Los grandes problemas deben ser asumidos con entereza y sin temores. La crisis en el seno del Ejército nacional es de un tamaño colosal. Además de las disputas pueriles por el control de la institución, están los graves casos de corrupción que protagonizaron unos pocos oficiales durante el gobierno de Juan Manuel Santos. 

Hay que decirlo: nuestros militares y policías, son personas honorables. Han consagrado sus vidas al noble propósito de defendernos del terrorismo. Un número reducido de generales y coroneles, abusando de su posición se enriquecieron con el dinero de las Fuerzas Militares, amañando contratos, con el propósito de que un porcentaje de los mismos terminara en sus bolsillos.

El pulso entre los distintos bandos que hay en la cúpula de las Fuerzas Militares consiste en asegurar que el sector adepto a los oficiales involucrados en el saqueo, tenga el control para garantizar un nefasto tapen-tapen. 

Se ha dicho insistentemente que uno de los cerebros de la guerra sucia al interior del ejército es el oscuro y cuestionado general retirado y hoy embajador en Australia, Alberto José Mejía, un oficial que ha sido denunciado por su participación en distintos saqueos, concretamente a través de la aviación del ejército. 

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo ha reconocido la gravedad del asunto y ha anunciado que su despacho seguirá trabajando con el propósito de fortalecer a las Fuerzas Militares. Se ha confirmado, así mismo, la existencia de unas operaciones de contrainteligencia contra militares involucrados en actos ilegales. En un comunicado de prensa, las FF.MM aseguraron que “tres misiones de trabajo se han puesto en conocimiento de las autoridades judiciales y organismos de control competentes, dejando como resultado la judicialización de 13 de personas…”. 

Es evidente que el general Mejía ha puesto a los medios de comunicación afectos al santismo para que desvíen la atención de los hechos y no se concentren en los actos de corrupción en los que su nombre aparece relacionado. 

Hasta ahora, pareciera que ese oficial tiene ganada la partida. El gobierno no ha expresado su voluntad de sacarlo de la embajada en Australia, desde donde él atiza la hoguera, promoviendo campañas de desprestigio contra los generales que no están dispuestos a servirle de cómplices. Así mismo, la justicia y los organismos de control han engavetado las investigaciones en su contra, sin siquiera tomarse la molestia de revisar las evidencias que obran en los sumarios. 

¿Hasta cuándo seguirá gozando de impunidad ese general? 

Lo cierto es que el Ejército es una institución respetable que no merece el encasillamiento al que la están sometiendo los aliados de la extrema izquierda. En consecuencia, el gobierno tiene el gran desafío de avanzar en las investigaciones contra los militares involucrados en actos ilícitos, en aras de proteger a los cientos de miles de hombres y mujeres que honran su uniforme observando una conducta ejemplar y decorosa.

@IrreverentesCol

Publicado: mayo 12 de 2020