La decisión de la corte constitucional de impedir que la superintendencia de Industria y Comercio pueda interceptar y practicar pruebas sin que medie una orden judicial, es una señal en el camino correcto, que servirá para evitar que en Colombia vuelvan a repetirse experiencias nefandas como las que se vivieron durante el gobierno de Santos, por cuenta del abusivo y perseguidor superintendente, Pablo Felipe Robledo, funcionario que se hizo célebre por las nauseabundas exhibiciones de poder que incluían acciones non sanctas como la contratación de empresas privadas dedicadas a realizar chuzadas ilegales.
Para nadie es un secreto que Robledo, desde la superintendencia, montó una verdadera policía política, ordenando allanamientos e incautaciones claramente inconstitucionales y apropiándose de información privada de miles de empresarios. La pregunta que muchos se hacen es con qué fin el señor Robledo obtuvo dicha información que nada tenía que ver con las supuestas investigaciones que estaba adelantando su despacho.
En el caso de la prestigiosa empresa Tecnoglass, quedó establecido que Robledo, en aras de vincular arbitrariamente a los hermanos Daes con el escándalo de la reventa de boletas para la eliminatoria del mundial de fútbol de Rusia, llegó a límites inauditos como el ordenar que funcionarios bajo su mando entrevistaran a Christian y José Manuel Daes, siendo que ninguno de ellos funge como representante legal de esa compañía.
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No contento con eso, recurrió a los servicios ilegales de la empresa BRG, cuyo representante en Colombia era el señor Laude Fernández, personaje siniestro que hoy se encuentra tras las rejas.
Resultaban indignantes y claramente contrarias al ordenamiento legal, las facultades que Pablo Felipe Robledo le asignó a la superintendencia de Industria. Sus empleados podían llegar a a las empresas, literalmente tumbando puertas y poniendo a los empleados contra las paredes, incautando computadores, celulares y toda suerte de archivos, incluidos los de índole personal, con el fin de obtener información que no siempre resultaba anexada a los expedientes de la SIC.
Nuevamente, se debe insistir en la pregunta: ¿Dónde se encuentra la información de la vida privada de muchos empresarios que Robledo ordenó incautar?
Gracias a la decidida y acertada intervención de la corte Constitucional, en la que primó la sensatez, el sentido común y la voluntad de salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos, en adelante, la superintendencia no podrá seguir haciendo ese tipo de batidas que tanto le gustaban al alevoso Pablo Felipe Robledo.
Lo importante del fallo de la corte es que se abre la puerta para que muchas de las decisiones sesgadas e ilegales que en su momento adoptó ese oscuro sujeto que estuvo al servicio de Santos, puedan ser revisadas y, muy posiblemente, reversadas.
Lo cierto es que con la decisión libérrima de la honorable corte constitucional, no solo ha brillado la justicia, sino que se le ha puesto punto final a una de las más brutales arbitrariedades que se ha cometido en nuestra historia reciente.
Publicado: abril 12 de 2019
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