En diálogo con LOS IRREVERENTES, el exviceministro Rafael Guarín hace fuertes críticas frente al inventario de bienes de las Farc.

LOS IRREVERENTES. Usted ha sido crítico de la implementación del denominado Acuerdo de La Habana. Las Farc dicen que entregaron al Estado cerca de $1 billón de pesos para reparar a las víctimas. ¿Usted cree que esa cifra es verdadera?
RAFAEL GUARÍN. Es una monumental mentira y una descomunal burla a las víctimas que no se puede tolerar. La impunidad otorgada a los responsables de crímenes atroces la justifican en la satisfacción de los derechos de las víctimas, pero lo que demuestra la implementación del Acuerdo de La Habana es que se privilegian los intereses de los victimarios sobre las víctimas. ¿Cómo se explica que el Gobierno haya recibido la lista de bienes pero no haya reclamado a las Farc inmediatamente por la burla? Si el Fiscal Martínez no levanta la voz y denuncia, tendrían a los colombianos engatusados con el cuento de que las FARC había cumplido con la entrega total de todos sus bienes. Hoy es claro que ocultan bienes, que mantienen riqueza ilícita y que la reparación les importa sólo para el discurso con que justifican que les impongan sanciones simbólicas, en vez de cárcel por sus atrocidades.
L I ¿Podemos concluir entonces, que el gobierno es cómplice de esa burla?
R G. ¡Por supuesto! El gobierno ocultó el fraude que las Farc pretenden hacer con los bienes en su poder para la reparación. El primero que debió reaccionar y que conoció el supuesto inventario fue el gobierno, pero prefirió callar y seguir insistiendo en que las Farc sí cumplen, cuando es evidente que están haciendo lo que se les da la gana, con el silencio alcahuete y cómplice del Gobierno.
L I. Pero desde la Casa de Nariño se dice que las FARC sí están cumpliendo…
R G. ¿Cumpliendo qué? A medias y sin zapatos. El propio presidente Santos dijo que las Farc entregarían a la ONU 14.000 armas; el ministerio de defensa afirmó que 11.000 corresponderían a fusiles. Al final sólo entregaron un poco más de 8.000 armas. ¿Dónde están las 6.000 restantes? Las Farc debían liberar a los niños reclutados y al final entregaron cerca de 130 y se autoproclamaron entidad de “beneficencia infantil”. Frente al narcotráfico, pusieron al país a nadar en coca, no han revelado rutas, socios, testaferros, nada que sirva para avanzar en el desmantelamiento de ese negocio.Tampoco cumplieron con la concentración en las zonas veredales de la totalidad de los integrantes de las milicias. El propio ministro de la defensa reconoció que un número muy importante de sus integrantes faltaban por desmovilizar. El balance no es el que le están vendiendo al país. Las Farc no están cumpliendo y el Gobierno está preocupado por hacer creer a los ciudadanos y a la comunidad internacional que todo marcha sobre ruedas.
L I. Volviendo al tema de los bienes, además de la criticas que ya se conocen por los traperos, escobas y cirugías, que incluye el inventario, ¿qué otra cosa se está pasando por alto?
R G. Los bienes que deben entregar las Farc deben ser todos los que estén en su poder, en Colombia y en el exterior, y tener vocación de reparación, es decir, ser útiles para resarcir el daño ocasionado a las víctimas. Con relación al universo de bienes, éstos comprenden los que el grupo considere “colectivos”, estos son los que detenta las Farc como organización y, por otro lado, los que están en manos individuales de sus integrantes y provengan de actividades ilegales como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el asesinato y el hurto.
L I. ¿Luego, esos bienes no están en el inventario?
R G. ¡Ese es el punto! Esos bienes individuales no hacen parte del “inventario” presentado, porque el gobierno y las Farc decidieron que el inventario únicamente debía estar conformado por los bienes “colectivos”. El decreto 903 de 2017  protege de alguna forma a los bienes individuales de los señores de las Farc, al no obligar su reporte y permitir así que sigan en manos de los victimarios. Para quitárselos el Estado debe identificarlos, iniciar un proceso de extinción de dominio e invertir inmensos recursos económicos y humanos, cuando la obligación para tener acceso a los beneficios de la justicia transicional debe ser la entrega de todos los bienes. Más aún, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional incluso el patrimonio de los victimarios, compuesto por bienes obtenidos legalmente, debe estar destinado para la reparación de las víctimas. Estamos ante una operación aceptada por el gobierno que busca favorecer a los perpetradores de atrocidades en desmedro de los derechos de las víctimas. Una operación de lavado de activos.
L I. Entonces, ¿qué camino queda?
R G. La Corte Constitucional tiene la responsabilidad de corregir esta situación. Si en verdad salvaguarda la Constitución, deberá poner por encima de los intereses de los victimarios los derechos de las víctimas. La Corte en sus sentencias sobre las normas emitidas para implementar los acuerdos deberá dejar claro que la satisfacción de los derechos de las víctimas es requisito para acceder a las sanciones de la JEP, evadir la entrega de bienes debe excluir de esos beneficios a los miembros de las Farc, comenzando por su cúpula; igual la negativa a revelar la verdad y confesar la totalidad de los crímenes. La cosa va tan mal que alias Pastor Alape se da el lujo de negar que las Farc cometieron masacres. No faltará el que les crea y pretenda convertir esa mentira en verdad.

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 29 de 2017