Análisis de David Meza Pretelt
Las Fuerzas Armadas en Colombia atraviesan un momento de gran incertidumbre a causa de los acuerdos entre el gobierno Santos y las Farc que ha causado malestar en las filas.
La defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, son a grandes rasgos las funciones que la Constitución colombiana le ha confiado a sus Fuerzas Militares (FFMM). Pero actualmente el proceso de paz les ha cambiado las reglas del juego; el futuro de muchos de sus miembros es incierto, así como el futuro de las instituciones allí agrupadas, que ven cómo una labor heroica respaldada por una tradición de más de doscientos años, es puesta a disposición de un grupo rebelde entregado al narcotráfico y al terrorismo por un grupo negociador que no las ha hecho respetar.
El discurso que se ha manejado en torno al proceso de paz ha sido engañoso. Colombia no ha sido un país en guerra o conflicto interno en lo que en materia de situación social se refiere. Diferente a una guerra, se trata de un enfrentamiento para imponer la ley y la Constitución a un grupo ilegal cuyas dimensiones y representación no alcanzan siquiera a ser un 0,5% de la población nacional.
El uso de términos como guerra o conflicto interno, son sofismas de distracción para validar muchas de las concesiones al terrorismo que se han venido haciendo durante el proceso para llegar a acuerdos de dejación de armas. Detrás de esto se oculta una realidad innegable que 297 páginas no pudieron tapar: el proceso con las FARC es un golpe mortal para las FFMM.
La seguridad en materia laboral que tenían los miembros de las FFMM anteriormente, durante gobiernos como el de Álvaro Uribe o Rafael Reyes si nos remontamos un poco en la historia, es ahora sólo un recuerdo del pasado. Tan solo durante el año 2016, fueron retirados de las filas cientos de militares por motivos, según muchos de ellos, relacionados con su desacuerdo con el proceso con las FARC y los resultados del mismo. Hacia julio de 2016 fueron retirados 35 altos mandos de la fuerza y se espera que salgan 120 más para finales de año. Muchos de estos denunciaron ante entidades como la Procuraduría, presiones o un complot detrás de su salida porque ellos o miembros de sus familias se han mostrado en contra de las concesiones al narcoterrorismo.
Las acusaciones hechas por los militares marginados injustamente de sus cargos o que vieron truncado su ascenso, han sido desmentidas en algunas ocasiones por un General que si se le ubicara en un tablero de ajedrez sería más bien un peón, como José Alberto Mejía, puesto allí por Juan Manuel Santos como su marioneta tras un planificado remeson en la cúpula militar. Mientras los soldados colombianos a duras penas sobreviven con sus paupérrimos salarios, se tiene planeado en los acuerdos entregar a cambio de nada, un salario muy cercano al mínimo durante varios años y esto posiblemente aún se encuentre dentro de los planes del Gobierno Nacional.
En las filas de las FFMM hay grandes héroes, soldados de mil batallas que han luchado contra la ilegalidad y que hoy en día no entienden cómo se les pretende poner casi al mismo nivel del grupo terrorista en cuestión.
Para solventar las dificultades económicas ocasionadas por el proceso, a raíz de la necesidad de entregar subsidios y salarios regalados a los miembros del grupo guerrillero, se va a causar una afectación radical al bolsillo de los miembros de las Fuerzas Armadas, ya que les serán retiradas primas como la de subsidio familiar, de actividad familiar y de especialista, que les permitían compensar unos salarios que si se comparan con el grado de sacrificio que han mostrado los héroes de la patria a nivel histórico, son tremendamente insuficientes.
Otro elemento en el que el Estado le queda debiendo a las FFMM es el tema de justicia. Mientras que nunca se estructuraron un fuero y una justicia penal militar que correspondieran a las necesidades y particularidades de los miembros de la fuerza, sí se permitió que en la mesa de negociación de La Habana, se pusiera a disposición de miembros o simpatizantes de las FARC la implementación de una Jurisdicción Especial de Paz en la que guerrilleros y personal de las fuerzas armadas, serán juzgados por igual. Olvidando la defensa de la ley y la Constitución que han llevado a cabo las instituciones castrenses a nivel histórico y rebajándolos al mismo nivel que narcoterroristas con un largo prontuario de crímenes de lesa humanidad.
