Si hay algo tan doloroso como el fenómeno de violencia que durante tantos años ha golpeado a Colombia es la impunidad. Lo que menos reclama una víctima es justicia y resulta una burla no solo con ellos, sino con el país y la comunidad internacional, encontrar que delitos atroces como es el caso del abuso y la violación de menores de edad en medio del conflicto, se considere que puede ser objeto de consideraciones en el marco de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

No nos digamos mentiras: que en el marco de un proceso de paz haya que ceder entre las dos partes es completamente entendible. Y, por supuesto que, uno entendería que algunas penas sean reducidas. Pero cruzar la línea hacia la impunidad y pretender que delincuentes que cometieron toda suerte de delitos contra mujeres y niños inocentes e indefensos no paguen ni un día de cárcel es, por lo menos, un acto de cobardía.

La única forma de que Colombia sienta que verdaderamente superó una lamentable etapa de su historia que dejó miles de muertos de todos los bandos, pero al fin y al cabo de una misma nacionalidad, es que exista justicia y reparación. De lo contrario, el país no solamente no va a superar este momento, sino que además dejará un precedente para las futuras generaciones que encontrarán en la ilegalidad una oportunidad para arrodillar al Estado luego de una negociación que los beneficie.

Cómo les explica uno a las millones de víctimas, a los jóvenes que estudian para salir adelante, a la comunidad internacional que vio tantos titulares enrojecidos, a los cooperantes que contribuyen a sacar a Colombia adelante, que los secuestradores, los violadores, los que colocaron tantas bombas, los que dejaron a tantas familias sumergidas en una tragedia por 60 años, o al menos sus líderes, despachan desde el Congreso de la República con toda impunidad y sin el más mínimo sentimiento de arrepentimiento.

Por supuesto que, ante la reciente coyuntura, en la que uno de los líderes de esa organización terrorista, desmovilizado en medio de todos los privilegios brindados por el proceso de paz persiste en la ilegalidad, no queda más que indignarse y elevar la voz. No puede deslegitimarse la voluntad de paz del pueblo colombiano, que reclama una mínima gota de justicia, con fallos y decisiones arbitrarias a favor de los delincuentes. Se diluye el interés superior de superar este momento tan difícil para el país, se polariza la sociedad y queda la institucionalidad sumergida en un choque de trenes sin precedentes.

Valientes los que hacen respetar la institucionalidad, la legalidad y la voluntad de paz de los colombianos pero con justicia. La paz no es maquiavélica ni subjetiva. La paz corresponde al acuerdo entre las partes, transparente y respetuosa con las víctimas. De frente con la historia. Sin fallos rebuscados.

@SimonOsorioJ

Publicado: mayo 23 de 2019