Se ha dicho una y otra vez: los principales damnificados con el acuerdo entre Santos y la banda terrorista de las Farc son, sin lugar a dudas, los militares y policías colombianos. Ellos, junto a los líderes políticos, periodistas y dirigentes empresariales que desde la democracia enfrentaron a la guerrilla, serán víctimas de la acción vengadora de la denominada justicia especial de paz (Puede leer “El tribunal para el desquite”).
Santos engañó a Colombia con ese proceso. Al comienzo dijo que habría justicia para los victimarios y ya se sabe que los peores criminales quedarán impunes, disfrutando de sanciones simbólicas, mientras que los militares serán sometidos a un humillante proceso en el que deberán concurrir al mismo tribunal de las Farc, como si se tratara de fuerzas pares, cuando ellos, los miembros de la Fuerza Pública, estaban enfrentando y conteniendo el accionar de una estructura delincuencial dedicada al terrorismo, al secuestro, reclutamiento forzado de niños y al narcotráfico.
Se advirtió durante la fase de negociación que era necesario concentrar a los miembros de las Farc en determinadas zonas, pero se dijo que estos sitios deberían ser pocos y con presencia permanente de la Fuerza Pública.
El principal objetivo era el de impedir, a toda costa, que aquellos campos de concentración se conviertan en repúblicas independientes.
El pasado 1 de marzo, un grupo de 28 generales retirados de las Fuerzas Militares y de la policía, le remitieron una enérgica carta a Santos en la que le expresan su “inquietud por el interés manifiesto de esta organización [Farc] de crear a toda costa zonas permanentes y no de carácter transitorio en los sitios acordados, para conformar peligrosos asentamientos con grupos no desmovilizados y comunidades afectas, que potencialmente y hacia el futuro inmediato, se constituirán en graves amenazas y factor de perturbación”.
Llama la atención que entre el grupo de generales firmantes de la misiva se encuentre el nombre del excomandante de las Fuerzas Militares, el general Jorge Enrique Mora Rangel quien hizo parte del grupo de negociadores de Santos durante más de 4 años en La Habana.
¿Por qué el general Mora, que tuvo la capacidad de hacerlo, no impuso unas reglas claras sobre la extensión y duración de los campos de ubicación de los terroristas? Es incomprensible que ahora, cuando todo está consumado, el general Mora se sume al grupo de valientes generales que desde hace mucho tiempo han venido expresando sus reparos frente a lo acordado con las Farc.
Otro factor de preocupación de los oficiales en retiro está relacionado con el ejército privado con el que, a través de la unidad nacional de protección, van a quedar los cabecillas desmovilizados de la guerrilla. En palabras de los generales, “por razones obvias de seguridad, y en razón a lo que representa un grupo armado de estas características, se requiere establecer con carácter prioritario estrictos mecanismos de supervisión por parte de la Fuerza Pública, a fin de evitar riesgos futuros que generen intranquilidad ciudadana en cualquier lugar donde se desempeñen en cumplimiento de la tarea para la cual han sido creados”.
Elección de magistrados de la JEP
Los militares y policías no están dispuestos a tragarse el sapo de las personas que fueron designadas para elegir a los magistrados de la denominada justicia especial de paz y por eso aprovecharon esa carta a Santos para “expresar también nuestra gran preocupación por la presencia en la comisión que elegirá a los magistrados de JEP, de algunas personas, particularmente extranjeros, que no ofrecen a nuestras instituciones militares y de policía mayor garantía en cuanto a imparcialidad, respecto a las funciones que les correspondería dentro de esta jurisdicción, teniendo en cuenta su reconocido perfil y posición ideológica que los señalan como activistas destacados de corte muy opuesto al tradicional pensamiento demócrata institucional”.
La preocupación de los generales es absolutamente válida. Santos aceptó que el grupo de electores de magistrados de la JEP esté lleno de comunistas simpatizantes de las Farc que claramente designarán a personas afines a su ideología para que con una mano acaricien a los terroristas y con la otra fustiguen a quienes los combatieron.
Los generales, en su carta, le piden a Santos que establezca un mecanismo “que permita supervisar en forma estricta la selección y nombramiento de los magistrados que conformarán el tribunal y los distintos organismos previstos en la JEP”.
En el cierre, los generales le lanzan un dardo a Santos al exigirle que “lidere un mensaje de reconciliación nacional, contra la inconveniencia de señalar repetitivamente como enemigos de la paz a quienes por distintas circunstancias hacen uso legítimo del derecho de disenso o libertad de expresión, frente a los acuerdos negociados con las Farc y su futura implementación”.
Habrá que esperar la réplica de Santos, un hombre muy poco tolerante a las críticas y quien se vale de mecanismos gansteriles para contestar a quienes se “atreven” a cuestionar sus decisiones. No es absurdo creer que en vez de una carta, o la incorporación de los ajustes demandados por los militares y policías firmantes, la respuesta del presidente se dé a través de acciones judiciales contra algunos de los firmantes de la dura misiva.
Publicado: marzo 6 de 2017