Una de las primeras decisiones de fondo adoptadas por el fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, Leonardo Espinosa, es la de revisar el polémico archivo que hace unos meses hizo la fiscalía de la investigación que se adelantó en contra de las cuestionadas exministras de Santos, Gina Parody y Cecilia Álvarez.

Como está ampliamente documentado, las dos exfuncionarias se valieron de su poder para favorecer a la familia Parody, cuya empresa naviera es propietaria de un puerto en el municipio de Gamarra –Cesar-, el cual se vio directamente beneficiado con la construcción de la carretera que une a ese municipio con Ocaña, en el Norte de Santander.

Siendo ministra de Transporte, la señora Cecilia Álvarez –hoy escondida en la ciudad de Nueva York- presionó para que se procediera a la construcción de dicha carretera que desembocaba a pocos metros de la entrada del puerto Andalucía, de propiedad del padre y hermanos de su pareja sentimental, la señora Gina Parody.

Como si aquello fuera poco, Álvarez quien estaba evidentemente impedida para participar en las decisiones que favorecían directamente los intereses económicos de la familia de quien funge como su “esposa”, no tuvo ningún inconveniente en participar en el consejo de ministros en el que se adoptó un Documento Conpes por medio del cual se ordenaba la apropiación de recursos económicos para mejorar la navegabilidad del río Magdalena.

Dicho Documento Conpes -3187- tenía unos beneficiarios específicos: los Parody, quienes tenían listo el puerto, lista la carretera, pero aún no estaba el río en las condiciones necesarias para operar.

Era el negocio perfecto y la muestra de cómo un gobierno se puso al servicio de una poderosa familia para llevar a cabo un aberrante favorecimiento, aprovechando que dos miembros de esa familia –Cecilia Álvarez y Gina Parody- ocupaban importantes cargos del Estado.

Un grupo de destacados miembros de la bancada del Centro Democrático, a finales de enero de 2017 presentó una denuncia en la fiscalía, solicitando que se investigaran los hechos oportunamente denunciados por LOS IRREVERENTES.

Dicha denuncia, que fue suscrita por los senadores José Obdulio Gaviria, Ernesto Macías y Ciro Ramírez, entre otros, buscaba que las entonces poderosas mujeres del santismo fueran debidamente investigadas con el fin de establecer si hubo alguna responsabilidad por parte de ellas en los hechos documentados por este portal.

De manera insólita, la fiscalía resolvió archivar el caso, sin dar mayores explicaciones y sin tener en cuenta el abultado número de evidencias que pesaban en contra de las funcionarias a las que Santos calificó en su momento como “impolutas”.

Con la llegada del nuevo fiscal Ad Hoc, la suerte de Álvarez y Parody parece haber acabado, pues ha trascendido que uno de los asuntos prioritarios del equipo del doctor Leonardo Espinosa es, precisamente, reabrir la investigación contra esas exministras y tener en cuenta la totalidad de las pruebas para decidir si en efecto hay méritos para archivar o, por el contrario, proceder con la respectiva imputación de cargos en contra de esas señoras.

El país necesita que se haga justicia. El entramado de corrupción de Odebrecht es gigantesco y en el mismo participaron funcionarios del más alto nivel del régimen santista, entre quienes se encuentran las supuestas “impolutas” Gina Parody y Cecilia Álvarez.

@IrreverentesCol

Publicado: febrero 6 de 2019