El gobierno de Juan Manuel Santos ha demostrado, con suficiencia, que las negociaciones no son su fuerte. Cuando no cede todo, como en el caso de las Farc y La Habana, se va al otro extremo y descarga su mano dura —la más radical — como pasó recientemente con el Paro Camionero. Claro, también ha optado, en medio de las protestas que se han presentado a lo largo de su mandato, por otras estrategias: la negación (recuerdan “ese tal Paro no existe”), o culpar a otros (la oposición) para encubrir su incompetencia.

Lo que pasó la semana pasada en el Paro Camionero dejó un gran sinsabor y muchas preguntas entre los colombianos. ¡Y con justa razón! ¿Por qué el presidente se pone tan rudo e inflexible con los camioneros, cuando por otro lado ha demostrado total permisividad y hasta laxitud con los terroristas de las Farc? ¿Será que los de las Farc, definitivamente, tienen corona? Al parecer sí.

El fracaso rotundo en los diálogos con los camioneros ha llevado al gobierno a amenazar, cuando debería proponer soluciones. ¡Craso error! Esto no contribuye en el proceso de negociación y puede convertirse, incluso, en un estímulo para aquellos que han optado por la violencia en estas protestas.

Es cierto que se debe garantizar la movilidad de los colombianos; es cierto que los  transportadores que se quieran apartar del Paro están en todo su derecho y deben ser respetados; es cierto que no se puede jugar con el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos; pero también es cierto que el derecho a la protesta es legítimo.

En efecto, desde el Centro Democrático reconocemos este derecho. Sin embargo, hemos rechazado desde el principio y de manera vehemente las manifestaciones violentas y las vías de hecho. ¡No faltaba más que nos quieran hacer ver como los responsables de los desmanes que se han presentado!

Pero, ¿qué va a pasar con este Paro? El panorama es aún incierto. En este momento, el gobierno busca el apoyo popular argumentando que si se cede a las pretensiones de los transportadores, las consecuencias serán más graves para el bolsillo de los ciudadanos. Lo cierto es que la responsabilidad del problema recae hoy sobre el Estado. Aunque es innegable que durante décadas se ha postergado la necesidad urgente de crear mecanismos alternos de transporte, diferentes a nuestras carreteras —que valga anotar son insuficientes en cantidad y capacidad—.

Por su parte, la Fiscalía investiga a Pedro Aguilar, líder y vocero del Paro, por sus vínculos con lo que han llamado el Cartel de la Chatarrización. Independiente de lo que arrojen dichas investigaciones, preocupa que la Fiscalía siga siendo usada por el gobierno contra quienes se oponen a sus políticas. Si el gobierno no se reconociera incompetente para darle solución al Paro, jamás la Fiscalía se fijaría en el Señor Aguilar.

Esperemos que esta práctica nefasta de poner a la Fiscalía al servicio de la agenda del gobierno se erradique bajo la dirección del nuevo Fiscal. Es urgente que Néstor Humberto Martínez le devuelva la dignidad.

Así como también es urgente dar una solución satisfactoria al Paro de Transportadores. El bolsillo de los colombianos no ha parado de padecer la incompetencia del gobierno central. Es hora de que el presidente Santos deje de utilizar su paz para desviar la atención de las graves realidades que padece la Nación.

@Tatacabello