Tal y como estaba contemplado en el desaparecido acuerdo de La Habana, la denominada justicia especial de paz era la renunciación del Estado social de derecho. Se establecería, sin límite en el tiempo y en las competencias, una justicia prevalente e inescindible, administrada por jueces extranjeros que operaría con unas normas distintas a los códigos y leyes vigentes, estableciendo procedimientos inquisidores para efectos de castigar judicialmente a todos aquellos que desde la democracia enfrentaron a las Farc.

Esa justicia que pretendían implementar en Colombia, desconocía principios universales como el de la cosa juzgada, el nos bis in ídem –una persona no puede ser investigada o juzgada dos veces por los mismos hechos- o el principio del juez natural.

Como en distintas oportunidades se alertó desde este portal, a través de la justicia especial de paz las Farc pretendían cobrar venganza contra todos aquellos que los hubieran golpeado en el campo de batalla o en la política. Aquello explica porqué Timochenko ha dicho que el capítulo de justicia del acuerdo negado por los colombianos es, según él, intocable.

El problema para la guerrilla es que el acuerdo no existe ni jurídica y ni políticamente y por tal motivo hay que hacer uno nuevo que imponga unos lineamientos tolerables en materia de administración de justicia.

Lo primero es que bajo ninguna circunstancia podrá establecerse una justicia de mayor jerarquía de la existente. Cualquier tribunal o mecanismo que se incorpore para juzgar las conductas criminales de los miembros de las Farc, debe estar circunscrito al sistema judicial de nuestro país. La oposición que lidera el NO ha planteado que la creación de una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia y una sección especial para investigación que dependa de la Fiscalía General de la Nación.

No es aceptable que los responsables de crímenes de lesa humanidad no sean castigados, así sea con penas reducidas, con una privación real y efectiva de la libertad. Las Farc dicen que no irán nunca a una cárcel. Los voceros del NO, para superar esa discusión, han propuesto que las sentencias condenatorias se cumplan en unas colonias agrícolas.

La verdad, monda y lironda, es que las Farc son un cartel del narcotráfico. Son, hoy por hoy, los responsables de más del 70% del tráfico ilegal de estupefacientes a los Estados Unidos, razón por la que sus principales cabecillas están pedidos en extradición por los tribunales de aquel país (Puede leer “Los extraditables de las Farc”).

En el extinto acuerdo de La Habana, el narcotráfico era tratado con una laxitud extrema al considerársele como un delito conexo al delito político de rebelión, interpretación delicada y peligrosa, pues partía de la base de que las Farc son un partido político alzado en armas que se vio obligado a rebelarse contra el Estado colombiano y para efectos de financiar esa insurrección tuvo que recurrir a actividades de la economía ilícita, entre ellas el tráfico de sustancias narcóticas.

Las Farc deben ser obligadas a participar de manera activa en el desmonte del narcotráfico en Colombia y por ello se les debe imponer las siguientes condiciones:

  1. Entregar toda la información de las zonas donde tienen cultivos ilícitos
  2. Entregar todas las rutas que emplean para el tráfico de cocaína
  3. Entregar toda la cadena logística que les permite realizar el tráfico de cocaína
  4. Entregar la información de las personas o empresas que les proveen los precursores químicos con los que fabrican el clorhidrato de cocaína
  5. Entregar toda la información que permita desarticular las redes de lavado de activos que les pertenezca.

Dado que el tema de la justicia es fundamental para sacar adelante cualquier proceso de paz, los voceros del NO que integran al Centro Democrático, han trazado 18 propuestas concretas para el diseño de un mecanismo de justicia distinto al que fue invalidado por los ciudadanos que votaron contra el acuerdo Santos-Timochenko en el plebiscito del 2 de octubre.

Para el CD, resulta fundamental que el sistema de justicia transicional esté circunscrito a la justicia ordinaria; para efectos de darle vida a los fallos de la justicia transicional, deben crearse unas cortes para la paz que dependan del Tribunal Superior de Bogotá; la segunda instancia de las cortes para la paz será la Corte Suprema de Justicia; las cortes para la paz tendrán 4 salas, a saber: sala de amnistía e indultos; sala de reconocimiento de la verdad; sala de control de garantías y sala de juzgamiento.

Igualmente, se propone el establecimiento de unas fiscalías para la paz, dependientes de la Fiscalía General de la Nación y cuya función será la de investigar y acusar a quienes se acojan a la justicia transicional y también la de combatir a las organizaciones armadas ilegales que amenacen la estabilidad del acuerdo de paz.

Queda descartado de tajo que la justicia colombiana sea administrada por jueces extranjeros. En tal virtud, los fiscales y magistrados del sistema de justicia transicional deberán ser colombianos.

Quedará establecido que las cortes de paz podrán investigar a particulares y a miembros de la Fuerza Pública que se presenten ante las mismas de forma voluntaria.

Aquellos guerrilleros que reconozcan su responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad, recibirán penas efectivas de entre 5 y 8 años de prisión. Aquellos que no lo hagan, serán castigados con penas de entre 15 y 20 años, mientras que los cómplices recibirán castigos de entre 10 y 15 años de privación de la libertad.

A diferencia de lo que contenía el acuerdo de La Habana, se respetará el principio de la cosa juzgada y se homologarán condenas para efectos de darle viabilidad al principio de favorabilidad penal en caso de que este proceda.

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@IrreverentesCol