Los semáforos en Colombia se convirtieron hace mucho tiempo en focos de mendicidad que nos permiten visualizar varias realidades: inseguridad, pobreza, desigualdad social y muy en especial, explotación laboral infantil. Esta última, es tan grave que involucra en algunos casos la explotación sexual de los niños desde temprana edad.

Mucho se ha avanzado desde el Gobierno Nacional, a pesar que entidades como el Instituto de Bienestar Familiar han venido trabajando en contrarrestar esta situación desde el desarrollo social, datos del DANE muestran que más de un millón de niños trabajan en Colombia. Es un panorama preocupante, aunque aseguran que la cifra ha bajado con respecto a los años anteriores.

Organizaciones mundiales como UNICEF,  también tienen en la mira esta problemática, pero aún vemos por las calles, en el transporte, incluso en restaurantes y toda suerte de negocios, a niños y adolescentes que venden dulces, limpian carros, hacen malabares, interpretan canciones, cocinan, lavan platos etc., y lo hacen en el tiempo en que deberían estar educándose en la escuela.

El panorama es tan común y cotidiano que la sociedad parece ya haberse acostumbrado a verlo como un “mal inevitable” amén la desigualdad económica y social que persiste en Colombia y otros países de América Latina, pues este es un flagelo mundial que persiste, y que le hace daño enorme al futuro de cualquier país.

¿De dónde viene esta tragedia?

Dicen que todo mal debe primero conocerse y luego atacarse desde la raíz, si se quiere erradicar, lo primero que tenemos que reconocer es que, en la mayoría de los casos, detrás de cada niño explotado siempre hay adulto explotador, y en este sentido es poco lo que se hace en materia de sanciones para esos adultos, casi siempre son padres o tutores del menor, quienes los someten a extensas jornadas laborales, o llegan al caso de alquilarlos a sujetos que sin ningún escrúpulo, los utilizan para explotarlos mediante oficios degradantes como el trabajo sexual, la mendicidad, y hasta el tráfico de estupefacientes, aprovechándose de su calidad de “inimputables” a la hora de realizar trabajos que involucran el delito.

Las mismas entidades oficiales, (ICBF, Fiscalía, y Policía de Infancia) casi que están maniatadas para realizar intervenciones que realmente garanticen la restitución de derechos, toda vez  que la congestión del sistema judicial y la ausencia de convenios duraderos en los municipios, hace que no se cuente con hogares de paso donde poder llevar a los niños una vez son rescatados de las garras de sus explotadores.

La Ley obliga en muchos casos, a que estos niños deban regresar a sus hogares en cuestión de días, y a veces horas, con lo que se va creando un círculo vicioso, toda vez que el entorno familiar de estos niños no es adecuado ni garantiza la no repetición, pues son niños de hogares disfuncionales, donde el alcoholismo, la drogadicción y otros factores que involucran a uno de los padres, o a los dos, les está cercenando su derecho a vivir una infancia digna, a la sana convivencia y muy especialmente a la educación.

Otro factor está en el silencio casi cómplice de la sociedad; la denuncia como herramienta de restauración de derechos para los niños brilla por su ausencia, bien sea por escepticismo, por indolencia, o bien porque el sistema de denuncias aún sigue siendo complejo, en muchos casos porque la gente no sabe dónde acudir a la hora de poner en evidencia estas prácticas aberrantes.

Es urgente cambiar la historia, y esta tiene que ser una tarea de todos. Según el DANE, el 49.9% de los niños y adolescentes trabajan para contribuir a la economía de la familia y es aquí donde el estado y la sociedad estamos obligados a intervenir. No es una tarea fácil, pero hay que actuar ya. El Gobierno está obligado a implementar políticas más ágiles y efectivas en materia de protección.

Debe gestionarse desde las alcaldías y gobernaciones, con el apoyo irrestricto del Gobierno Nacional, las condiciones que permitan agilizar la ruta de restitución de derechos, y esto requiere no de convenios de tres meses que no son más que medidas paliativas a un problema que cada día crece, sino que por el contrario, garanticemos que nuestros niños, niñas y adolescentes estén en donde realmente tienen que estar, y es las aulas de clases preparándose para un mejor mañana, es un país que les garantice sus derechos.

Ya basta de silencio, ya basta de indolencia. Los niños a la escuela y los explotadores a la cárcel. ¡Es así de simple!

@JenniferAriasF

Publicado: febrero 20 de 2020