Estamos próximos a iniciar en el congreso uno de los debates más importantes sobre distribución del ingreso a través de Transferencias Monetarias, en este escenario aparecen dos iniciativas que los colombianos han conocido como Ingreso Solidario y Renta Básica. La fórmula es sencilla, buscar la mejor alternativa, capaz de atender el mayor número de hogares colombianos con un componente focalizado que se denomina Registro Social de Hogares que se originó en el decreto 812 de 2020.

El Programa Ingreso Solidario por su parte, nació con el decreto 518 del 04 de abril de 2020, 18 días después de haber sido decretado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, cinco meses después llegó a 3 millones de hogares con una velocidad de transferencia muy por encima de la de otros programas sociales a lograr una maratónica cobertura sobre la población objetivo.

Adicionalmente en este gobierno se pasó de 4.557.934 hogares a 7.857.934 hogares con transferencias sociales, es decir pasamos del 38% al 89% de cobertura, dentro de los cuales se caracteriza el impulso que dio el Programa Ingreso Solidario, con un efecto positivo en el 98% de los hogares colombianos más vulnerables del país, pruebas suficientes para fortalecer este programa y volverlo permanente, ya el 20 de julio el Presidente de la República extendió su duración hasta junio 30 del año 2021.

No obstante de lo anterior, han surgido posiciones diferentes frente a los efectos de cobertura por número de hogares, por ejemplo, la propuesta de Renta Básica, busca un nivel de atención para 9 millones de hogares a través del giro de un salario mínimo mensual por cinco meses, de los cuales, los tres primeros giros equivalen al 100% del salario mínimo y los meses cuarto y quinto al 50% del mismo. Aunque la medida sigue un objeto noble, también puede presentar algunas inconsistencias con la sostenibilidad del gasto en ese periodo al tiempo que modifica el decreto que originó el Programa de Ingreso Solidario en la totalidad de su estructura.

El debate que se aproxima en el congreso tiene que ver precisamente con estas dos medidas; la primera que ya ha logrado avances significativos y la Renta Básica que busca reemplazarlo. El impacto de la política pública ha sido muy favorable, permitiendo una redistribución del ingreso que permite amortiguar el choque sobre los ingresos ocasionados por la pandemia, sin embargo al referirnos al grado de aceptación entre uno y otro, los criterios se encuentran en posiciones diferentes.

El punto es, que el debate que se da en el público difiere mucho de la realidad de los programas planteados, y en esto quiero ser enfático, no debe un programa social convertirse en objeto de interpretaciones sobrevaloradas sin antes medir su impacto, es decir el costo que implica su aplicación, la disponibilidad de recursos y la capacidad de honrar el compromiso a través del tiempo, sumado por supuesto a la identificación de hogares beneficiarios; por ejemplo el cruce de datos entre las bases del Sisben III y IV y el puntaje promedio de elegibilidad.  Todo cuanto se diga y se refiera a gasto sin medir recursos difiere de la realidad del compromiso pactado.

En este orden de ideas, efectivamente en Colombia ya existe la Renta Básica, se originó hace poco más de 5 meses y se denominó Ingreso Solidario, no es precisamente la asignación de un salario mínimo por un tiempo estimado, pero si se trata de un giro directo mensual por 15 meses, capaz de quedarse por más tiempo si su impacto permite ampliar el número de beneficiarios y el crecimiento gradual del monto girado. Lo cual sería una respuesta muy positiva para  mejorar el bienestar de los hogares más vulnerables.

Siendo claros, se desdibujo el efecto de un programa social atendiendo a interpretaciones que atizaron el fuego sobre el monto girado, pareciera que habláramos únicamente en términos contables y no en efectos positivos de las medidas tomadas, es decir, preferimos poner todos los huevos en la misma canasta o gastarnos todo hoy sin importar lo que llegue mañana. En ese sentido es que los efectos de una política pública jamás se deben medir con un ojo cerrado y otro abierto.

Así las cosas, el próximo debate sobre el Ingreso Solidario y la Renta Básica hay que enriquecerlo con cifras, pero sobre todo con el impacto que genera a mediano y largo plazo sobre el bienestar de la población, podemos incluso acudir al Objetivo N° 1 de los ODS para comprender el efecto de los programas sociales sobre la reducción de la pobreza, y podemos comparar tales efectos a nivel latinoamericano, incluso llegar a acuerdos que fortalezcan lo que hoy ya viene funcionando pero no, cambiar, desconociendo el fundamento del ingreso solidario. A buenos entendedores pocas palabras y mejores acciones más compromiso.

@CIROARAMIREZ

Publicado: septiembre 25 de 2020