En 1992 decidí salir de Cali para irme a Bogotá a estudiar mi pregrado en derecho en la universidad de los Andes. Estudié ilusionado en poder conocer cómo funciona el Estado de derecho y defender la división e independencia de las tres ramas del poder público. Me cautivaba la idea de que en una sociedad existieran derechos y deberes, aunque hoy parezca que como sociedad solo quisiéramos disfrutar de nuestros derechos sin tener muchos deberes que cumplir. Es más, lo que nos molesta es que nos los exijan.

Creía como joven ingenuo aún, que a través de la justicia se podía ayudar a resolver los conflictos entre las partes y mantener en la sociedad cierto orden y equilibrio. Lo que más me gustaba del derecho era que la justicia debía ser el mecanismo para que los que tenían la osadía de transgredir la ley, pagaran las consecuencias de sus actos.

Con el pasar de los años, (la verdad no muchos), dos años después de graduado, me alejé de mi carrera para nunca regresar al ejercicio profesional del Derecho. Sin embargo, si continué con el sueño intacto de trabajar por una Colombia con legalidad, donde se respete el Estado de derecho, la independencia de los poderes, se garanticen los derechos de las personas, se exijan los deberes y se falle en justicia.

A pesar de ello, ese anhelo sufre permanentemente golpes. Hace más de un año conocimos el caso del Cartel de la Toga, que dejó por el suelo la credibilidad de las altas cortes. Esta semana que pasó le propinaron un par de golpes muy fuertes contra los que debemos ponernos de pie y responder unidos como sociedad.

El primero de ellos se dio el pasado viernes, cuando la Justicia Especial para la Paz (JEP) aprobó la segunda instancia para los casos de personas solicitadas en extradición cuando hubiese cometido delitos posteriores a la firma del acuerdo de paz. Asunto que se había definido con absoluta claridad por el Congreso que no podía pasar. Quedó absolutamente claro, perdón, quedó literalmente expresado en los actos legislativos, que el que cometiese un delito posterior al acuerdo, sería juzgado por la justicia ordinaria sin ningún tipo de beneficio, respetando así el principio de no repetición. El fallo de la JEP viola abierta y flagrantemente el Estado derecho y la división de poderes. ¿O ahora ellos van a legislar y en este caso remplazar al constituyente derivado que es el Congreso de la República?

Por otro lado, ¿no es injusto que no todos los colombianos gocen del beneficio de la doble instancia? Preguntémonos: ¿cuantos colombianos presuntamente inocentes no gozan de este beneficio? ¿Por qué un delincuente de lesa humanidad, que ha cometido los peores crímenes tiene este trato especial? Es indignante pensar que mientras algunos colombianos presuntamente inocentes se pudren en una cárcel buscando una segunda mirada a su caso, varios criminales con una carrera delictiva a sus espaldas sí puedan gozar de esta garantía.

Duele ver como en nuestro país tenemos una institucionalidad debilitada, que le otorga generosos beneficios a los peores criminales y les despeja un camino expedito hacia la impunidad.

El segundo golpe si nos envió a todos a la lona y era lo que nos faltaba, la cereza en la punta del pastel. El viernes que acaba de pasar se capturó (enhorabuena), al fiscal Bermeo de la JEP en compañía de varios de sus secuaces, recibiendo un soborno por $500.000 dólares para torpedear la extradición de Jesús Santrich. Un acto vil de corrupción, el cual espero sea sancionado con toda la fuerza de la ley. Este nuevo acto de corrupción prende todas la alarmas y generó importantes interrogantes sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) y sobre sus integrantes.

Este hecho desnuda una vieja pero vigente alianza entre narcotráfico y FARC, donde una vez más los actores al margen de la ley buscan comprar la institucionalidad del Estado para proteger sus miembros criminales y evitar que salga a la luz publica la verdad.

Esta misma corte de carácter transicional, ha estado inmersa en otros escándalos donde siempre hay un elemento en común: el camino hacia la impunidad y el favorecimiento al criminal.

Esta semana se vence el plazo del Presidente Duque para tomar una decisión sobre la ley estatutaria de la JEP. Confiamos en que tomará la determinación correcta en el camino de la recuperación de la majestad de la justicia.

Debemos Pararle-Bolas al ejemplo que como Estado y desde la institucionalidad damos, para así poder enviar de nuevo un mensaje de confianza y legalidad a nuestros ciudadanos. Debemos trazar una hoja de ruta clara para lograr un país donde se cumpla la ley, se garanticen los derechos, se exijan los deberes, se respete la independencia de los poderes públicos y donde el que la hace la paga. Debemos mantener vivo el sueño de millones de colombianos de ver una Colombia con una justicia pronta, eficaz y digna.

@gabrieljvelasco

Publicado: marzo 4 de 2019