En los últimos años la ultra izquierda ha avanzado infiltrando las ramas del poder público de Colombia, particularmente con la rama judicial que mediante fallos exóticos ha asestado golpes en la lucha contra el narcotráfico. ¿Realmente es sensato prohibir la aspersión aérea de glifosato en el país con más hectáreas de cultivos ilícitos en todo el mundo? ¿Qué tal pensar en prohibir el decomiso de la dosis mínima en el primer país productor de cocaína a nivel mundial? Se vislumbra, entonces, que al parecer hubiera una alianza macabra para potencializar el negocio de la droga.
Adicional a esto, Santos al robarse el plebiscito incorporó a la fuerza, tal vez, la institución más inservible en la historia del país: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que pese a varios años de funcionamiento no ha mostrado resultados verdaderamente pertinentes –más allá de permitir la fuga de Jesús Santrich- . Hasta el momento, no se ha dado la recuperación efectiva de los bienes de las Farc con los que se tendrían que reparar a las víctimas y; no ha habido condena alguna sobre miembros de las Farc, ni siquiera de las vulgares e irrisorias que fueron planteadas en el acuerdo.
Como si fuera poco esa JEP ha costado a los colombianos alrededor de medio billón de pesos en tan solo dos años. Dicho derroche ha sido invertido en comerciales de televisión que además de ser ofensivos e indolentes con las víctimas, descaradamente buscan limpiar la imagen de las Farc; como aquel en que ‘Timochenko’ pide perdón por las “retenciones”, ahora resulta que los secuestros son “retenciones”. Lo anterior, más el evidente sesgo político en su composición, cuyos requisitos consisten en odiar a Álvaro Uribe y a las Fuerzas Militares, evidencian, por lejos, sus verdaderas intenciones.
Bajo este panorama la Colombia de la post pandemia trae consigo enormes retos. Es necesario aumentar la cobertura de políticas sociales efectivas, como el ingreso solidario y el bono pensional, pero sin aumentar impuestos. Debido a esto las reformas que propone el Presidente Uribe en el referendo en cuanto a recorte de gasto fiscal, son muy importantes; mirar el tema de los salarios de los altos funcionarios, disminuir el congreso en un 30% y derogar el monstruo de la burocracia que es la JEP.
Por eso planteo a los colombianos dos preguntas: ¿Qué es más importante, mantener este chupasangre del erario al servicio del terrorismo o invertir ese dinero en políticas sociales que beneficien al pueblo en la crisis de post pandemia? ¿Es preferible ahorcar a los colombianos con impuestos o, prescindir de entidades inútiles e ideologizadas como la JEP, cuyo objetivo, más que justicia es venganza?
Publicado: noviembre 8 de 2020
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