Auditor, Carlos Felipe Córdoba otorgó a dedo multimillonarios contratos a magistrados que lo eligieron y a antiguos jefes políticos suyos.

La Auditoría General de la República es una entidad que algunos conocen y muy pocos saben realmente qué hace. No escasean los conceptos de expertos en finanzas públicas que apuntan a concluir que dicha entidad es un verdadero monumento a la burocracia, dado que sus competencias bien podrían ser absorbidas por cualquiera de los demás entes de control que ya existen en nuestro país.

La Auditoría fue creada en 1992 y desde entonces se ha consolidado como un fortín politiquero de distintos partidos. El actual auditor –que ya cumplió su periodo de 2 años- es el risaraldense, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, cercano al muy cuestionado exalto consejero político de Juan Manuel Santos, Germán Chica, señalado por el uribismo de haber tramitado $12 millones de dólares del clan narcotraficante denominado Los Comba a favor de la primera campaña de Santos.

Antes de salir de su cargo, Carlos Felipe Córdoba está en la obligación de explicarle al país los motivos por los que ordenó la suscripción de multimillonarios contratos de prestación de servicios a exaltos funcionarios, casi todos de la rama judicial, en una operación bastante similar a la que hicieron Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo en la fiscalía general de la nación.

LOS IRREVERENTES estuvieron revisando los contratos celebrados por la auditoría desde que el señor Córdoba está al frente de la entidad y se encontró un listado bastante singular de favorecidos.

Jorge Armando Otálora, quien salió de la defensoría del pueblo en medio de un escándalo desatado por el supuesto acoso sexual a una subalterna a la que él le enviaba imágenes de sus miembros íntimos, recibió un contrato por $80 millones de pesos para ser ejecutado en 8 meses -$10 millones de pesos mensuales-. Su tarea consistía en “prestar sus servicios profesionales para realizar un análisis de la implementación de la ley 1474 de 2011, especialmente en las disposiciones que involucran la participación ciudadana, con el propósito de realizar vigilancia de la gestión fiscal sobre esta política pública”. En pocas palabras, el doctor Otálora recibió esos jugosos honorarios para no hacer gran cosa.

Continúa el listado de los beneficiados por la auditoría, con la exmagistrada Ruth Marina Díaz Rueda, tristemente célebre por llevarse los expedientes de la corte suprema de justicia a sus viajes y cruceros. A Díaz, socia y compañera de oficina particular del cuestionado exmagistrado Francisco Javier Ricaurte y del corrupto Luis Gustavo Moreno, le fue entregado un contrato por $60 millones de pesos para “el asesoramiento jurídico y apoyo a la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión de la Auditoría General de la República”. Otra venta de humo por la que los contribuyentes pagaron $10 millones de pesos al mes.

El año pasado, la auditoría también le dio un contrato a la señora Díaz, por $49 millones de pesos.

El exconsejero de Estado y compañero permanente de la exmagistrada María Victoria Calle –la que le dio vía libre al plebiscito de Santos-, Gustavo Gómez Aranguren, entre marzo y septiembre de este año, está recibiendo la suma de $7 millones de pesos mensuales para “apoyar a la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal en la elaboración de un estudio jurídico, que parta de la relación de todas las decisiones judiciales ejecutoriadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo desde la entrada en vigencia de la ley 1473 de 2011, que han sido adversas a los sujetos vigilados de la AGR, y determine el medio de control, la causa de los fallos desfavorables, las dependencias de los sujetos vigilados que le dieron origen y su correspondiente análisis”.

Otra exconsejera de Estado, la doctora Susana Buitrago, firmó en marzo de este año un contrato por $54 millones de pesos, para escribir “un documento que contenga un diagnóstico de la aplicación y resultados del procedimiento verbal de responsabilidad fiscal establecido en la ley 1474 de 2011, por parte de las contralorías territoriales y la Contraloría General de la República”.

El país recuerda al exconsejero de Estado, William Giraldo quien a punta de tutelas y recursos leguleyos intentó evitar que se le aplicara el retiro forzoso por cuenta de haber cumplido la edad reglamentaria de 65 años.

Después de un largo forcejeo, Giraldo fue retirado del Consejo de Estado, pero aquello no significó que pudiera seguir recibiendo dinero del tesoro público. Entre marzo de 2015 y mayo de 2016, recibió pagos que sumaron $56 millones de pesos por “apoyar y asesorar la gestión del proceso auditor de la Auditoría General de la República”.

Wilson Ruiz Orjuela, un verdadero lagarto de la rama judicial que somete su nombre a todas las convocatorias que se abren para ocupar vacantes –ahora aspira a ser magistrado de la JEP-, después de haber culminado su periodo como magistrado del cuestionado consejo superior de la judicatura, también fue favorecido con un contrato de la auditoría por $49 millones de pesos.

El actual ministro de justicia y exconsejero de Estado, Enrique Gil Botero recibió contratos de esa entidad que suman más de $118 millones de pesos.

Francisco Javier Ricaurte, miembro orgánico de la Bacrim judicial que vende sentencias, tuvo contratos con la auditoría por más de $150 millones de pesos. Actualmente está ejecutando uno por $90 millones.

Yo te elijo, tú me contratas

Un hecho que llama la atención es la cantidad de exmagistrados del Consejo de Estado que han sido contratados por el auditor Carlos Felipe Córdoba.

Resulta que el auditor general es elegido por el Consejo de Estado para un periodo de 2 años. El doctor Córdoba fue seleccionado en julio de 2015.

En su elección participó de forma directa el exmagistrado Gustavo Gómez Aranguren. Los otros exconsejeros de Estado que han sido contratados por él, si bien no estuvieron en su elección, sí jugaron un papel definitivo para que la mayoría del tribunal se inclinaran a favor suyo, particularmente la exmagistrada Susana Buitrago y el hoy ministro de Justicia Enrique Gil Botero.

Y es que todo indica que el saliente auditor, Carlos Felipe Córdoba Larrarte es un hombre agradecido con quienes le han ayudado en su carrera profesional. Está el caso de Víctor Manuel Tamayo Vargas, de quien Córdoba Larrarte fue asesor político cuando aquel fue gobernador de Risaralda.

Al decir popular, hoy por mí, mañana por ti, y así sucedió. Tan pronto asumió como auditor, suscribió un contrato con su antiguo padrino político Vargas por $57.344.000 para que éste, sin necesidad de moverse de su casa en Santa Rosa de Cabal –Risaralda-, “apoyara a la oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico en el desarrollo de una metodología que permita unificar la forma en que se ejerce el control fiscal por parte de la Auditoría General de la República a las contralorías territoriales en el sector de infraestructura a nivel nacional”.

Seguramente al auditor Córdoba le enseñaron en su casa aquello de que “es de bien nacidos, ser agradecidos”. Y él sí que lo es, pero con el dinero del erario y no con su propio patrimonio.

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 4 de 2017