En el más reciente informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, elaborado por el cuestionado Alberto Brunori, representante de la ONU en Colombia, se refieren a los secuestrados en manos del Eln como “rehenes”.

El documento de 17 páginas, que fue presentado en el marco del 40º periodo de sesiones del consejo de derechos humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, hace una descripción sobre la situación de los “derechos humanos en Colombia en 2018, con respecto a la democracia, la seguridad, el desarrollo, la participación cívica y la paz, y destaca algunas de las actividades realizadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el país”.

Hace más de un año, las Naciones Unidas designaron al señor Alberto Brunori como representante en nuestro país de la alta comisionada para los Derechos Humanos. Brunori, un funcionario de origen italiano, vivió más de 6 años en Guatemala, país en el que tuvo muchísimos roces con las autoridades locales, precisamente por sus sistemáticas intromisiones en los asuntos internos del Estado. 

En el numeral quinto del informe preparado por el señor Brunori, se leen dos afirmaciones que resultan inaceptables para el gobierno colombiano. El texto literalmente dice que “El ACNUDH [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos] hace un llamado al Gobierno y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que respeten el derecho internacional humanitario, e insta al ELN a que se abstenga de tomar rehenes, práctica prohibida por el derecho internacional humanitario…”.

El término “rehén” ha sido fruto de grandes deliberaciones a lo largo de los últimos 40 años, pues se implementó para efectos de incluirlo en la convención que sobre esa materia redactaron las Naciones Unidas, pensando siempre en buscar un consenso multilateral.

Al final, en el texto definitivo de la convención en cuestión, se resolvió excluir determinas “tomas de rehenes”, particularmente cuando éstas se dan en el marco de “conflictos armados”.

En el artículo 12 se lee que la convención “no se aplicará a un acto de toma de rehenes cometido durante conflictos armados tal como están definidos en los Convenios de Ginebra…”.

Para la ONU, Colombia vive un conflicto armado interno. En el informe preparado por Brunori, en más de 20 ocasiones se hace referencia directa al conflicto. En aquel contexto, referirse a los secuestrados del Eln como simples “rehenes”, debe ser entendido como un intento directo y deliberado por bajarle el perfil a ese crimen.  

Lo cierto es que, como bien lo dijo hace pocas semanas ante la sede de la ONU en Ginebra el consejero de Derechos Humanos del presidente Duque, Francisco Barbosa, Colombia no reconoce que haya conflicto con el Eln, banda mafiosa dedicaba al terrorismo, reclutamiento de menores, extorsión, asesinato y, por supuesto, el secuestro.

Lo que el país en general y las victimas en particular están esperando de las Naciones Unidas es una actitud férrea contra los secuestradores y no tratamientos semánticos y teóricos benignos. La banda terrorista Eln tiene a cientos de personas secuestradas y el deber de todos, empezando por la oficina de los derechos humanos de la ONU es el de exigir, sin contemplación ni consideración ninguna, la liberación inmediata de quienes padecen aquel flagelo. 

Pero como si aquello no fuera suficiente, el señor Brunori en su documento, volvió a ceder ante la tentación de inmiscuirse en los asuntos de la política interna colombiana, llegando al extremo inaudito e inaceptable de “convocar a las partes [Gobierno nacional y Eln] a acordar un cese al fuego bilateral”.

Resulta agresivo que Brunori insista en tratar a la banda terrorista Eln como una contraparte legítima del Estado colombiano. Ese grupo, que es considerado terrorista por la Unión Europea y los Estados Unidos, tiene la obligación de cesar unilateralmente todas las acciones violentas contra el Estado, la población civil, los miembros de la Fuerza Pública y la infraestructura. Conduele que el informe de Brunori no tenga una sentencia directa contra el Eln y que simplemente se haya limitado a enunciar -como si de una simple estadística se tratara- que “en 2018, el ACNUDH [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos] recibió información que indicaría una persistencia del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales (ELN y EPL)…”. 

La presencia de funcionarios de las Naciones Unidas en el país nunca sobra. Todo lo contrario: su visión de la realidad nacional ayuda enormemente al enriquecimiento del análisis para la posterior toma de decisiones políticas. Pero lo que no es aceptable desde ninguna perspectiva es que los delegados asentados en nuestro territorio intervengan abusiva en los asuntos internos del país y, como es el caso del señor Alberto Burnori, se busque matizar los crímenes atroces del Eln, al presentarla ante el mundo como una estructura que tiene “rehenes” en vez de secuestrados. 

@IrreverentesCol

Publicado: marzo 22 de 2019