¿Gobierno criminal?

¿Gobierno criminal?

Conocido el informe de la revista Semana que da cuenta de una supuesta red de espionaje enquistada en el seno de la inteligencia del Ejército, se ha desatado una suerte de histeria colectiva como consecuencia de la publicación. Desde la semana pasada empezaron a oírse mensajes absurdos reclamando la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. 

En momentos de crisis, corresponde revisar la información disponible con serenidad y cabeza fría. La publicación de Semana reviste alguna gravedad en cuanto se estaría tratando de seguimientos irregulares a periodistas extranjeros, algunos opositores, militares retirados y, lo que es más grave a un exalto funcionario del gobierno del presidente Duque. 

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo le ha dado la cara al país, explicando algunos detalles del caso -por tratarse de una investigación en curso, el grueso de la información aún no se ha conocido- y anunciando contundentes acciones administrativas, como es el retiro inmediato del servicio de 11 oficiales del Ejército.

A través de un video, el ministro rechazó la situación. “Tenemos que ser pulcros, sin tacha, para tener el apoyo de los colombianos, para merecer nuestra legitimidad, ese ha sido siempre el pensamiento del presidente de la República, Iván Duque… Como resultado de las averiguaciones que se han hecho desde finales de 2019 (…) se anunciaron decisiones tales como la salida de 11 oficiales del Ejército, en virtud de una decisión administrativa interna. Las indagaciones disciplinarias y penales deben continuar con todo rigor y prontitud… Nos parece muy grave que se haya hecho un perfilamiento del doctor Jorge Mario Eastman, quien para ese momento se desempeñaba como secretario general de la presidencia; es de extrema gravedad que estas acciones hayan llegado hasta la Casa de Nariño o hasta el mismo despacho del señor Presidente de la República… Como ministro de la Defensa, me comprometo a colaborar para que caiga todo el peso de la ley contra los responsables de esas acciones. No me temblará la mano, como no me ha temblado jamás para tomar las decisiones a que haya lugar”.

No se trata de restarle importancia a ese asunto -que es evidentemente delicado-, pero tampoco de convertir este hecho en una drama de connotaciones históricas. 

El gobierno ha obrado con la contundencia debida, retirando hasta el momento a un importante número de oficiales e impulsando las investigaciones que vienen surtiéndose desde finales del año pasado. 

Como siempre sucede, la extrema izquierda se ha valido de las revelaciones de Semana para obtener ventaja política, promoviendo toda suerte de hipótesis, todas ellas descabelladas. Se ha llegado al extremo inaudito de sugerir una intervención que se traduciría en un desmantelamiento del Ejército.

La institución que es el orgullo de Colombia, no puede ser cuestionada por el comportamiento ilegal de un grupo enquistado en su seno y que, hay que decirlo, continúa siguiendo las instrucciones del excomandante de las FF.MM, general Alberto José Mejía, un sujeto duramente cuestionado por los actos de corrupción en los que incurrió cuando era la cabeza visible de las Fuerzas Militares de nuestro país.

La batahola que está acaeciendo, confirma una situación en extremo grave: la irreconciliable división al interior del Ejército nacional. Es frustrante que en esa institución esté sucediendo lo mismo que en la Policía, en donde una facción -corrupta por demás- continúa siendo fiel al general Óscar Naranjo. 

Además de atender la crisis como ha venido haciendo, el gobierno tiene por delante la colosal tarea de acabar de una vez y para siempre las divisiones internas al interior de la Fuerza Pública, pero sobre todo poner en cintura a ese grupo minoritario de militares que se están prestando para montar, desde el Ejército, una inadmisible oposición política al presidente de la República. Eso, además de ir contravía de las reglas propias de la democracia, es un delito que debe ser sancionado con toda la verticalidad. 

Pero lo que más cuesta entender, es que dos de los articuladores de esa operación gocen de las mieles de la diplomacia. Uno de ellos, el general Mejía como embajador de Colombia en Australia y el otro, el general Jorge Arturo Salgado, quien funge como agregado militar en Chile. La política muchas veces tiene giros imprevistos y el hecho de que esos dos sujetos continúen vinculados al gobierno que quieren debilitar -¿O tumbar?- no es fácil de comprender. 

@IrreverentesCol

Publicado: mayo 3 de 2020

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