De manera radical y tajante, el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Alfonso Campo desmintió al senador socialcomunista Gustavo Bolívar, célebre por su condición de autor de narconovelas y libros de baja factura.
Bolívar salió con la historia de que abandonaba al país por razones de seguridad. Aseguró que la UNP no le está brindando la seguridad que en criterio suyo necesita.
En palabras de Bolívar: “He tomado la decisión de salir del país por las amenazas en mi contra. Por la persecución a la que estoy sometido, pero sobre todo porque la Unidad Nacional de Protección no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá”.
Lo primero que debe establecerse tiene relación con la denuncia formal que Bolívar está obligado a presentar en su condición de servidor público. No obstante, todo indica que las tales amenazas por las que salió de viaje -imitando al polémico gobernador del Magdalena Carlos Caicedo- solo existen en su imaginación.
El artículo 435 del código penal define a la falsa denuncia en los siguientes términos: “El que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de uno a dos años y multa de dos a diez salarios mínimos legales vigentes”.
Y todo indica que Bolívar habría incurrido en ese delito dado que el director de la UNP aseguró públicamente que no se conocen nuevas amenazas contra el congresista afecto a Petro. Igualmente, reveló que Bolívar es uno de los colombianos con mejores esquemas de seguridad que hay, con lo que eso les cuesta a los contribuyentes.
Bolívar, reconocido por hacer ostentación de su fortuna y por las exhibiciones de mal gusto que hace de sus propiedades, tiene el deber de pagar -como hacen todos los parlamentarios colombianos- los gastos de viaje y viáticos de sus escoltas cuando se desplazan a otras ciudades.
Reconocido de autos por estafar personas, Bolívar se siente eximido de pagar de su bolsillo los costos relacionados con los desplazamientos de su esquema de seguridad. Lamentable que un congresista que se dice defender los intereses de las clases menos favorecidas, exija que con recursos del erario se supla dicha necesidad.
Este asunto no puede pasar de agache. Debe llegarse al fondo del mismo. Bolívar, está obligado a mostrarles a las autoridades las evidencias que sustentan su testimonio. Allegar las pruebas de las amenazas y explicar porqué, como ha dicho el director de la UNP, no las puso oportunamente en conocimiento de la entidad encargada de su protección.
Que nadie se llame a engaños. Con la información hasta ahora conocida, puede arribarse a la conclusión de que estamos ante una nueva puesta en escena de Bolívar, ese mismo que financia estructuras que cometen actos de terrorismo y que, por cuenta de una estafa suya, condujo a un ciudadano a tomar la desesperada decisión de acabar con su vida.
Si los más de 280 congresistas que hay en Colombia pueden asumir los gastos relacionados con sus esquemas de seguridad, Bolívar también puede hacerlo. Su salario se lo permite.
Publicado: octubre 7 de 2021
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