A pesar del matoneo en redes sociales y de la infame persecución de que ha sido víctima la ministra de TIC, Karen Abudinen por cuenta de la estafa a la que fue sometida la cartera que ella dirige, los resultados de la investigación emprendida y liderada por ella han sido mejores de lo que muchos alcanzaron a imaginar.

Sobre este caso, es importante que lea El entramado de corrupción

El asunto debe ser analizado con tranquilidad y desprovisto de cualquier apasionamiento. En este caso, donde uno de los ganadores de la licitación para la conexión de Internet en los colegios del país presentó documentos falsos, la ministra no cruzó sus brazos ni volteó la mirada. Si hay un procedimiento complejo en la administración pública colombiana, es el de sacar adelante la caducidad de un contrato.

Generalmente, los funcionarios tratan de solucionar el problema de una manera distinta, como aceptando la cesión de los contratos. Este no fue el caso. La ministra de TIC tomó la decisión sin detenerse un segundo ante las seguras presiones que debió haber recibido para que no lo hiciera.

Como es ampliamente conocido, la caducidad fue decretada y de inmediato las autoridades fiscales -Contraloría- y judiciales -Fiscalía- se pusieron manos a la obra con el fin de ubicar los $70 mil millones de pesos del anticipo y que los delincuentes de Centros Poblados sacaron hacia los Estados Unidos a través de una empresa ubicada en el paraíso fiscal de Delaware.

No obstante las acciones emprendidas, Karen Abudinen echó mano de las herramientas con las que cuenta el ministerio ordenando el embargo de cuentas bancarias, inmuebles y vehículos de la unión temporal y de los integrantes de la misma.

En el auto emitido por el MinTIC -firmado por Andrés Felipe Rengifo- se decreta “el embargo y secuestro de la unidad comercial, establecimientos de comercio, muebles y enseres de propiedad de las sociedades integrantes de la ‘Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020… representada convencionalmente por Luis Fernando Duque Torres y solidariamente por sus integrantes a saber: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación… ICM ingenieros… INTEC de la costa S.A.S… Omega Buildings Constructora S.A.S… a favor de la nación -Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

En la misma directiva quedó fijado el monto máximo del embargo decretado: “… dicho valor corresponde a $78.031.481.188”, es decir la totalidad del desembolso que se hizo durante el anticipo.

Los esquiladores del erario no se saldrán con la suya. La diligencia y contundencia con la que la ministra Abudinen ha enfrentado esta crisis literalmente les aguó la fiesta y, al decir popular, esa platica no se va a perder por la sencilla razón de que tanto las autoridades norteamericanas como las colombianas ya están alertadas y comprometidas en la búsqueda de esos dineros.

Sea como sea, el dinero regresará al tesoro público, el proyecto en cuestión empezará a ejecutarse a través del nuevo contratista que entrará luego del decreto de la caducidad y, lo más importante, la Fiscalía General de la Nación llevará ante los jueces de la República a los delincuentes que participaron en esta trama de corrupción con la que pretendieron apropiarse del dinero de los colombianos.

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 23 de 2021