En una trinchera jurídica hecha por y para el beneficio de los exguerrilleros de las Farc, es en lo que se deformó el ‘novedoso’ sistema de justicia que en su gobierno le vendió Juan Manuel Santos al país: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Lo que en principio pintaba como la panacea para la reconciliación, resultó ser un fracaso. Tal como lo advertimos, la equivocada selección de magistrados asociada a la asignación de enormes recursos, generó una lucha de poderes que terminó por desvirtuarla como componente de justicia, faltando a la consigna de “paz sin impunidad” que  equivocadamente profesaba el Gobierno que le dio vida.

Para la muestra está el caso de Zeuxis Pausias Hernández Solarte alias ‘Jesús Santrich’, a quien el gobierno de los Estados Unidos solicitó en extradición desde junio de 2018, y cuyo requerimiento no se ha hecho efectivo debido a las ‘trabas’ que la JEP ha interpuesto para evitarlo.

La acusación contra ‘Santrich’ la hizo el Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y se fundamentó en hechos que habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, “relacionados con un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos”.

Pese al material probatorio aportado por la justicia norteamericana en julio de 2018 y el tratado de extradición que existe entre ambos países, que es también un pacto de confianza, la JEP recae en la extralimitación de sus funciones al solicitar más información sobre el proceso contra ‘Santrich’, aun cuando la fecha relacionada en el escrito de acusación excede la de la firma de los acuerdos de paz y, por tanto, el caso no es de su competencia.

De momento cursa el plazo de 20 días otorgado por la jurisdicción especial –tras el incidente de la carta- para que las autoridades estadounidenses presenten las pruebas en contra del exjefe guerrillero, por lo que crece la expectativa en torno a la que sería una nueva excusa del tribunal para negar una vez más el traslado de ‘Santrich’ con fines judiciales.

En todo caso, la no extradición del narcoterrorista dejaría al descubierto el lado flaco del exótico modelo de justicia montado por Santos, e incentivaría el narcotráfico y todos los flagelos que del mismo se desprenden.

Otra sería la situación si la JEP permitiera que el juicio se adelantara en el país requirente, como lo establece el tratado de extradición con los Estados Unidos, y ‘Santrich’ resultara, como ‘El Chapo’, con la cadena perpetua. Entonces el mensaje sería el que el actual gobierno de Colombia, el de Iván Duque, le ha enviado durante todos estos meses a los generadores de violencia en el país: “el que la hace, la paga”.

@JenniferAriasF

Publicado: febrero 14 de 2019