26 de septiembre, todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, integrarán una comisión para definir los lineamientos del nuevo estatuto de oposición, en la que estarán además las FARC-EP, Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, junto a otras agrupaciones políticas y expertos que deseen aportar insumos y propuestas para fortalecer y engrandecer el marco de seguridad y garantías para el ejercicio de la política y que contribuyan a la creación de un clima de convivencia y reconciliación. Ese marco de garantías y seguridad apuntará al aseguramiento de la promoción y protección de la persona y el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión pretendiendo con ello profundizar la democracia.

La conferencia de la organización guerrillera, sería la última de sus cincuenta años de lucha armada y la primera del comienzo de su vida como institución política partidista. Ese tránsito que hace, tiene inmerso el compromiso del gobierno colombiano y la garantía de la ONU de que las FARC-EP hacen tránsito de organización en armas, para constituirse en un nuevo partido o movimiento político legal con derechos, obligaciones y deberes de orden constitucional y legal, constituyéndose en pares de los actuales partidos y padrinos del fortalecimiento de la democracia y la adopción de garantías necesarias y condiciones que faciliten la creación y funcionamiento de nuevos partidos y movimientos políticos.

Una vez se suscriba el acuerdo final, el Consejo Nacional Electoral tendrá que iniciar los trámites para el registro de la solicitud de creación del nuevo partido que surja de la transición de la guerrilla a la vida política legal y una vez finalice el proceso de dejación de armas se dará trámite formal al registro del nuevo partido y la organización electoral deberá expedir el acto administrativo de reconocimiento de estatutos, código de ética, plataforma ideológica, inscripción de directivos y denominación que adopte. El nuevo partido que surja, actuará en igualdad de condiciones –salvo unas prebendas acordadas, como financiación y curules- y deberá cumplir todos los requisitos de conservación de la personería jurídica, sujetándose a las causales de pérdida de la misma prevista para los demás partidos. Este nuevo partido tendrá un miembro consejero como su representante en el Consejo Nacional Electoral. Me atrevo a manifestar que el nuevo partido podrá ser el nuevo referente de la democratización de las anquilosadas y poco democráticas agrupaciones políticas partidistas en Colombia, que en los últimos años han cabalgado sobre el lomo del pragmatismo y de manera reprochable, se han sostenido en la mercantilización de los avales en contra del derecho a la participación política, o en su defecto, si se dedican a lo mismo, será una nueva frustración para la democracia colombiana.

Cualquiera sea el resultado del plebiscito, las FARC-EP tienen asegurada la posibilidad de participación política con seguridad, con respaldo internacional, por el solo hecho de incorporar los acuerdos al bloque de constitucionalidad y otorgarles la categoría de Acuerdo Especial conforme a los protocolos de Ginebra. Lo demás, lo ganarán por añadidura, en razón al Fast Track con el que cursarán en el Congreso de la República todas las normas y adecuaciones que tiene que hacer el gobierno colombiano para cumplir con lo pactado en La Habana. Entre tanto, avanzará el proceso de dejación de armas con el acompañamiento expectante de la ONU, que mirará simultáneamente el desarrollo y avance del legislativo de Colombia, que esta vez no tendrá vacaciones. Es la realidad y el costo de silenciar los fusiles de uno de los grupos armados ilegales de Colombia. Queda faltando la negociación con el Ejército de Liberación Nacional ELN y la definición de la política a seguir con los sectores armados emergentes del paramilitarismo que el Estado denomina las Bacrim, que se sostienen con el narcotráfico y la explotación de minería irregular. En el Fast Track de discutirá si el narcotráfico podría ser considerado delito político por conexidad, ojala incorporaran otros delitos de menor entidad para brindar oportunidad a otros colombianos que por estado de necesidad, por coacción o por alguna excluyente de juridicidad rayaron el código penal y han mostrado una conducta de resocialización.

 

@AlirioMoreno