Casi pude imaginarme la gran fiesta de celebración de violadores y asesinos de niños tras la decisión de la Corte. Me quedó la duda si fue una celebración conjunta de todos los ungidos, y tanto los señores magistrados como las FARC fueron invitados.

Una vez más reinó la impunidad en nuestro país, en esta ocasión, los mayores criminales y victimarios fueron cobijados y protegidos, con el manto de dulzura de la resocialización y los derechos humanos.

El 2 de septiembre del 2021, quedará grabado en el libro de las injusticias y la impunidad, allí también quedarán registrados los olvidados derechos de nuestros niños, el dolor y el sufrimiento de miles de familias.

Que la resocialización de los condenados y su dignidad, que los costos del sistema penitenciario, que la trasgresión de poder del Congreso, en fin, argumentos menores, frente al hecho que durante los últimos cinco años, cada día en Colombia, se asesinaron 6 menores de edad; que tan sólo durante el 2020, en plenas medidas restrictivas por la pandemia, 579 menores fueron asesinados en el territorio nacional;  tristemente, ésta cifra muestra la degradación a la que se ha llegado, 56 de estas víctimas, tenían entre 0 y 4 años;  y que decir de las 60 denuncias diarias por abuso sexual a menores, sin palabras.

El “País que mata a sus niños”, fue el título que utilizó el diario El Tiempo, para presentar un durísimo informe sobre las cifras de homicidios y abusos a menores de edad en Colombia, nada más cercano a la triste realidad que enfrentan hoy nuestros niños. Yo le añadiría, a ésta triste historia, el título de “el Estado que protege a los asesinos de niños”.

Les hemos fallado a nuestros niños, en el deber de protegerlos y ampararlos ante cualquier tipo de peligro. Los datos de homicidios y abusos a menores, nos muestran la gravísima situación a la que nos enfrentamos. Se requería, cómo no, de las más drásticas medidas posibles. La imposición de penas de cadena perpetua para quienes cometieran éste tipo de delitos era, sin dudarlo, el más claro y contundente mensaje de protección a nuestros niños, máxime que si bien es cierto, la política criminal en Colombia busca rehabilitar al recluso, darle una segunda oportunidad y hasta respetar la dignidad humana de los condenados, lo que se  ha visto a nivel internacional, es que el porcentaje de reincidencia de este tipo de delincuentes es demasiado alta.

Por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha determinado que más del 40% de los violadores de niños comete nuevamente un delito al primer año de obtenida su libertad. Mientras tanto en Colombia, con dolor observamos casos aberrantes como el del Monstruo Garavito, quien confesó cerca de 200 crímenes y que fuese condenado a 40 años de prisión, y que saldrá en libertad en 2023 tras cumplir las 3/5 partes de su pena. Me pregunto: ¿efectivamente se merecen otra oportunidad?, ¿dejaremos que estos psicópatas vuelvan a las calles para poner en riesgo a nuestros niños? Las implicaciones sociales de éste tipo de decisiones afectan, sin lugar a dudas, el futuro de nuestros menores, ponen en riesgo su integridad y envía un mensaje de debilidad de nuestro sistema de justicia a los delincuentes.

En cada escenario al que he asistido, cada manifestación y declaración que he hecho a lo largo de estos años, he insistido sobre la necesidad de proteger a nuestros niños. El objetivo supremo de toda sociedad debe de estar orientado al cuidado de su recurso más valioso: su futuro. Los derechos de los niños, tal como lo establece nuestra Constitución, prevalecen sobre los derechos de los demás, imponiendo no sólo a la familia, sino a la sociedad y al Estado la obligación de asistir y proteger al niño. La cadena perpetua, es lo mínimo que se merecen éste tipo de desadaptados sociales, que se atreven a atentar contra la vida y la felicidad de nuestros menores. El fallo de la Corte Constitucional es un premio no sólo a los asesinos y abusadores de los menores, sino a quienes aún piensan y se soslayan bajo la utopía del derecho a la resocialización a éstos delincuentes.

Insistiremos al gobierno nacional que tome de manera inmediata las medidas necesarias para endurecer las penas contra estos delitos y acompañaremos con total decisión, las iniciativas que se presenten para combatir éste flagelo que tanto daño le hace a nuestra sociedad. El futuro de Colombia se desvanece entre nuestras manos por éste tipo de decisiones, no podemos resignarnos ante la injusticia.

CODA. Sea ésta la oportunidad para reiterar mi llamado a la Administración Distrital, al señor Secretario de Seguridad, para implementar de manera inmediata, el Sistema Integral de Prevención de Riesgos y Peligros, programa del que soy autor y que se encuentra en el Plan de Desarrollo Distrital. Las actuales circunstancias  necesitan eficacia más que simbolismo. La protección efectiva de nuestros niños y adolescentes va de la mano con alertas tempranas y el registro de casos de abuso. Dr. Fernández de Soto, no espere más. Cada día que pasa, se pierden  y se truncan vidas, se cortan alas y se limitan sueños.

@JcolmenaresE

Publicado: septiembre 5 de 2021