Con cierto grado de humor, en algunos sectores se plantea que la JEP se guía por una sola ley: la del mercado del dólar. El del fiscal Bermeo -quien seguramente terminará pedido en extradición- no es el primer escándalo de corrupción de esa entidad. Valga recordar que su secretaria general, la cuestionada Martha Lucía Zamora, en días pasados fue llamada a juicio por hechos de corrupción administrativa y favorecimiento a los terroristas que supuestamente están sometidos a esa putrefacta jurisdicción, inventada por Santos, Humberto De La Calle y otros adláteres de la extrema izquierda para favorecer a Timochenkoy a su tropa de malandros. 

En momentos en que el señor presidente de la República tiene en sus manos la ley que establece el reglamento de la JEP y ante la que caben muchas objeciones, surgió el más reciente escándalo del fiscal acompañado de alias El TuertoGil recibiendo un grueso fajo de dólares para ayudar a enredar el proceso de extradición del mafioso Jesús Sántrich.

Más se demoró la fiscalía en finiquitar la captura de los delincuentes que la presidenta de JEP, la socialista Patricia Linares en salir a absolver a los responsables diciendo que ellos no juegan ningún papel en el proceso de extradición de Sántrich. Si la señora Linares está tan segura de que esos bandidos no estaban interfiriendo en el caso del capo de las Farc, entonces su deber es el de contarle al país con qué propósito el fiscal Bermeo, el petrista alias El Tuerto y sus compinches fueron agarrados en flagrancia recibiendo U$500 mil dólares. 

La señora Linares -que más parece abogada de oficio de los corruptos que presidenta de un tribunal- no es la única que ha tratado de desviar la atención de este brutal escándalo. El periodista Juan Esteban Lewin -del portal financiado por George Soros, La Silla Vacía-llegó al extremo inaudito y cándido de plantear que como El TuertoGil fue condenado por parapolítica, y según él ese sujeto es cercano al uribismo, es posible que dicho soborno no fuera para beneficiar a Sántrichsino para perjudicarlo.

Lo primero es recordar que buena parte del movimiento político de Gil respaldó a Petro en la segunda vuelta presidencial del año pasado. Entre ellos hay una larga historia de amistad que empezó cuando ambos militaban en la banda terrorista M-19.

Gil es un verdadero mercenario cuya ideología es el dinero. Se ha paseado por el código penal sin pena alguna. Su nombre aparece vinculado al saqueo de la salud en Santander y en buena parte de los escándalos de corrupción en ese departamento. Pero si alguna cercanía política puede tener Gil, ésta es con Petro y no con el uribismo. 

La JEP es un tribunal de vergüenza. Desde su concepción se sabía que terminaría convertido en un antro de corrupción. Nadie puede tener credibilidad en un mecanismo que fue ideado para asegurar la impunidad de los peores criminales de lesa humanidad del hemisferio occidental. Difícilmente una sociedad puede observar confianza en una jurisdicción en la que los jueces imparten “justicia” con criterio ideológico y sed de venganza contra quienes desde la democracia enfrentaron a los terroristas de las Farc. 

Por el bien de nuestro Estado de derecho, debe convocarse cuanto antes a un gran pacto nacional al que concurran las fuerzas vivas de la nación con el propósito de eliminar a la JEP, identificar un nuevo mecanismo para llevar a los terroristas de las Farc ante la justicia, garantizándole a la sociedad que jamás se repetirán escenas vergonzosas como la que recientemente estremeció al país, de un fiscal de la JEP intentando embutirse un voluminoso atado de dólares en el bolsillo de su saco. 

El congreso de la República, una vez el Ejecutivo objete la ley de la JEP, tiene la obligación moral con el pueblo colombiano, de convocar a toda la sociedad, quizás a través de un referendo, en el que se implemente un mecanismo real y eficaz para juzgar al terrorismo de las Farc. En 2016, la mayoría ciudadana se opuso -en el plebiscito de Santos- a la existencia de la JEP. Es la ciudadanía, esa misma que no quiere impunidad para los autores de los peores crímenes, la que tiene el derecho de escoger el mecanismo idóneo para castigar a los guerrilleros, de forma ejemplarizante. Como lo ha dicho repetidamente el presidente Uribe: la impunidad es caldo de cultivo para el enervamiento de nuevas manifestaciones de violencia. 

Este episodio, deja en claro que las Farc continúan operando como una estructura criminal que con dinero contante y sonante -ese mismo que Juan Manuel Santos no les obligó a entregar para la reparación de las víctimas- proveniente de actividades ilícitas, intentarán manipular y torcer los procesos judiciales que se adelanten en contra suya. 

@IrreverentesCol

Publicado: marzo 4 de 2019