La corte constitucional no puede convertirse en cómplice del narcotráfico. Ese tribunal, encargado de salvaguardar la Constitución tiene que enviar un mensaje en el sentido correcto, ahora que estudia la exequibilidad de la ley estatutaria de la JEP.
Ha quedado claro que los miembros de las Farc que delincan con posterioridad a la firma del acuerdo con Santos, quedarán por fuera de la JEP y perderán todos sus beneficios. Existen todas las pruebas para confirmar que el cabecilla del terrorismo, alias Jesús Sántrich continuó violando la ley después de la firma de dicho documento, razón por la que hoy está tras las rejas esperando a ser extraditado hacia los Estados Unidos, país en el que tendrá que responder por delitos de narcotráfico.
Sobre la ilegitimidad de la JEP pesan suficientes sospechas, como para que ahora la corte Constitucional se encargue de sumar una más. Esa jurisdicción, hecha a la medida de las necesidades de las Farc, tiene un límite claro y definido, razón por la que mal harían los magistrados de la corte al invocar alguna leguleyada para efectos de salvar al narcotraficante Sántrich de la extradición.
El Estado colombiano debe enviar un mensaje muy claro: aquellos que violen los límites del acuerdo, serán receptores del todo el peso de la ley. Cualquier acción en sentido contrario, será un reconocimiento de la incapacidad estatal para contener al crimen organizado.
La impunidad es aliciente para continuar delinquiendo. Las Farc, que recibieron un premio por parte de Santos, creen firmemente que pueden seguir pasándose por la faja el ordenamiento legal colombiano.
Por eso, tienen “disidencias” por todo el país y continúan controlando el tráfico de estupefacientes. Que nadie se llame a engaños: las más de 200 mil hectáreas de coca que hay en el país tienen responsable directo: los socios de las Farc que no entregaron sus armas y que ahora operan bajo la denominación de “disidencias”.
Una vez se cumplan los requisitos que fija la ley para la extradición de Sántrich, el nuevo presidente, Iván Duque, seguramente firmará la resolución por medio de la cual se concede su extradición.
Las Farc son un cartel del narcotráfico. Buena parte de los congresistas de esa banda criminal, tienen pedido de extradición, como es el caso de alias Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, dos criminales de la peor laya que, además de haber cometido toda suerte de crímenes atroces, inundaron con cocaína a los Estados Unidos.
En los años 90 del siglo pasado, las autoridades norteamericanas calificaban a Colombia como un narcoestado. Mucho dolor y sufrimiento ha tenido que padecer nuestra sociedad para quitarse ese estigma. Gracias a Juan Manuel Santos, nuestra geografía volvió a llenarse con matas de coca y desde nuestras costas salen a diario toneladas de cocaína. Hoy, las Farc, principal cartel del narcotráfico, está convertido en un partido político.
Se cumplen casi todos los requisitos para que el nuestro vuelva a ser considerado como un narcoestado. Así que es hora de cambiar el rumbo y enviar mensajes concretos que despejen dudas y le cierren espacio a las especulaciones malsanas. La primera acción, en el sentido correcto será, sin duda, la extradición sin dilaciones del narco Jesús Sántrich.
Los comentarios están cerrados.