En un extenso escrito de 23 páginas, el fiscal del caso del presidente Uribe, Gabriel Jaimes, rechazó de plano la recusación presentada por el abogado del senador de las Farc, Iván Cepeda.

En el documento, el fiscal concluyó que no se configura ninguna de las causales de impedimento y recusación legalmente establecidas.

Uno de los apartes más relevantes del auto proferido por el fiscal Jaimes es el que despeja dudas respecto de la norma procesal que deberá aplicarse para la investigación en contra del presidente Uribe Vélez. En palabras del funcionario: “Se registran en el escrito [de Cepeda] alusiones a normas de la Ley 600 de 2000, las cuales no serán valoradas por cuanto los hechos jurídicamente relevantes ocurrieron con posterioridad a la promulgación de la Ley 906 de 2004, cuyo procedimiento gobierna en la Fiscalía General de la Nación las diligencias de la referencia contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez”.

Aquello significa que, definitivamente, el proceso que se adelantó contra el exmandatario en la corte suprema deberá comenzar de nuevo gracias a que en la Fiscalía no se puede homologar lo que hizo el cuestionado magistrado Reyes. 

Uno de los argumentos más descabellados presentados por el abogado de Cepeda para sacar del camino a Jaimes, apuntaba a hacer creer que aquel fiscal no obrará con autonomía en la medida en que fue designado para dicha investigación por el fiscal general Barbosa, a quien ‘Don Iván’ señala de tener estrechos vínculos de amistad con el expresidente Uribe, afirmación totalmente falaz. 

Jaimes le recordó al senador quejoso que “la fiscalía cuenta con más de 25 mil servidores liderados por el señor Fiscal General de la Nación, quien debe organizar la mejor manera en que pueda cumplir su fin constitucional”. Así mismo, rechazó los cuestionamientos al decir: “No es posible sostener que el Fiscal General tenga injerencia en las decisiones de sus delegados, la mayoría de ellos en carrera judicial, porque una vez se les asignan, asumen íntegramente la responsabilidad de los casos hasta la etapa procesal que corresponda de acuerdo con la asignación y distribución. Cada funcionario o fiscal delegado es, en consecuencia, plenamente responsable de las decisiones que adopte en el ejercicio de su función”.

El caso Bejarano

Como es sabido, uno de los principales objetivos del fiscal Barbosa es el de avanzar en la investigación por el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. En el expediente por ese crimen, el nombre del exdirector del DAS de Samper -Bejarano- se repite insistentemente. 

En la recusación formulada por Cepeda, se alega la supuesta existencia de una enemistad entre Bejarano y Jaimes, señalamiento que el fiscal desarmó con un demoledor argumento jurídico, al señalar que la ley exige que “la enemistad grave se tenga con alguna de las partes o con la víctima, mientras que la argumentación del peticionario [Cepeda] plantea la causal respecto del apoderado suplente [Bejarano Guzmán]…”.

En el oficio, el fiscal Jaimes se refirió al proceso del doctor Gómez Hurtado al recordar que cuando fungió como procurador delegado en la investigación por el magnicidio, “cumpliendo estrictamente mis deberes legales y mis funciones del cargo, participé en algunas actuaciones judiciales dentro de las que surgió el nombre del doctor Ramiro Bejarano Guzmán, en términos y circunstancias que, aparte de no ser relevantes en este caso, omito en virtud de la reserva”.

Una aseveración que enciende todas las alarmas, pues Bejarano siempre ha atacado con virulencia y truhanería a todo aquel que se atreva a mencionarlo en relación con el caso Gómez Hurtado.

Interesante que el país conozca a qué se refiere el doctor Jaimes, pero es legítimo que él, por su condición, deba ser celoso de la reserva sumarial. 

Jaimes ha sido víctima de la acrimonia de Bejarano Guzmán por cuenta del caso Gómez Hurtado. En el auto en cuestión, el fiscal delegado lo recordó: “Como consecuencia exclusiva de aquellos hechos judiciales [la investigación del caso AGH], que son los únicos que en la vida me han relacionado con el doctor Bejarano, este ciudadano ha realizado como columnista de opinión innumerables artículos de prensa en mi contra, me ha convocado a conciliación prejudicial de cara a un proceso civil de responsabilidad extracontractual, y me ha demandado penalmente”.

Al final del arrollador documento, Jaimes Durán puntualizó que “estimo que no se configura en mí para el presente caso, ninguna de las causales de impedimento y recusación legalmente establecidas…”.

Así las cosas, el proceso contra el presidente Uribe comenzará en forma en la fiscalía. El siguiente paso, será la audiencia en la que un juez de control de garantías deberá decidir sobre la libertad del exmandatario colombiano que infamemente fue secuestrado por una corte suprema politizada y corrupta. 

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 8 de 2020