Cada día se hace más evidente que la supuesta prueba reina contra el presidente Uribe -las 22 mil llamadas que le fueron interceptadas entre el 7 de marzo y el 9 de abril de 2018- es totalmente ilegal. 

El ahora exmagistrado José Luis Barceló alegó que la chuzada a Uribe se había producido “por error”, puesto que el tribunal estaba investigando al parlamentario chocoano Nilton Córdoba Manyoma por un caso de enriquecimiento ilícito, pero que los contenidos de las comunicaciones del exmandatario obligaban a iniciar una investigación en su contra, por un supuesto soborno de testigos. 

Lo que la corte suprema nunca ha podido aclarar y jamás podrá hacer, es porqué el número de teléfono del doctor Uribe Vélez terminó enredado en el expediente de Córdoba Manyoma, quien ha dicho que fue notificado de la investigación en su contra en junio de 2018, es decir 3 meses después de que se realizara la chuzada contra el exmandatario. 

Es evidente entonces la operación criminal que se diseñó y se puso en marcha desde la más alta corte de Colombia, contra Álvaro Uribe Vélez. No es un asunto de menor cuantía el hecho de que en aquel momento él era el jefe de la oposición política en el país. 

Mientras estuvo chuzado, fue elegido como senador de la República con la votación más alta de la historia. Igualmente, se consolidó como el mentor e impulsor del candidato presidencial de la oposición, pues las fechas durante las que su teléfono estuvo interceptado, coinciden con el arranque de la campaña para la primera vuelta presidencial. Además de un delito de interceptación ilegal, Uribe fue víctima de un atroz espionaje con fines políticos.

El caso del expresidente tiene un parecido escalofriante con uno que fue recientemente develado por la Fiscalía General de la Nación: el de las interceptaciones ilegales que llevaron a cabo los policías Jefferson Tocarruncho y Wadith Velásquez, delincuentes que hoy se encuentran privados de la libertad. 

En el marco de una investigación contra Ñeñe Hernández por el asesinato del hijo del sastre barranquillero Carlos Rodríguez, la fiscal Jenny Ladino ordenó la interceptación del teléfono de ese individuo. 

Tocarruncho y Velásquez, de manera ilegal -y a espaldas de  la fiscal Ladino- incluyeron los números de 5 policías que no tenían relación ninguna con el caso. Uno de los analistas inmediatamente reportó a sus superiores que los teléfonos incluidos pertenecían a personas que no estaban relacionadas con los asuntos materia de investigación. Sin embargo se impartió la orden de continuar con las escuchas. 

Con el presidente Uribe sucedió exactamente lo mismo. El analista, un sujeto llamado Óscar Álvarez alega que cuando se dio cuenta de que estaba oyendo al presidente Uribe y no al congresista Nilton Córdoba, le informó “verbalmente” a la gerente del caso, la funcionaria Clara López y al cuestionado magistrado auxiliar Iván Cortés.

Según Álvarez, él les notificó a sus superiores que “estábamos oyendo a A y no a B”. No obstante, la operación criminal continuó en marcha.

Ninguna similitud hay entre el timbre de voz de parlamentario Nilton Córdoba con el de Álvaro Uribe, lo que entierra la tesis peregrina de Barceló en el sentido de que fue una equivocación que fue “subsanada” al cabo de 31 días. 

Ver a Nilton Córdoba:

Otro elemento que evidencia el plan criminal de Barceló y sus subalternos es la certificación que estaba en poder de la Corte Suprema, donde quedaba claro cuál era el número del presidente Álvaro Uribe. 

Se trata de un oficio enviado por el operador celular Telefónica el 17 de noviembre de 2017 -cerca de cuatro meses antes de que empezara la chuzada– a la fiscalía, carta que le fue remitida directamente al magistrado Barceló.   

Álvaro Uribe está siendo víctima de un entrampamiento de una corte suprema perfectamente politizada. Un proceso en el que él fue el denunciante, desembocó en la instrucción de interceptar ilegalmente sus comunicaciones, orden que fue dada por nadie menos que por un magistrado de la sala penal del máximo tribunal del país. 

Luego, se presentó un giro de 180 grados y Uribe dejó de ser víctima y se convirtió en victimario; después fue llamado a indagatoria y ahora está privado de la libertad. 

El tinglado fue erigido sobre 22 mil interceptaciones telefónicas realizadas de manera ilegal, conversaciones que, por demás, no revelan ningún comportamiento ilegal por parte del doctor Uribe Vélez.  

No deja de ser dramático que la misma corte suprema que en su momento invalidó el computador del terrorista de las Farc Raúl Reyes como prueba judicial alegando que no fue obtenido de manera legal -violando la cadena de custodia-, sea el mismo tribunal que haya fabricado un proceso penal espurio, canalla y temerario contra el expresidente Uribe con fundamento en unas chuzadas ilegales. 

En conclusión, este no es un caso judicial, sino un nauseabundo secuestro político.  

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 12 de 2020