Alegando que la Fiscalía General de la Nación “es una entidad que se encuentra en permanente vulnerabilidad, desde el punto de vista físico como tecnológico, se hace necesario establecer canales que permitan la disminución del riesgo, trayendo con ello la mengua (sic) de los hechos o la abolición de los mismos, por lo cual se requiere la obtención de conceptos que permitan determinar el estado actual de elementos tales como herramientas tecnológicas, políticas de seguridad y políticas judiciales propiamente dichas. Es así, como se hace prioritario contar con la asesoría de un experto en materia de seguridad física y tecnológica…”, a mediados de 2015, el exfiscal Montealegre le dio orden a la doctora Marcela Yepes Gómez, directora nacional de apoyo a la gestión de la Fiscalía para que procediera a contratar al señor Luis Eduardo Gómez Hernández para que “apoyara y acompañara” la puesta en marcha de las “políticas de seguridad de la Fiscalía General de la Nación”.

Aquel contrato, celebrado el 6 de julio del año pasado, fue por $174 millones de pesos y, de acuerdo con la información a la que tuvieron acceso LOS IRREVERENTES, se cumplió sin mayores sobresaltos.

Comenzando este año, el 6 de enero, Gómez Hernández fue nuevamente llamado a la oficina de la doctora Yepes en la Fiscalía para suscribir un nuevo contrato cuyo objeto era igual al anterior, pero por una cuantía de exactamente el doble de dinero: $348 millones, con desembolsos mensuales de $29 millones de pesos.

Luis Eduardo Gómez Hernández, en menos de 1 año ha recibido más de $500 millones

en contratos con la Fiscalía General de la Nación.

¿Quién es el contratista?

No existe en el gremio de expertos en materia de seguridad industrial, registro de la trayectoria ni de la ejecutoria de Luis Eduardo Gómez Hernández. Su nombre resulta absolutamente desconocido. Entonces, ¿cuál fue el mérito que permitió su vinculación contractual con la Fiscalía General de la Nación?

Durante las últimas semanas, los contratos de Gómez Hernández fueron guardados con total celo en la Fiscalía, como si no se quisiera que fueran conocidos por la opinión pública. Una funcionaria del departamento de apoyo a la gestión de la Fiscalía, le confirmó a LOS IRREVERENTES, que “desde arriba se nos dio la orden de tener bajo absoluta reserva” los contratos 0255 de 2015 y 0019 de 2016, que corresponden a los de Gómez.

Así mismo, fueron borrados los rastros de esos dos contratos del programa que permite su búsqueda en línea dentro del sistema interno de la Fiscalía General de la Nación.

El sigilo sobre esos dos contratos subió de nivel a partir del 20 de abril pasado, cuando el presidente Juan Manuel Santos, en la ciudad de Cartagena, reveló los nombres de las 3 personas que compiten para ser elegidas, por la Corte Suprema de Justicia, como nuevo Fiscal General de la Nación: Néstor Humberto Martínez, Yesid Reyes Alvarado y la doctora Mónica Cifuentes, exasesora jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Indagando sobre la naturaleza de los contratos celebrados con Luis Eduardo Gómez, LOS IRREVERENTES, pudieron establecer que su hoja de vida fue presentada en junio de 2015 al vicefiscal Jorge Fernando Perdomo por parte de una mujer que para la fecha se desempeñaba como asesora del Alto Comisionado, Sergio Jaramillo.

Se trata de la doctora Mónica Cifuentes. Fue ella quien le recomendó a Perdomo que evaluara esa hoja de vida y procediera, si era del caso, a darle un contrato por una cifra significativa –casi $30 millones de pesos al mes-.

Pero hay otro dato aún más importante. La persona que estaba recomendando la doctora Cifuentes no era un desconocido, ni mucho menos. El señor Luis Eduardo Gómez Hernández es, nada más ni nada menos, que su exesposo y padre de sus hijos.

Aquello explica entonces la urgencia de la doctora Cifuentes para evitar que la opinión pública conozca que el padre de sus hijos es beneficiario de un multimillonario contrato en la Fiscalía, contrato que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

Eso quiere decir que si por alguna razón la Corte Suprema de Justicia elige a Cifuentes como reemplazo de Eduardo Montealegre, el exesposo y padre de los hijos de la nueva Fiscal será contratista suyo.

Mónica Cifuentes, que está muy activa en su campaña, al extremo de haber enviado delegados suyos a las oficinas de importantes dirigentes uribistas para transmitirles el mensaje de que si ella gana cesará la persecución desatada contra el Centro Democrático, ¿le habrá informado a los Corte Suprema la existencia del vínculo contractual que tiene el padre de sus hijos con la entidad a la que ella, con el voto de los magistrados, aspira dirigir?

Estos nuevos contratos que la fiscalía le dio a personas cercanas al gobierno, son una muestra más de la estrecha relación que tanto Montealegre como Perdomo tuvieron con la Casa de Nariño, cuando su obligación, como cabezas de la investigación judicial en Colombia, es la de mantener independencia y distancia de todos los órganos del poder para efectos de garantizar transparencia e imparcialidad en la administración de justicia.

@IrreverentesCol