El artículo 469 del Código Penal regula así la asonada: “Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones, incurrirán en prisión de dieciséis a treinta y seis meses”.  Agrega el artículo 473 que la pena se aumentará en la tercera parte cuando el agente sea servidor público (v.gr. Petro).

Si bien la Constitución garantiza el derecho a la protesta pacífica, queda claro que cuando la  misma se torna tumultuaria y degenera en violencia, deja de ser protegida por el derecho y se torna en asonada.

Nunca ejercí la profesión de abogado en lo penal, pero pienso que el modus operandi de las marchas que han ocurrido en las principales ciudades del país en las últimas semanas sugiere que se acercan a la tipificación del delito de asonada.

Así sus promotores digan que la convocatoria que hacen es a marchar pacíficamente, lo usual es que sean desordenadas, vale decir, tumultuarias, y las acompañen grupos vandálicos que atacan a la fuerza pública y hacen daños considerables a las personas y a las cosas. De suyo, hay violencia cuando impiden el libre tránsito por las vías públicas, así como el acceso a los puestos de trabajo y los centros de prestación de servicios esenciales, como los de salud y otros, todo ello con el propósito de forzar al gobierno a adoptar ciertas políticas. 

Circula la grabación del testimonio de alguien que presenció en Monterrey (México) el lanzamiento del libro de Santos sobre la paz y escuchó que Timochenko, al dar respuesta a una pregunta sobre lo que les recomendaría a los promotores de los paros, dijo que les recomendaría seguir adelante con ellos, porque los propósitos que los han animado están a punto de cumplirse.

¿Cuáles son esos propósitos? 

Petro ha dicho a voz en cuello que se trata de doblegar al Presidente, y el medio que considera expedito para ello es la alteración permanente del orden público, mediante el ejercicio de un supuesto derecho a la resistencia que inventó a poco de perder las elecciones presidenciales. 

¿Es fortuita la presencia de vándalos en las manifestaciones que se han programado? ¿Hace parte, más bien, de un avieso designio subversivo? ¿Tiene que ver con ello la convocatoria que les hizo Petro a los estudiantes para que salieran también a marchar? ¿Están involucrados los congresistas de las Farc en esta posible acción delictiva?

De ser ello así, dichos congresistas perderían los beneficios del NAF, en el que se comprometieron a no seguir delinquiendo.

Si bien contamos con una administración de justicia que les pone el ojo ante todo a los uribistas, sería bueno que alguno se despabilara y le prestara atención a una seguidilla de paros, marchas y desórdenes que obedecen a las claras al designio proclamado por sus promotores de poner en jaque al presidente Duque e incluso derrocarlo, es decir, darle jaque mate.

Lo que está sucediendo no obedece a un movimiento espontáneo de la Colombia profunda, sino a un propósito que quedó delineado en el NAF, cuyo contenido el común de la gente ignora y, como lo denuncia el exfiscal Néstor Humberto Martínez en su reciente libro, se orienta a facilitarles a las Farc o a sus secuaces y conmilitones la toma, tarde o temprano, del poder. 
Se trata de una minoría subversiva que cuenta desafortunadamente con la complicidad de políticos, periodistas, profesores y hasta clérigos, entre otros, que descreen de la democracia liberal y se inclinan por otra que, peor que iliberal, es totalitaria.

El NAF quizás sea irreversible, al menos por medios institucionales, pero es una bomba de tiempo para nuestra identidad democrática. Contiene elementos que la socavan gravemente.

Por eso hay que repetir una y otra vez que Dios nos lleve de su mano. No vamos por buen camino.

Jesús Vallejo Mejía

Publicado: diciembre 12 de 2019