La Constitución de 1991 estableció un procedimiento muy particular para la elección del Fiscal General de la Nación, el segundo cargo de mayor poder en el País después del Presidente de la República, el cual consiste en que el primer mandatario escoge una terna de candidatos que son presentados a la Corte Suprema de Justicia, entidad que debe seleccionar al ganador.

Por supuesto que este procedimiento tiene sus inconvenientes, en especial porque le otorga unas facultades electorales notablemente poderosas a la Corte Suprema que terminan no solamente politizando la elección del candidato, sino, además, creando el escenario perfecto para que se genere una relación quid pro quo entre el nuevo jefe del ente acusador y los togados.

En Estados Unidos, por ejemplo, el Fiscal es designado directamente por el Presidente, como si fuera un Ministro más del gabinete. Este modelo, sin embargo, genera el escenario para que existan Fiscales de bolsillo que no actúen con independencia frente al Gobierno, lo cual trató de evitar la Constitución de 1991 no solamente al involucrar a la Corte Suprema en el proceso de elección, sino al no hacer coincidir el periodo del Fiscal con el del Jefe de Estado.

No obstante, los problemas de legitimidad e independencia que ha tenido la Fiscalía últimamente hacen que el proceso de elección de este cargo vuelva a ser tema de debate. ¿Debe la Corte participar en la elección del Fiscal? ¿Debe el Presidente poder designar directamente al Fiscal? ¿No se debe permitir al Presidente participar en este proceso?

Estas, en definitiva, son las verdaderas preguntas que se deben resolver al momento de abordar el tema de la elección de un nuevo Fiscal General y no lo sucedido esta semana donde la izquierda salió a rasgarse las vestiduras cuando el Presidente derogó el Decreto, hecho por Santos, que creaba una convocatoria pública para esta elección.

Aunque a priori pareciera que una convocatoria para elegir Fiscal sería algo bueno, en la práctica, no fue otra cosa distinta a una absurda pantomima mediática que creó Juan Manuel Santos y que generaba un innecesario desgaste tanto para las cientos de personas que postulaban su nombre para el cargo como para los funcionarios del Gobierno que tenían que llevar a cabo el proceso.

Tan es así que después de analizar cientos de hojas de vida los ternados por Santos fueron tres personas de su círculo más cercano (Néstor Humberto Martínez -ExMinistro de la Presidencia de Santos- Yesid Reyes -ExMinistro de Justicia de Santos- y Mónica Cifuentes -ExAsesora del Alto Comisionado para la Paz de Santos-)

Es decir, con o sin convocatoria los candidatos ya estaban seleccionados. No importaba si en el proceso se habían presentado los penalistas más brillantes del País, pues desde un comienzo el Presidente ya tenía escogidos sus candidatos.

Por eso, a buena hora el Presidente Duque acabó con esa payasada. El Gobierno debe hablarle de frente al País y el primer mandatario debe escoger libremente los candidatos que, a su juicio, considere más idóneos para ocupar el cargo, sin generar falsos ambientes de transparencia que ocultan agendas políticas en románticas frases literarias.

@LuisFerCruz12

Publicado: julio 10 de 2019