Sendos artículos publicados en El Colombiano la semana pasada, de Alberto Velásquez Martínez (Estado de Derecho) y Armando Estrada Villa (Estado de la democracia en el mundo), invitan a reflexionar sobre la situación del Estado de Derecho y la democracia entre nosotros.

El primero comenta un estudio de World Justice Project según el cual nuestro país empeora cada año en los índices de credibilidad y efectividad de su institucionalidad jurídica. El segundo ubica la nuestra dentro de la categoría de las democracias imperfectas,”donde los requisitos se cumplen a medias con elecciones libres y justas, respeto a los derechos civiles y políticos y reconocimiento del pluralismo, pero arrojan bajos niveles de participación, cultura política poco desarrollada y deficiencias en la gobernabilidad. “

Lo vengo diciendo desde hace tiempos: en Colombia ha desaparecido el Estado de Derecho. La juridicidad es una mera apariencia, pues las altas Cortes la manejan a su amaño, prevalidas de la ausencia de controles eficaces para sancionar sus escandalosos prevaricatos. De hecho, padecemos una ominosa dictadura judicial que se ha llevado de calle la separación de poderes que es de la esencia de un régimen que merezca ser catalogado como constitucional. 

La Constitución ha dejado de ser el referente supremo de la normatividad jurídica y la acción estatal, pues su contenido lo fija ad libitum la Corte Constitucional, que la pone a decir lo que ella quiera. Cinco magistrados que hagan mayoría sustituyen la voluntad del electorado, del Congreso o del Gobierno, sin asumir responsabilidad alguna por sus decisiones.
A ello se añade el fenómeno repugnante a más no poder de la conformación de  verdaderas pandillas criminales, los cárteles de togados que actúan en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y, a la luz de lo que hace poco se ha sabido, también probablemente en el engendro monstruoso de la JEP, sobre la que acaba de publicar un impactante artículo Saúl Hernández Bolívar (Vid. http://saulhernandez.co/2019/la-putrefacta-justicia-especial-para-las-farc)

Habida consideración de la pésima experiencia del gobierno del presidente Uribe Vélez en su confrontación con la Corte Suprema de Justicia, que le hizo la más descarada de las oposiciones, el gobierno actual se ha mostrado cauteloso en sus relaciones con los diferentes órganos jurisdiccionales. Pero tarde o temprano llegará el momento de enfrentarlos para ponerlos en cintura. 
Esta crisis puede dejarse sin solución en el corto plazo, pero en el mediano o en el largo terminará desquiciando el orden institucional y habrá que buscarle remedio.

La crisis de la democracia colombiana va de la mano con la del Estado de Derecho. 

El estudio que cita Estrada Villa clasifica los regímenes políticos en democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Estos últimos desconocen totalmente los principios democráticos, tal como sucede por ejemplo en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia y China, es decir, en países de orientación comunista o que sufren la influencia de su vieja adhesión a dicha ideología.

Los rangos extremos de esta clasificación corresponden a la polaridad que enfrenta la democracia pluralista y la totalitaria, que fue objeto hace algo más de medio siglo de unas lúcidas lecciones de Raymond Aron en la Sorbona.

Hay consenso en Colombia acerca de la imperfección de nuestro régimen democrático. Pero muchos de sus críticos, consciente o inconscientemente, parecen inclinarse hacia la democracia totalitaria al estilo castro-chavista. Así las cosas, cuando en el NAF se habla de profundizarla, el modelo implícito que se tiene en la mira es el de las fenecidas democracias populares, que más que de corte autoritario eran totalitarismos mondos y lirondos.

Desafortunadamente, la democracia pluralista, de corte netamente liberal, no es de buen recibo entre nuestros intelectuales, porque la gran mayoría de ellos se han formado dentro de los cánones del marxismo que a lo largo de años ha sido la ideología predominante no solo en los establecimientos educativos públicos, sino también en muchos de los privados, incluyendo los religiosos.

De ese modo, denunciar la deriva totalitaria hacia la que tiende el NAF, como lo hacemos algunos pocos, da pie para que se nos califique como enemigos de la paz.

Insisto en una tesis que he venido sosteniendo en escritos precedentes: el acuerdo con las Farc no se convino sobre la base de que esta organización revolucionaria renunciase a este credo y aceptase los principios de la democracia pluralista, sino, todo lo contrario, a partir de la premisa de desquiciar estos principios y facilitar la realización de su proyecto totalitario y liberticida.

En rigor, parece imposible conciliar los dos extremos de pluralismo y totalitarismo, o de democracias perfectas y regímenes autoritarios que considera el artículo en comento de Estrada Villa.

La paz que promete el NAF no es tal. Su trasfondo es la capitulación de la democracia pluralista ante la totalitaria que promueven las Farc y sus simpatizantes.

Jesús Vallejo Mejía

Publicado: marzo 14 de 2018