Uno de los puntos sobre los que más hicieron énfasis los promotores de la fallida consulta anticorrupción era el número 7 que limitaba a 3 el número de periodos que una persona puede ocupar un escaño en una corporación pública.

Aquella iniciativa parte de una premisa falsa: el que permanece largo tiempo en el senado o en un concejo municipal es corrupto, o sus reelecciones son aliciente para la corrupción.

Todos los estamentos políticos de los Estados Unidos lloran el fallecimiento de John McCain quien ocupó un asiento en el Senado de ese país desde 1987. Durante 31 años ese dirigente político estuvo presente en el legislativo estadounidense y a nadie se le cruza la idea de insinuar siquiera que su larga estadía en el Capitolio fue un acto de corrupción.

Lo curioso es que dos de los más conspicuos promotores de la consulta que acaba de hundirse y por la que los colombianos tuvieron que pagar más de $300 mil millones de pesos, son los personajes que más tiempo llevan en el Congreso de la República.

En efecto, Jorge Enrique Robledo, ocupa una curul desde el año 2002 y el cuestionado Germán Navas Talero –quien ha recibido financiación de un empresario libanés que ha sido vinculado con el desparecido Cartel de Medellín– tiene asiento en la Cámara de Representantes desde 1998.

Si los que dirigieron esa consulta tuvieran un ápice de coherencia, ya le habrían solicitado a Robledo y a Navas que se fueran del Congreso, cosa que claramente no sucedió ni sucederá.

Como se ha dicho repetidamente, la de Claudia Nayibe López era una iniciativa taquillera, manipuladora y eminentemente demagógica. Su denominación de “consulta anticorrupción”, dejaba sin espacio real a quienes quisieran oponerse a su contenido pues automáticamente quedaban encasillados como “amigos” de la corrupción. Así, aquellos que no le hizo campaña a la consulta o que resolvieron no votarla, quedaron en un punto de absoluta desventaja política.

La dicha consulta no logró el umbral exigido por la ley, razón por la que su contenido no fue aprobado, a pesar de los 11.4 millones de votos obtenidos y que en las últimas horas han sido objeto de fuertes cuestionamientos, pues no son pocos los ciudadanos que sostienen que en la jornada del domingo pasado hubo muchos votos y muy pocos votantes.

Mal hace la señora López al exigir que el gobierno presente las normas que le den desarrollo a los 7 puntos puestos a consideración de los electores, pues ella perdió.

En democracia los “casi” no valen. Y la consulta de López no puede ser presentada como una iniciativa que “casi” gana. Las reglas de juego son claras y deben ser respetadas. Lamentable que esos mismos que cuestionaron el triunfo del NO en el plebiscito alegando que fue por “poquitos” votos, ahora difundan la tesis mentirosa de que los 7 puntos deben ser incorporados porque les faltaron unos cuantos sufragios para sobrepasar el umbral fijado por la ley.

No era necesario hacer una consulta supremamente onerosa para combatir a la corrupción. El gobierno de Duque y la bancada del Centro Democrático tienen claro que ese fenómeno debe ser combatido con toda la verticalidad. Nada de casa por cárcel ni de beneficios penitenciarios a los corruptos. Así mismo, debe establecerse un mecanismo eficaz que logre quitarle todo el patrimonio a los corruptos, para efectos de reparar el daño que le causaron a la sociedad.

La corrupción se combate llegando a la raíz de la misma y no presentando propuestas claramente populistas como es la reducción del salario de los altos funcionarios del Estado. ¿Qué tiene que ver el sueldo en ese debate? ¿Acaso un corrupto dejará de serlo porque le rebajen su mesada?

Es evidente que Claudia Nayibe López utilizó esa consulta para promover su nombre de cara a las elecciones del año entrante. Ella está en todo el derecho de aspirar, pero no a costa de los colombianos que tuvieron que pagar la astronómica suma de $300 mil millones de pesos para llevar a cabo una consulta que, hay que decirlo con todas sus letras, se hundió por falta de votos.

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 28 de 2018