A través de un documento de 6 páginas, el fiscal general Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera respondieron la recusación presentada en contra de ellos por el abogado del senador Iván Cepeda –‘Don Iván’-.

En el oficio remitido a los presidentes de la corte suprema y de la sala penal, Barbosa y Mancera destruyeron uno a uno los argumentos esgrimidos por el apoderado de Cepeda Castro.

Uno de los apartes más concluyentes de la respuesta suscrita por el fiscal Barbosa y su vicefiscal sostiene que “en el sub examine, no existe vínculo alguno entre los funcionarios recusados y la persona del procesado, con la dimensión suficiente para afectar su imparcialidad en este caso, ni siquiera desde un estándar de ‘percepción razonable. En tal sentido, los argumentos y situaciones que expuso el apoderado de la víctima no pasan de ser conjeturas y descalificaciones personales sin ningun fundamento jurídico…”

La comunicación hizo hincapié en un hecho que es incontrovertible: la vicefiscal Mancera no ocupa un cargo de libre nombramiento y remoción, dado que ella es “una fiscal de carrera, con más de 27 años de experiencia en la institución y que goza de estabilidad laboral  en la entidad”.

Otro de los puntos de la carta rechaza de plano la solicitud de Cepeda en el sentido de que se debe nombrar un fiscal ‘Ad Hoc’. Dicho requerimiento resulta improcedente: “Esta solicitud carece de todo fundamento jurídico, dado que no está prevista en la Ley ni en la Constitución ni –contrario a lo que se sostiene– en ningún estándar normativo vinculante del bloque de constitucionalidad”.

Igualmente, resalataron que “Si cada suspicacia, expresión o coyuntura política minara la independencia e imparcialidad de la Fiscalía General de la Nación y tuviera que convocarse, bajo las sospechas o “percepciones” de los opinadores de turno, la designación de un “Fiscal Ad Hoc”, el cumplimiento de la misión constitucional del Fiscal General de la Nación y de sus delegados se tornaría imposible y carecería de sentido”.