El gobierno de Santos, con su proyecto de legalización de los cultivos ilícitos, pone a Colombia al nivel de Afganistán.

En La Habana, las Farc llevaron de la mano a Santos hasta hacerlo declarar que toda la anterior política antidrogas (de casi cinco décadas) era un fracaso. Luego, la guerrilla complementó el dicho de Santos con la consigna de que esa “lucha era producto de la imposición imperialista”.

En el Acuerdo Final Farc-Santos se pacta “una nueva visión” que impone nuevas políticas sobre drogas que: 1. Desconoce el papel de los Estados Unidos (“basada en la igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros estados”, según dice el Acuerdo). 2. Declara que las Farc no son agentes del narcotráfico y al contrario, son  las socias en la “lucha contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos”, también según el Acuerdo. 3. Anuncia la creación de una “nueva institucionalidad” de sustitución de cultivos de “uso ilícito”. 4. La sustitución deberá ser voluntaria “a partir del compromiso de los cultivadores de abandonar los cultivos ilícitos”. Es decir, por pasiva, el Acuerdo acabó con los programas de fumigación aérea.

Los diálogos secretos de La Habana entre Farc y Santos, comenzaron a finales de 2011. Inmediatamente, el presidente le envió mensaje cifrado a las Farc (los principales protagonistas del negocio narco), a través, nada menos, que en entrevista con The Guardian “Yo discutiría legalizar la marihuana y más que la marihuana… Yo consideraría legalizar la cocaína si hay un consenso mundial porque esta es la droga que más nos ha afectado en Colombia”, dijo. Desde ese momento, Santos puso a todo su gobierno a hablar del “fracaso de la política antidrogas”. Pocos meses después se prohibió la fumigación aérea.

La política antidrogas del predecesor de Santos, Álvaro Uribe Vélez, fue ejemplo mundial de eficiencia y eficacia. El presidente Pastrana reclama la paternidad del programa, y Uribe, cuando habla de sus éxitos, comienza por reconocer que el Plan Colombia nació en el gobierno de su antecesor. Las estadísticas dan la razón a ambos: el récord de hectáreas sembradas de coca fue 162 mil en el 2000. Cuando Uribe se posesionó ya habían caído a 102 mil.

Finalizando el gobierno Uribe, la política antidrogas era lo menos parecido a “un fracaso”. En ese período, las hectáreas sembradas cayeron a 48 mil. ¿Cómo explicar semejante reducción? Hubo seis factores, entre otros-: 1. Fumigación aérea y erradicación manual (sin aprobación, al contrario, con resistencia de las Farc). 2. Plan Familias Guardabosques (subsidio por no sembrar coca y por cuidar el bosque). 3. Interdicción aérea (avión del narcotráfico que no obedeciera la orden de aterrizar, avión derribado). 4. Extinción de dominio y cerco a lavadores de capitales (para secar la liquidez financiera del narcotráfico). 5. Acuerdo de desmovilización de las AUC, colegas y competidores de las Farc en el control del negocio. 6. Plan Agro Ingreso Seguro (alternativas técnicas, carreteras y comercialización a los campesinos).

En 2009, Uribe cabalgaba en la iniciativa y la guerrilla estaba replegada. Obama acordó con el gobierno Uribe complementar el Plan Colombia con un acuerdo militar para combatir con mayor eficacia el narcotráfico y el terrorismo. Se le permitiría a EE.UU. un mayor acceso a siete bases militares, incluyendo la de Palanquero. Iba a ser el golpe de gracia al narcotráfico y a la existencia de las Farc.

El presidente Chávez movilizó a Unasur contra la “agresión imperialista” y puso en guardia a los gobiernos amigos de las Farc. Santos, ya electo y en plan de acercarse a la guerrilla (tal como lo confirmaron en sendos libros Enrique Santos y Henry Acosta Patiño), hizo hasta lo imposible para sabotear la política antidrogas: se reunió con Chávez tres días después de su posesión y le prometió: 1. Desmontar el acuerdo con USA.  2. Entregarle al líder del narcotráfico en Venezuela, Walid Makled, preso en Colombia, quien había ofrecido cooperar con USA para desmantelar el super cartel Farc-Soles. Santos, además, puso en acción su arte de lobista ante la Corte Constitucional para que congelara el acuerdo Obama-Uribe, cosa que hizo su incondicional, el magistrado Jorge Iván Palacio.

No era necesario tener poderes de pitonisa para predecir que semejante cambio de política retrotraería a Colombia a la situación de las décadas del 80 y 90. En efecto, Colombia tiene ahora casi 200 mil hectáreas sembradas, hay un movimiento cocalero que nunca había existido, las Farc incitan a nuevas siembras y a defender las que ya tienen, la policía y el ejercito están estigmatizados como unos “fracasados” (y cuando intervienen, son tratados como “violadores de derechos humanos”). Las toneladas de coca exportadas son muchísimas, el dinero fluye y las Farc hacen ostentación impúdica de su riqueza en eventos como su congreso fundacional del partido o la manifestación de la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Santos y las Farc contaminaron con coca todos los aspectos de la vida nacional, hasta el punto de que comienza a haber preocupación mundial con Colombia. En Estados Unidos suenan clarines de descertificación y Trump, en una carta reciente, sintetizó irónicamente lo que piensan los norteamericanos de la alianza Santos-Farc: “Necesito su ayuda”, le dijo a Santos. Algo que muchos han traducido como ¿usted qué está haciendo?, ¿a dónde quiere llevar a la sociedad americana?

Santos y Farc, a través del mecanismo “fast track”, acaban de presentar un proyecto inaceptable para el mundo: la legalización de hecho de los cultivos. “por medio de la cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores y cultivadoras”, dice el título.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha dado la voz de alarma. “El palo no está para cucharas”, dijo a la cadena W Radio. Martínez anotó que “estamos reblandeciendo la política antidrogas que tanto nos ha costado consolidar en 25 años”.

En diálogo con LOS IRREVERENTES, el senador José Obdulio Gaviria, del CD, dijo que “hay que entender que si se aprueba el proyecto, desaparecerá en la práctica la penalización de cultivos ilícitos en Colombia. Santos nos está condiciendo por la senda de Afganistán, que despenalizó el cultivo de la amapola y hoy es un Estado fallido, inviable. El artículos sexto del proyecto rebaja más del 80% de la pena, sin exigir, siquiera, compromiso del cultivador de no reincidencia”.

Tal como lo aclaro el Fiscal General, con la rebaja penas que negociaron Santos y las Farc, el delito es excarcelable, y por el principio de favorabilidad, se aplicará a quienes ya hayan sido juzgados. Lo peor es que se aplica a los financiadores de los cultivos y a los “cultivadores industriales”, como los llama el fiscal.

El gobierno, a través del Ministro de Justicia, Enrique Gil, intentó desmentir al Fiscal General a través de la misma cadena W Radio. Lo calificó de “crítico feroz”, aseguró que la fiscalía conocía la iniciativa desde hace meses, que no estaba bien asesorado, que se sosegara, que era “aporofóbico” o enemigo de los pobres. ¿Quién quiere meter a la cárcel a 120 mil personas por querer comer?, preguntó el ministro, y dijo que hay que cumplir el acuerdo firmado con los terroristas

El mes de noviembre en Colombia, entonces, será una carrera contra el cronómetro. Santos y las Farc intentarán aprobar la nueva institucionalidad pactada, mientras que el congreso y la opinión pública son cada vez más escépticos sobre la conveniencia de dar semejante salto al vacío.

@IrreverentesCol

Publicado: octubre 31 de 2017