Entre cielo y tierra no hay nada oculto, reza el refrán popular. Más de dos años después de que la Fiscalía de Eduardo Montealegre anunciara con bombos y platillos la noticia de que los negociadores en La Habana del gobierno colombiano y las Farc eran víctimas de labores de espionaje por parte de la campaña del candidato opositor Óscar Iván Zuluaga, el país viene a enterarse de que al parecer fue al contrario, es decir, que en realidad al movimiento del aspirante uribista le pudieron haber metido varios caballos de Troya.

La explosiva revelación fue hecha en la Corte Suprema de Justicia por Julián Quintana, exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General. De acuerdo con el otro funcionario, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, almirante en retiro Álvaro Echandía, fue quien en 2014 le entregó a la dependencia a su cargo la información que terminó con la captura del llamado hacker Andrés Fernando Sepúlveda, quien en realidad terminó con su propia credibilidad, al que cogieron de chivo expiatorio para concretar el presunto montaje en mención.

El tema es de la mayor gravedad.

Como se recordará, el caso de Sepúlveda se conoció horas después de que varios medios de comunicación dieron cuenta de que al parecer un grupo de narco-paramilitares habrían entregado 12 millones de dólares que pudieron haber terminado en la campaña de 2010 del entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos.

Tiempo después el ente investigador -a cargo de Montealegre- informó que “se pudo concluir de forma clara que no existieron hechos o circunstancias fácticas relacionados con injerencia de dineros indebidos en la campaña presidencial del doctor Juan Manuel Santos para el periodo presidencial 2010-2014, es decir, que el hecho denunciado nunca existió”.

Personalmente no veo por qué el doctor Quintana tenga que mentir sobre la infiltración de la DNI a la campaña de Zuluaga. Pero debo ser claro en un aspecto que el país entero presenció durante largos cuatro años: no se ha conocido una Fiscalía más arrodillada a un gobierno que la de Montealegre. Para eso, para ser una dependencia más de la Casa de Nariño, Montealegre contó siempre con dos incondicionales: el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo y el mismísimo Julián Quintana.

Entre los tres persiguieron sin compasión a la oposición y a todo aquel que los criticara o se opusiera a sus intereses. De eso fueron víctimas Luis Alfonso Hoyos, Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga. Recuerdo perfectamente en la campaña presidencial de 2014 al atrevido de Perdomo citando constantemente a declarar al expresidente Uribe porque decía alguna cosa contra el gobierno, el mismo gobierno que le dio la espalda a Montealegre y a su cúpula en el ocaso de su gestión.

Adicionalmente a muchos abogados se nos persiguió porque no comulgábamos con los atropellos de la mala gestión Montealegre.

Hecha esa aclaración volvamos a las recientes declaraciones de Quintana. No entiendo por qué Zuluaga y su abogado denuncian solo al almirante Echandía. ¿Acaso la DNI no depende directamente de la Presidencia de la República?¿Acaso el presidente Santos y Echandía no se conocen desde tiempos inmemoriales, es decir, desde cuando el mandatario fue cadete de la Armada?

Claro que, en un par de entrevistas que hasta ahora ha concedido, Echandía se ha mostrado desafiante y les ha ofrecido denuncias penales a todos aquellos que osen poner en tela de juicio su honestidad. De paso, el ahora militar en retiro ha dicho que no es cierto que le haya ofrecido a Quintana la dirección de la estatal Unidad de Información y Análisis Financiero o UIAF. Estoy seguro de que Quintana dice la verdad sobre ese ofrecimiento. ¿A cuento de qué se va a inventar esa historia?

En síntesis, este “Watergate” criollo nos deja a los colombianos varios interrogantes: 1) ¿Hasta cuándo Santos va a sostener en el puesto a Echandía? 2) ¿Cuándo el jefe de Estado se pronunciará públicamente sobre este escándalo que le podría costar hasta su gobierno? 3) ¿Cuándo llamarán a entrevista a Echandía?

Mientras esas preguntas se resuelven, el Estado está en la obligación de proteger a Quintana. El país no puede permitir que ocurra lo que escribió Quintana en su cuenta de Twitter: “Espero que no me pase lo mismo que al testigo del montaje del almirante Arango (Bacci): lo mataron días antes de declarar”, en relación al asesinato hace tres años de Jaime Alberto Pérez Charris, que, dicho sea de paso, sigue impune.

En lo personal no confió en Quintana, fui víctima de varias situaciones que he denunciado con vehemencia pero creo que entre mentirosos a veces alguno dice la verdad.

@CancinoAbog