Hace pocos días, la extrema izquierda protagonizó un espectáculo politiquero deleznable, utilizando la muerte de unos menores de 18 años en un bombardeo, para hostigar injustamente al gobierno nacional.

El debate concluyó con la renuncia de Guillermo Botero, al ministerio de Defensa. 

Era evidente que para la izquierda, el tema de los niños los tenía sin cuidado. Estaban valiéndose de ese caso, para hacer política ruin y canalla.

El Centro Democrático, legítimamente preocupado por la impunidad de los delitos que los terroristas han cometido contra los niños, se opuso fervientemente a la impunidad contemplada en el proceso Santos-Farc. 

Resultaba inaceptable que el reclutamiento de menores y la esclavización sexual de los mismos, fuera beneficiaria de alivios jurídicos. Era indignante y, en buena medida, esa fue una de las principales razones por las que la mayoría ciudadana votó por el NO en el plebiscito de 2016.

Pero Santos, con el apoyo de sus mayorías sobornadas del Congreso y la complicidad de la Corte Constitucional, se robó el resultado que arrojaron las urnas. 

En aras de que en los futuros proceso con grupos ilegales, la violencia sexual contra menores no pueda ser receptora de beneficios jurídicos, la bancada del CD, con el respaldo irrestricto del presidente Iván Duque, presentó un proyecto muy importante, con el que impide la aplicación de modelos de justicia transicional a los integrantes de bandas terroristas que negocien su desmovilización con el Estado, concretamente en lo relacionado con crímenes contra los niños reclutados forzosamente. 

La alianza de la extrema izquierda con las bandas criminales, es nauseabunda. Personajes como Gustavo Petro, Iván Cepeda, el libretista promotor de la pornomiseria Gustavo Bolívar y, por supuesto, el primer beneficiario de la corrupción santista, Roy Barreras, se emplearon a fondo para hundir el proyecto del uribismo.

Entonces, ¿dónde queda la supuesta preocupación por la vida e integridad de los niños? Esos sujetos, dejaron en evidencia que su compromiso no es con los menores, ni mucho menos con la sociedad colombiana. No. Esos individuos están casados con la impunidad. 

Gracias a su indolencia, todos los niños que el ELN, las denominadas disidencias de las Farc y las Bacrimviolen, esclavicen, embaracen y obliguen a abortar, tendrán que ver cómo sus victimarios quedan impunes. 

En medio del debate, la JEP -tribunal hecho a la medida de las necesidades de los narcoterroristas de las Farc- emitió un trino diciendo que “la JEP informa que sigue adelante con el caso 07 sobre reclutamiento y violencia sexual contra niñas y niños en el conflicto armado. La JEP recuerda que ni el reclutamiento ni la violencia sexual son crímenes amnistiables o indultables en la Jurisdicción”. 

Lo que no dice el tribunal al servicio de las Farc es que las penas que impondrá -si es que algún día aquello sucede-, son puramente simbólicas. Mientras avanza la supuesta investigación que adelanta la JEP, los violadores de menores, muy orondos ocupan inmerecidas curules en el Congreso, como es el caso del narcotraficante Carlos Antonio Lozada, alias Tornillo, criminal que ha tenido el cinismo de presentar tutelas contra periodistas que lo han señalado por violar a menores de edad, alegando que esas denuncias periodísticas, atentan contra su “buen nombre” (¡!).

Produce infinito dolor, confirmar que la izquierda siga al servicio de los criminales y preocupa que ese sector político, no se conduela con la tragedia que padecen miles de niños esclavizados y abusados por los miembros de las estructuras terroristas.  

@IrreverentesCol

Publicado: noviembre 20 de 2019