Santos ha implementado las cadenas al estilo chavista para invadir los hogares de los colombianos. En la más reciente, se refirió al papel de los posesionados magistrados de la cuestionada jurisdicción especial de paz.

Con la desfachatez propia de los jugadores, sin que se le moviera un pelo, le aseguró a los colombianos que “no hay amnistía para los delitos de lesa humanidad en la justicia especial para la paz”. Pero a renglón seguido, posando de humanista, descalificó a la justicia ordinaria, a la que calificó de ser un mecanismo “revancha y retaliación que ponía en práctica la vieja ley del Talión del ‘ojo por ojo y diente por diente’”.

Aquello significa, en la práctica, que los perpetradores de los peores crímenes contra la humanidad, serán sancionados con condenas simbólicas que ahora llaman pomposamente “justicia restaurativa”. Así, las víctimas supérstites de las Farc, tendrán que resignarse a ver a sus victimarios recibiendo castigos irrisorios que en nada se compadecen con la gravedad de los delitos que éstos cometieron.

  • Sobre la posesión de los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, lo invitamos a leer Llegó la JEP-EP.

Los estándares internacionales a los que Colombia debe ceñirse, exigen castigos efectivos por ciertos delitos. Dichos estándares, incorporados fundamentalmente a través del denominado estatuto de Roma, fueron establecidos para acabar las amnistías e indultos plenos, tales como los que se concedieron en Colombia durante los procesos de paz de los años 90.

Cuando Colombia tuvo la posibilidad de adelantar la desmovilización de las distintas estructuras que integraban a las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia, se enfrentó al debate sobre la justicia. Como era de suponer, los miembros de esa organización esperaban ser beneficiados con una amnistía, posibilidad que estaba totalmente descartada, mientras que sus víctimas reclamaban, con toda justicia, largas penas de prisión.

Así, era necesario establecer un equilibrio que se vio materializado en la ley 975 conocida como Justicia y Paz, norma que contempló penas efectivas privativas de la libertad de 8 años y, lo más importante, impide que los desmovilizados que hayan cometido delitos atroces, puedan ser elegidos u ocupar cargos de libre nombramiento y remoción.

Con cárcel efectiva y no elegibilidad, se halló un punto inédito en el mundo en materia legislativa para darle sustento a un proceso de paz.

Santos, con las Farc, protagonizó un peligroso retroceso. Al margen de las arandelas y de la incomprensible nomenclatura que fue utilizada en el acuerdo con esa guerrilla, lo cierto es que los cabecillas de esa banda no irán a la cárcel y el “castigo” será el de tener una importante cantidad de curules gratuitas en el congreso de la República.

Acá no se trata de ejercer venganza, sino sentar un precedente. Gracias al acuerdo que Santos le regaló a Timochenko, se constituye en la confirmación de que el delito sí paga en Colombia. Resulta inaceptable que los secuestradores, asesinos, violadores, reclutadores de menores y desplazadores, vayan a ser objeto de sentencias irrisorias que a todas luces resultan inaceptables.

Para nadie es un secreto entonces, que el gobierno nacional, de facto, le ha concedido una vulgar y desafiante amnistía a los genocidas de las Farc.

@IrreverentesCol

Publicado: enero 17 de 2018