No tiene por qué extrañar a la opinión pública las recientes revelaciones que confirman el pésimo manejo que el gobierno le ha dado a la millonaria fortuna destinada para la implementación del acuerdo con la banda terrorista Farc.

Todo empezó con una carta suscrita por los embajadores de Suecia, Suiza y Noruega –países que han donado importantes recursos para dicha implementación- en la que exigieron una mayor transparencia en la ejecución de aquel dinero.

De inmediato, el gobierno encendió la máquina de excusas; unos empezaron a tirarle el balón a otros. Pero la gran responsable, la dueña absoluta de la chequera es la señor Gloria Ospina, mano derecha de Rafael Pardo y quien funge como directora del denominado fondo Colombia en paz.

Abrir las puertas de esa entidad es adentrarse en una cloaca donde impera el desgreño, la mala administración y el favoritismo. Con la plata regalada por la comunidad internacional, se celebró un millonario contrato a favor del “novio” de la señora Ospina, quien es una de las funcionarias más poderosas del gobierno. Una intocable, gracias a su cercanía con Rafael Pardo Rueda.

Inadmisible que se haya despilfarrado el dinero de la forma como se ha venido haciendo en la entidad dirigida por el grupo político de Pardo. Esos recursos están destinados para financiar los proyectos productivos en los que van a trabajar los exterroristas de las Farc y las comunidades en las que esos facinerosos delinquieron.

Resulta fundamental que aquellos que esas personas tengan una oportunidad laboral segura y estable para efectos de disminuir el riesgo de reincidencia.

Pero el gobierno corrupto de Santos vio en ese fondo para la reincorporación de terroristas, una inagotable mina para propiciar la burocracia y gastar el dinero de forma corrupta.

Hay muchos interrogantes que deben ser absueltos. El “novio” de la señora Gloria Ospina, Iván Fernando Cifuentes sigue beneficiándose con millonarios contratos. No lo hace de manera directa, sino a través de una empresa denominada Caimo.

Si el proceso de negociación y el acurdo con las Farc son una verdadera sinvergüencería, la fase de implementación de dicho acuerdo ilegítimo ha sido un verdadero monumento a la corrupción.

Como se advirtió desde LOS IRREVERENTES desde el momento de su designación como secretario general de la jurisdicción especial de paz, el cuestionado Néstor Raúl Correa, cuota del rector de la universidad Externado de Colombia Juan Carlos Henao, se sabía que ese sujeto llegaría a hacer toda suerte de tramoyas en la JEP.

Sus antecedentes como asesor jurídico de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y su muy polémico paso por el desprestigiado consejo superior de la judicatura, eran suficientes para que ese sujeto no hubiera sido designado en la JEP. No obstante, gracias al poder de su padrino político, él logró imponerse.

Desde su llegada a ese tribunal, Correa se dedicó a manejar mal el dinero de esa entidad y, por supuesto, a perseguir al uribismo. El país aún recuerda que ese funcionario, que se tranzó en una guerra visceral con la presidenta de la JEP por mantener la oficina más grande del tribunal, se inventó de manera ilegal que el exministro Diego Palacio Betancourt había confesado ser responsable del delito por el que injusta y miserablemente fue condenado por la corte suprema de justicia.

La última triquiñuela de Correa como secretario de la JEP consistió en alquilar a un precio muy por encima del mercado unos carros de baja gama para los magistrados de ese tribunal. Con lo que Correa pagó por 5 meses de alquiler, se habría podido comprar los vehículos.

Tan pronto estalló el escándalo, por el que la fiscalía, la contraloría y la procuraduría adelantan indagaciones, Correa renunció de forma intempestiva.

Todas las irregularidades que están observándose en las entidades encargadas de poner en marcha el acuerdo con los genocidas de las Farc, son la evidencia incontrovertible de que la supuesta paz se convirtió en un motivo más para que el santismo satisfaga su infinita sed de corrupción.

Quien debe dar las explicaciones por este vulgar saqueo debe ser Rafael Pardo en su condición de “ministro” para el posconflicto. Todas las personas que manejan el gigantesco presupuesto para la implementación de los acuerdos, son puestas por él y gozan de su más absoluta confianza. Así que ante este evidente desangre económico, Pardo tiene que ponerle la cara al país y a la justicia.

@IrreverentesCol

Publicado: abril  5 de 2018