El gobierno de Santos y sus secuaces pretenden centrar el tema del plebiscito sobre el Acuerdo Final con las Farc, si es que se produjere, en un dilema engañoso, el de guerra o paz.

Así lo dijo César Gaviria en declaraciones que recogió El Colombiano el pasado 5 de agosto:”La consecuencia de votar No al acuerdo de paz, la consecuencia es la guerra. No hay manera de que sea diferente” (p. 18).

Da a entender de este modo que la consecuencia de votar Sí será, en cambio, la paz.
Pero las cosas no son tan simples como lo quiere dar a entender el estadista de Dosquebradas. En realidad, el tema es complejo, demasiado complejo.
Su punto de partida es que estamos en guerra con las Farc y se trata de ponerle término mediante un acuerdo surgido de las negociaciones que se adelantan en La Habana.
Es cierto que con esa organización subversiva, así como con el Eln, hay situaciones de conflicto que vienen de bastante tiempo atrás. Pero es osado calificarlas como de guerra civil, según lo dijo con visible ignorancia el presidente Obama hace poco.
La realidad es muy otra: lo que hay es un alzamiento narcoterrorista de grupos que aspiran a instaurar en Colombia un régimen comunista por la fuerza de las armas y sin contar con el apoyo de unas comunidades que los rechazan por la barbarie de sus procederes.
No estamos en el caso de una sociedad violentamente escindida en varios bandos que tratan de imponerse unos sobre otros por medio de las armas, sino de una sociedad amenazada y agredida por exiguas minorías que profesan una ideología totalitaria y liberticida que el pueblo no comparte.
Lo que dice Gaviria, que coincide en ello con las amenazas que ha lanzado Santos, es que si no se aprueba el Acuerdo Final con las Farc, estas seguirán aterrorizando al país. Y a fe que hoy están en mejores condiciones para hacerlo, dado que Santos bajó la guardia al abandonar la exitosa política de seguridad democrática que había impulsado su antecesor Uribe.
Pero, ¿ceder ante la extorsión de las Farc traerá consigo la paz?
Eso no lo pueden garantizar Santos, ni Gaviria, ni nadie.
Por lo que se conoce de lo acordado hasta ahora en La Habana, las Farc probablemente se beneficiarán de de múltiples ventajas, sin que medie garantía  alguna de que cumplirán a cabalidad sus compromisos de desmovilización de efectivos uniformados y entrega de armas con el propósito de integrarse a la vida política en igualdad de condiciones con los demás actores de la misma.
Sus cabecillas han dicho que harán política sin armas, pero ello está por verse, pues no se sabe qué es lo que están dispuestos a entregar y qué es lo que piensan ocultar. La mentira, el engaño, la trampa hacen parte de lo que les autoriza su “moral” revolucionaria.
No hay certeza sobre los frentes que se desmovilizarán y los que permanecerán en acción, supuestamente bajo otras identidades. Se sospecha que muchos de sus efectivos están engrosando las filas del Eln, con el que habría que entrar a negociar después lo que las Farc no han podido obtener por lo pronto en La Habana. Y queda la incógnita de las milicias urbanas, tal como lo ha advertido el Procurador sin que Santos se haya dignado a darle respuesta.
¿Esas milicias serían las encargadas de extender la guerra terrorista a las ciudades, tal como lo advirtió el mismo Santos en tono amenazante?
Si así fuere, ¿por qué su desmovilización y entrega no hacen parte de los acuerdos?
No es cierto, además, que las Farc estén dispuestas a hacer política como los demás que se ocupan de la misma, pues lo acordado hasta ahora les ofrece prebendas y garantías que las pondrán en clara posición de ventaja respecto de los demás grupos políticos.
Fuera de que tendrían televisión y prensa propias, el acuerdo sobre protección de sus integrantes las dotará de de un oscuro aparato multiforme que alguno con buen ojo se ha atrevido a denominar como su propia Gestapo. Tendrán a su servicio, además, una jurisdicción especial de paz sujeta no solo a su influencia, sino a su control. Esa jurisdicción les servirá de ariete contra sus enemigos políticos, incluidos los integrantes de la fuerza pública, y probablemente les garantizará la impunidad por los innumerables crímenes atroces que han cometido.
De hecho, tal como lo ha denunciado reiteradamente José Félix Lafaurie, el Acuerdo Final se enfila hacia la entrega del sector rural a las Farc a través de zonas de reserva campesina que controlarán a través de organizaciones dizque comunitarias dependientes de ellas. Y la persecución contra los empresarios rurales, sean grandes, medianos o pequeños, se dejará venir con todo su rigor, para así llevar a efecto la pesadilla de una Reforma Agraria Integral al estilo cubano o venezolano. En síntesis, la ruina de la economía rural. Cuando se ponga en marcha el despojo de los propietarios rurales vendrán el llanto y el crujir de dientes: será la guerra civil.
Las Farc controlan de hecho las siembras de coca y el tráfico de sus derivados (pasta de coca, cocaína), así como la mayor parte de la minería ilegal. No han querido reconocerlo y el gobierno se hace el de la oreja mocha sobre estos particulares. Pero hay consenso en las esferas internacionales sobre la enorme riqueza que han acumulado y siguen devengando en razón de tan dañinas actividades.
Lo acordado hasta ahora no toca a fondo estos puntos sensibles. Con candorosa ingenuidad, el gobierno dice que ayudarán a convencer a los campesinos para que sustituyan por otros los cultivos de coca. Y les ha ofrecido a las Farc, en abierta transgresión de compromisos internacionales vigentes acerca del combate contra todas las modalidades de narcotráfico, la escandalosa gabela de considerar sus delitos como conexos con los delitos políticos de sedición, rebelión y asonada. Es decir, les está ofreciendo amnistía por delitos que los Convenios de Viena declaran que no son amnistiables.
En rigor, las Farc serían un partido o movimiento político dotado de ingente riqueza con la que no cuentan ni podrían contar sus competidores. Y bien sabido es que la plata pone votos.
Lo acordado hasta ahora prevé la creación de un  fondo multimillonario dizque para atender las necesidades de las áreas más desamparadas por las omisiones de los gobiernos y más afectadas por el conflicto. Se habla de un 4% del PIB, aunque creo que es uno de los temas que están por definirse. De todos modos, ¿quién manejaría esa enorme partida presupuestal? ¿Qué piensan los políticos del Congreso acerca de un competidor que tendría semejante poder financiero?
Hay ventajas adicionales que se les brindarían a las Farc, como la participación en el Banco de la República o en los organismos de Planeación. Y muy probablemente las políticas agropecuaria, minera y ambiental quedarían en su manos.
Es claro entonces que, de aprobarse el Acuerdo Final las Farc se convertirán en actor privilegiado de la política, con ventajas supuestamente blindadas por un exótico Acuerdo Especial incorporado a la Constitución como parte del famoso Bloque de Constitucionalidad.
Como si todo esto fuera poco, las Farc no han hecho profesión de apostasía de sus dogmas marxista-leninistas ni de sus propósitos de imponernos un régimen a la cubana valiéndose de la combinación de todas las formas de lucha.
El Acuerdo Final nos ofrecerá unas Farc revitalizadas, al tiempo que una fuerza pública desmotivada, desmoralizada y debilitada que no tendrá la disposición de luchar por la integridad de las instituciones, Peor aún, quizás puesta al servicio de la protección de los bandidos de las Farc.
En síntesis, no les creo a las Farc y votaré decididamente NO en el plebiscito, si llegare a convocarse.