Sería frustrante que bajo “las condiciones para los actuales partidos con personería jurídica” las Farc ingresen a un escenario corrupto.

La ley 1712 de 2014 que se expidió con el fin de “regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información” bajo los principios de transparencia y buena fe, se hizo extensiva a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Sin embargo y pese a que por efectos del bloque de constitucionalidad estando consagrado este derecho en la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, y siendo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC- la custodia del acuerdo suscrito por más de 100 países, en Colombia algunos de esos partidos políticos hacen y deshacen en materia de decisiones y en el manejo de los dineros que entrega la Nación a través del Consejo Nacional Electoral –cuyo destino son el pago de sus gastos de funcionamiento- que están sirviendo al apoyo de organizaciones y pagos ilegales sin que ninguna autoridad haga algo por cerrar esta vena de corrupción.

Ahora que como consecuencia del acuerdo con las FARC-EP, esta organización avanzará probablemente en la estructuración de un nuevo partido político, luego de la implementación del componente de participación política, sería desagradable y frustrante para el pueblo colombiano que bajo la garantía de “las mismas condiciones que operan para los actuales partidos políticos con personería jurídica” el partido de las FARC-EP ingrese a un escenario plagado de malsanas costumbres y en el que pululan prácticas de corrupción, infortunadamente auspiciadas por algunos miembros del Consejo Nacional Electoral.

La semana que terminó, la UNODC y la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, desarrollaron un evento denominado “Retos y desafíos en la investigación y sanción de actos de corrupción en un contexto transnacional y nacional” allí estaba presente Ana Linda Solano, quien se desempeña como asesora del Fiscal General de la Nación en la Dirección Especializada de Policía Judicial Económico Financiera. Qué bueno que este propósito institucional ingresara a las entrañas de algunos partidos políticos para identificar las operaciones financieras que se vienen desarrollando y el desvío de los dineros públicos, que además de configurar conductas irregulares en el contexto financiero, rayarían en un peculado por apropiación dado que se trata de dineros provenientes del Tesoro Nacional.

De qué nos sirve replicar el largo enunciado retorico que “De esta forma, se apoya a enfrentar las consecuencias de la Corrupción, toda vez que la misma compromete gravemente la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo socio- económico de un país. La Corrupción, no permite que los ciudadanos sean los beneficiarios de los bienes y servicios públicos, como debe ser. La serie de actos irregulares e ilícitos que cometen los funcionarios públicos -muchas veces en complicidad con quienes no lo son- y los fondos públicos que son despojados por la corrupción, significan menor calidad y cantidad de servicios públicos para la población, como: hospitales, postas médicas, mejora educativa, alimentaria y otros”. ¿Acaso institucionalmente se está haciendo algo para combatir la corrupción al interior de los partidos?

La gobernabilidad, la democracia y el desarrollo socio- económico de Colombia seguirán siendo letra muerta si la Fiscalía General de la Nación no le mete el diente a erradicar la corrupción y aniquila las malas prácticas mercantilistas de algunas organizaciones políticas. Para desarrollar a Colombia en democracia, necesitamos instituciones políticas transparentes, comprometidas con la gobernabilidad eficiente y con el manejo adecuado de sus cuentas. A la nueva organización que surgirá del tránsito de las FARC-EP de movimiento armado a partido político, la institucionalidad colombiana debe mostrarle el camino correcto. Los actuales partidos deben brillar por su pulcritud y transparencia. Doctor Néstor Humberto Martínez Neira, usted es más que una esperanza. Está llamado a imponer para siempre la impronta anticorrupción en Colombia.

@AlirioMoreno