El oportunismo y unas ganas desmedidas de conseguir el premio Nobel a toda costa, entre otras cosas, han sido parte de las razones por las que el proceso es una colcha de retazos expresada en un texto farragoso y de mediocre redacción. Pero el pueblo colombiano mayoritariamente dejó en claro que esos acuerdos no son el verdadero camino para la paz.
Es clave recordar que el conflicto con las FARC no se trata de un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los rebeldes como actores iguales, sino que la fuerza pública está actuando en representación del Estado y defendiendo a la ciudadanía. No se puede perder de vista que el verdadero actor ilegal y enemigo de los colombianos es y siempre ha sido la guerrilla narcoterrorista de las FARC.
Por eso no se puede caer en afanes en lo que a los acuerdos respecta, las fechas límite, las presiones por parte del Gobierno Santos y la urgencia de muchos de sus alfiles, son factores que entorpecen el proceso.
Un consejo irlandés
Jonathan Powell, un político y diplomático británico que participó en el proceso de paz con el IRA (Irish Republican Army), aclara en una publicación sobre elementos clave de los acuerdos de los que fue partícipe, que la paz es un proceso y no un evento. Sin saberlo pero prácticamente condenando el ridículo internacional al que se expuso el país con el evento del 27 de septiembre en Cartagena, en el que se pretendió legitimar a través de firmas en un papel lo que millones de colombianos rechazaron en las urnas días después.
Powell, además recordó que el proceso irlandés tomó diez años y que lo importante, más que llegar rápidamente a la conclusión de los acuerdos, es que haya un proceso en pie. Mientras que aquí, quienes estuvieron a favor del plebiscito y los acuerdos, han considerado que cuatro años han sido una exageración y han utilizado el tiempo que ha tardado el proceso como falaz argumento para acelerar la firma, los colombianos deben recordar que lo más importante es alcanzar unos acuerdos justos y bien hechos, más que la velocidad con que se llegue a ellos.
Entre las recomendaciones hechas por el político inglés hay una en la que evidentemente flaquea el Gobierno Nacional actual y es que debe haber liderazgo político en ambas partes. Según Powell “sin líderes políticos preparados para tomar riesgos no habría paz”. Un diagnóstico fatal para el caso colombiano, ya que a pesar del discutible Nobel de Paz que le fue entregado, el Presidente Santos nunca tuvo, ni tiene ahora una imagen fuerte de liderazgo que genere empatía ni unidad entre la ciudadanía y le permita tomar riesgos. Por el contrario, se ha caracterizado por su bajo nivel de popularidad y desconexión con el ciudadano como indican múltiples sondeos.
Y si en el Presidente de Colombia no encontramos un líder fuerte, en el otro bando mucho menos. Timoleón Jiménez sólo es popular por la animadversión que hay hacia él, o cómo olvidar su fatídica frase sobre el perdón que tanto le piden las víctimas y en general los colombianos: «Cuando uno pide perdón es porque se arrepiente de haber hecho algo, y yo no me arrepiento de haber hecho lo que haya hecho».
Nuestras Fuerzas armadas están a merced del enemigo. Se encuentran censuradas interna y externamente y su panorama es incierto. Incluso hay muchos casos de militares colombianos que han preferido emigrar a prestar sus servicios como mercenarios o participar en ejércitos privados. La inseguridad jurídica, el riesgo y ahora unos acuerdos que en muchos puntos parecen más la rendición del Estado ante las FARC, desestimulan el espíritu patriótico del militar colombiano.
Las fuerzas armadas colombianas se han caracterizado por ser civilistas y respetuosas del Estado en todo momento, han defendido a la ciudadanía de la inclemente amenaza terrorista de las FARC desde sus inicios hace más de medio siglo y ahora necesitan a esa ciudadanía que le dijo NO a la impunidad y la entrega del estado al terrorismo, para que haga respetar a los guardianes de la libertad, la ley y la democracia. Colombia necesita a sus héroes y necesita que haya fe en la causa.
@DMezaPretelt