La ciudadanía rechazó con un NO el acuerdo de La Habana por las concesiones absurdas del gobierno de Santos y las promesas vacías de las FARC. Después de haber ignorado la voluntad de los colombianos, la implementación del acuerdo es justo lo que esperábamos: un desastre medido en las 171 mil hectáreas de coca y cuyo problema más grande es la financiación.

Un verdadero desafío si tenemos en cuenta que el Gobierno Nacional busca cubrir el déficit de 14 billones de pesos en el presupuesto 2019 con una Ley de Financiamiento que recaudará cerca de 7 billones de pesos quedando un faltante que obliga a reducir gasto e inversión.

Esto sucede cuando el Consejero Presidencial para el Postconflicto indicó –en días recientes-, que la Nación deberá comprometer $150 billones de pesos durante la próxima década para la implementación del acuerdo. Ante esto, debemos cuestionar si es necesario continuar con las políticas fallidas de la administración pasada y analizar si resulta mejor para los colombianos destinar parte de los recursos comprometidos para temas urgentes de coyuntura nacional como el saneamiento del sistema de salud o la reforma pensional. 

Cabe señalar, que los problemas con la implementación del acuerdo no sólo pasan por temas financieros, también están en el diseño mismo de las instituciones que lo acompañan. Es así que la Justicia Especial para la Paz (JEP) no logra aun resultados y se enreda en asuntos como la no extradición de Santrich, la Agencia Nacional de Tierras es inoperante y la ineficiencia de la Agencia Nacional para la Reincorporación (ANR) ha fomentado que cantidades de ex combatientes vuelven a la clandestinidad.

Urge que el Presidente Duque reconsidere las obligaciones adquiridas por Santos y en beneficio de Colombia re-direccione los recursos de la Nación hacia necesidades sentidas de la población. Es el colmo que entre 2010 y 2018, se hubiesen creado 14 nuevas agencias gubernamentales, varias relacionadas con el acuerdo, que hoy impactan el fisco y se convierten en más gasto de funcionamiento.

Por lo anterior celebro la directiva de austeridad que el Gobierno Nacional emitió desde Leticia (Amazonas) el mes pasado, donde se ordenó revisar las plantas de personal en diferentes entidades estatales, los viáticos de funcionarios y el gasto en publicidad que sumando a un fuerte plan de reformas posiblemente permitirá ahorrar hasta 9 billones de pesos durante los próximos cuatro años.

@ChriGarces

Publicado: diciembre 5 de 2018