Los que deberían estar en huelga de hambre, reclamando justicia, son las víctimas del genocida de las Farc, Jesús Sántrich.
Tal y como se advirtió desde el primer momento, los delincuentes de las Farc harían hasta lo imposible por torcer los hechos históricos para convertirse, en un santiamén, en víctimas de la sociedad colombiana.
Gracias a la laxitud del gobierno Santos, los cabecillas de esa banda criminal se han dedicado a ofender a la sociedad negando sus crímenes y revictimizando a quienes padecieron sus acciones violentas, a través de mensajes mentirosos.
Desde hace algunos días, el jefe terrorista, alias Jesús Sántrich, ha venido promocionando en las redes sociales y algunos medios de comunicación una supuesta huelga de hambre para, en palabras suyas, presionar la excarcelación masiva de cientos de integrantes de las Farc que, al margen de la gravedad de sus delitos, deben ser puestos en libertad, “en cumplimiento del acuerdo final”.
Según Sántrich, en 19 cárceles del país “hay prisioneros políticos reclamando su libertad”. ¿Acaso en Colombia, como en Venezuela y Cuba hay prisioneros políticos? ¿Actos de barbarie y crímenes de lesa humanidad son delitos políticos? En un Estado normal, por supuesto que no. Criminales como Alexander Farfán Suárez, alias Gafas quien fuera el secuestrador de decenas de civiles y miembros de la Fuerza Pública que estuvieron durante largos años encadenados en los campamentos de las Farc, es un delincuente común.
Bajo ningún escenario, a la luz del derecho penal o del derecho internacional, el secuestro es un crimen político. De hecho, es un delito de lesa humanidad y, como tal, es imprescriptible y al que no puede aplicársele ningún tipo de amnistía o indulto.
Gafas, por cuenta del absurdo acuerdo Santos-Timochenko, fue liberado en días pasados por orden del juzgado 13 de ejecución de penas de Bogotá, despacho que le concedió amnistía por los delitos de rebelión y concierto para delinquir agravado.
Han pasado más de 6 meses de la suscripción del acuerdo entre Santos y las Farc, sin que la totalidad de los menores reclutados por esa banda delincuencial hayan sido desincorporados. De acuerdo con las cifras proveídas, tanto de organismos oficiales como de organizaciones humanitarias internacionales, esa estructura delincuencial tiene en su poder a más de 2 mil menores. Hasta la fecha no han sido más de 30 los niños devueltos a la libertad, sin que se sepa cuál fue la suerte de los demás.
Abundan las sospechas sobre el destino de los menores. Las Farc saben que sin menores que brinden testimonio sobre los vejámenes a los que fueron sometidos, será muy difícil adelantar un proceso en los tribunales internacionales en su contra. ¿Aplicaron la tesis criminal de Stalin, quien sostenía que matando a la persona, se mataba el problema?
Es inaceptable que el Estado haya quedado postrado ante las Farc. Totalmente incapaz de hacer respetar los derechos de las víctimas, abriendo las celdas de los perores terroristas, cuando no hay siquiera claridad sobre la entrada en vigor de la denominada jurisdicción especial de paz que supuestamente avocará la investigación de los “casos que no pueden ser cobijados por la amnistía”.
Así, las calles de Colombia estarán llenas de peligrosos terroristas, expertos en fabricar y detonar bombas, en secuestradores desalmados que no tuvieron ningún reparo en encadenar a personas inermes durante largos años en medio de la inclemente manigua colombiana y en reclutar a miles de niños, para someterlos a los peores horrores, empezando por esclavizarlos sexualmente.
Los que deberían estar en huelga de hambre, reclamando justicia, reclamando reparación y reclamando verdad, son las víctimas y no el rubicundo jefe de los victimarios, alias Jesús Sántrich, quien por obra y gracia de la debilidad de Santos dejó de ser uno de los delincuentes más buscados de Colombia, para convertirse en un manipulador que ha puesto de rodillas al Estado.
Publicado: julio 2 de 2017