No hay nada más engañoso, insustancial y maniqueista que la supuesta Consulta Popular Anticorrupción promovida por el Partido Verde. Si a un ciudadano se le induce a firmar una planilla diciéndole que con su firma se les bajara el sueldo a los congresistas de inmediato se cristaliza la filosofía de Pambelé, “es mejor ser rico que pobre”; con ese método y con otras falacias los promotores del Partido Verde captaron más de cuatro millones de firmas.

Las firmas y el discurso anticorrupción solo tienen propósitos propagandísticos, taquilleros, para llamar la atención de un auditorio flojo al momento de discernir los fondos y las formas. Claro que estamos hastiados de los escándalos de corrupción y de los abusos en la administración pública desbordada en los últimos años y donde un escándalo parece menor o menos grave frente al nuevo que se conoce. Estamos de acuerdo en buscar solución inmediata a esa vocación criminal de hacerse millonario con el erario, nadie se opone a desterrar la horda de bandidos que se tomaron los presupuestos públicos. Una firma no se le niega a nadie y menos cuando de por medio se argumentan razones poderosas como con ella se “acaba la corrupción”. Es nuestro deber dejar constancia a quienes firmaron que están participando de otro engaño populista, orquestado por un partido político que tiene como único propósito seguir enturbiando este caos de credibilidad y desconfianza en nuestras instituciones para obtener réditos electorales en el 2018. Ver Claudia López y su pelotón anticorrupción.

Solo se necesita revisar con detenimiento el contenido y redacción de las siete medidas con las cuales motivaron las firmas y con las cuales pretenden prevenir y castigar a los políticos y contratistas corruptos para dimensionar que sus alcances son populistas, irresponsables y demagógicos. Ver Iniciativa anticorrupción.  Veamos. Pretender hacernos creer que, con reducirle el sueldo a los congresistas, obligarlos a rendir cuentas sobre su gestión legislativa y limitar a tres periodos la permanencia en las corporaciones públicas (Congreso, Asambleas y Concejos) se acaba el paralelismo de los congresistas en la gestión, presión y condicionamiento de contratos es de una ingenuidad única. Las personas condenas por violar el tipo penal relacionado con corrupción están sujetas a la condena de pena privativa de la libertad y sus beneficios no son selectivos, están enmarcados dentro del universo de derechos que les asiste a los seres humanos en un estado democrático: confusa la propuesta.

Obligar a las entidades públicas y territoriales a usar “pliegos tipo” para supuestamente reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo es una propuesta etérea, vaga y vaporoso, solo busca mover la emotividad de la gente, como lo hacen en el punto cuatro donde pretenden enterrar la planeación pública, la responsabilidad que asiste en la hacienda pública, para llevarlas y debatir en audiencias públicas en medio de barras bravas y arengas la destinación presupuestal: populismo irracional. Y qué decir del requisito de la declaración de renta para posesionarse y ejercer el cargo, solo con googlear se ratifica que es norma y deber en cumplimiento.

El problema de corrupción es estructural, social, mental, educativo, con propuestas flojas, gritos engañosos e intimidadores no se acaba la corrupción, ese monstruo de mil cabezas se derrota con el fortalecimiento y empoderamiento del Estado, de las instituciones, de la Justicia, esa una cruzada no debe tener colores políticos ni caudillismo, la única bandera que debemos izar para luchar contra la corrupción es la de Colombia.

@LaureanoTirado

Publicado: julio 31 de 2017