Era yo un crítico de las costumbres políticas imperantes y un inconforme con el sistema político administrativo vigente, al punto que responsabilizaba a los partidos tradicionales, con énfasis en el liberal, en el que militaba mi padre y sus amigos, los dirigentes regionales Wilson Evelio González Luque y Gustavo Zuleta Rodríguez. Me refiero a la provincia de Vélez en Santander. Yo los cuestionaba por el letargo de su alcance dirigencial que se limitaba a avivar las huestes rojas, elección tras elección. Ellos me animaban a hacer liberalismo, hasta cuando apareció un cambio constitucional y legislativo que cambiaría la historia de Colombia. El Acto Legislativo 01 de 1986 y la Ley 12 de 1986, el primero hacía una reforma constitucional con la que se establecía la elección popular de alcaldes y la segunda, un cambio legislativo que entregaba una importante participación del impuesto a las ventas a los municipios, a la par con el otorgamiento de facultades y la entrega de competencias para la ejecución de obras de infraestructura y desarrollo local.

Luego de observar el desarrollo del nuevo marco normativo, de consultar y escuchar sobre sus alcances, nada más ni menos, que a Jaime Casto Castro, a instancias de otro dirigente liberal Alirio Pinzón Sotomonte, este último quien nos convocaba a escuchar la corta y enriquecedora tertulia que brindaba eventualmente, cuando venía a Moniquirá el exministro, en la esquina del edificio Abraham Pinzón, cualquier noche temprana de cualquier sábado, en las que él hablaba y nosotros lo escuchábamos con atención puesto que como jefe de la cartera de gobierno no solo había firmado las dos normas, sino que las había sustentado en el Congreso. Lo admiramos con suma reverencia. Éste nos definía la importancia de participar en la política, en las decisiones de poder local y en los cambios democráticos por efectos de la descentralización administrativa en marcha. Nos impregnaba de serenidad y nos transmitía la ilusión de un país diferente en donde el municipio sería la célula fundamental de la democracia.

Así como nosotros, muchos se embarcaron en la posibilidad de cambiar a Colombia desde los municipios. Pero la ilusión no duro más allá de una década. Después del año 2000 con la expedición de la Ley 617, apareció el fantasma del desmonte de la descentralización y sobrevino un rediseño al Estado.

El conflicto armado, el paramilitarismo y la parapolítica, sirvieron de insumos para justificar la demanda por el desmonte de los poderes regionales y locales, junto con el destape de la corrupción generada por la captura de esos poderes por parte de la ilegalidad. No pocos dirigentes cabalgaron sobre esa causa y con la ayuda de algunos medios de comunicación, se hicieron elegir en el Congreso. Sin embargo, mientras eso sucedía, el Estado central se corrompía, ahondando el hueco fiscal, financiando cuentas en paraísos fiscales que poco a poco y ante la crisis financiera de la hacienda pública han quedado al descubierto.

La simbiosis de la política y la ilegalidad generaron un fenómeno de administración territorial que determinó una modalidad atípica de administración local, con escasas excepciones. La compra de los procesos electorales –dirigentes comprando los votos y ciudadanos vendiendo los votos- en un mercado irracional en donde quien invierte un peso, lo hace sobre la retribución de cuatro y hasta cinco pesos por cada peso invertido, ha desencadenado una ecuación tan perversa, que el gobierno central decidió establecer políticas anticorrupción para frenar las transferencias, hasta llegar a condicionarlas imponiendo sus contratistas y su propia modalidad de corrupción.

Semejante esquema, convirtió al municipio en una empresa inviable y a sus alcaldes en mandatarios invisibles, con un Estado central que tiene instrumentos de control penal, disciplinario y fiscal capaces de adelantar juicos de reproche entrega inmediata, de acuerdo a los intereses políticos de los grupos en pugna y con unos medios de comunicación que hacen el control social de acuerdo a los pronunciamientos de esos organismos de control y de poder central. Y qué decir de los gobiernos departamentales. Les quieren imponer el simple papel de intermediarios y fieles notarios de las decisiones que desde lo central se toman en dirección a los gobiernos locales. Se requiere un rediseño del Estado, sin corrupción y con procesos visibles y transparentes, con ciudadanos que verdaderamente ejerzan su ciudadanía política.

@AlirioMoreno

Publicado: mayo 30 de 2017