Uno de los grandes problemas de la justicia colombiana es, precisamente, el de la corrupción y politización de la rama que en teoría tiene el deber de garantizar una seria y ponderada aplicación de las leyes. 

Hace un par de años, el país se escandalizó cuando se conocieron los detalles del entramado corrupto al que en su momento se le dio la denominación de ‘cartel de la toga’. Un grupo de magistrados y abogados, vendiendo, cual mercaderes, decisiones judiciales por miles de millones de pesos. 

La banda era liderada por nadie menos que el presidente de la corte suprema, el ahora prófugo Leonidas Bustos. 

¿Cómo exigirle a la sociedad que confíe y respete a una rama del poder, cuando el presidente de la misma es puesto en evidencia por sus cómplices? 

Para desgracia de nuestra nación, el caso de Bustos no es el único, ni fue el último. A nivel regional, los casos de corrupción pululan.

Desde hace más de dos años y medio, LOS IRREVERENTES publicaron las primeras pruebas que confirmarían el comportamiento oscuro de un polémico fiscal barranquillero, el señor Rafael Orozco Pertuz, quien ocupaba el cargo de fiscal 56 de la capital del Atlántico.

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Este portal, reveló el listado de propiedades adquiridas por Orozco Pertuz con posterioridad al favorecimiento descarado y evidentemente ilegal del cuestionado Carlos Jaller, señalado de múltiples actuaciones al margen de la ley.

En días pasados, la fiscalía, por instrucciones directas del fiscal general Francisco Barbosa, lideró una operación que resultó en el desmantelamiento de una parte muy importante del que ahora se conoce como ‘el cartel de la toga barranquillero. En la batida, desarrollada en las ciudades de Barranquilla y Santa Marta de forma simultánea, fueron capturados el fiscal Orozco Pertuz y dos jueces penales: Alberto Oyaga Machado y Rafael de Jesús Uribe Henriquez. 

Fuentes de la fiscalía le aseguraron a LOS IRREVERENTES que la investigación en contra de esos tres operadores judiciales empezó a surtirse hace más de un año y medio, periodo en el que fueron recaudadas pruebas suficientes para solicitar su captura y posterior imputación por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.

Estas son las primeras capturas, pero está confirmado que hay otras personas en la mira de la justicia, específicamente un grupo de abogados todos ellos allegados al cuestionado Carlos Jaller quien es señalado de ser el cerebro detrás de esa operación criminal.

El caso está relacionado con el litigio que enfrenta a la familia Acosta con el señor Jaller, por el control de la universidad Metropolitana y el hospital Metropolitano.

El pleito se desató luego de que la familia Acosta resolviera remover a Jaller de la rectoría de la universidad, luego de que se conociera un informe del revisor fiscal en el que se confirmó la desaparición de más de $30 mil millones de pesos de las arcas del claustro académico. 

A través de maniobras judiciales, Jaller lleva más de 4 años intentando recuperar la rectoría. Los jueces y el fiscal capturados, estuvieron al servicio de esa causa, razón por la que los investigadores del caso no dudan en afirmar que el entramado ilegal tiene un cerebro inocultable: Carlos Jaller Raad. 

Lo cierto es que, a menos de 24 horas del comienzo de la denominada vacancia judicial, la fiscalía general le dio un durísimo golpe a la corrupción judicial con lo que empieza el desmonte del nefasto ‘cartel de la toga barranquillero’. En enero, vendrán nuevas capturas.

@IrreverentesCol

Publicado: diciembre 18 de 2020