Con frecuencia aparecen anuncios en redes sociales, que son repetidos por medios de comunicación sobre supuestas investigaciones y prontas ordenes de captura contra servidores públicos del orden territorial como antesala a la toma de decisiones de transcendencia.  Esos anuncios terminan siendo sólo rumores creados desde las agencias políticas que tienen aún los vestigios de la anterior campaña electoral. Para fortuna y sanidad de la política regional, por disposición del Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira, los Directores Seccionales de Fiscalía no están funcionalmente instruidos para crear sensacionalismo judicial, como venía sucediendo,  sino para dirigir la política criminal y  coordinar las investigaciones dando resultados. Hoy a cargo de las Direcciones Seccionales de Fiscalía, en todo el país, desde Putumayo, hasta Magdalena y Guajira, hay personas probas y de alto calado moral.

Con la declaración de insubsistencia de la Secretaria de Educación de Santander, se especuló demasiado. Se llegó a rumorar que el jueves, un día antes de ser separada del cargo, la funcionaria habría estado medio día sentada con funcionarios del CTI y que el Senador Horacio José Serpa habría aterrizado de urgencia en Bucaramanga para anunciar que separaba cobijas con el gobierno de Didier Tavera. Ni de lo uno ni de lo otro hay evidencia.

Lo evidente, es la doble moral de algunos cuando de licitaciones se trata. Resulta que se escandaliza y se ha querido satanizar las adjudicaciones que con un sólo oferente resultan validadas, cuando los pliegos son transparentes. Pero negar que un pliego amarrado como aparenta ser, según el criterio del Jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Santander, en el caso del PAE, elaborado autónomamente por un equipo conformado también autónomamente por la funcionaria, deja planteada mucha suspicacia. Si no se acataron íntegramente la recomendación del Comité de Transparencia por Santander, y tampoco las observaciones y recomendaciones del Jefe de la Oficina Jurídica que fueron publicadas, subidas previamente a la plataforma del Secop; bajo la excusa de que el Ministerio de Educación estaba presionando para que se contratara el PAE, surge evidencia, indicio de una mala actuación, lejana de la buena fe, más aun cuando todo apunta a un sólo proponente que debe garantizar que cuenta con el 100% de los recursos, soportados en una legitimación expresada supuestamente por el Procurador Delegado para la Contratación Camilo José Orrego Morales y la Procuradora de Familia Luz Mirian Castaño Marulanda.  El Fiscal General de la Nación debe investigar y el Procurador General Fernando Carrillo aclarar el alcance de sus delegados en materia de contratación, para saber de esa eventual legitimidad que otorgan a pliegos de esa naturaleza. El Gobierno Departamental no debería adjudicar ese contrato y debería convocar una mesa de trabajo con presencia de la Procuraduría para que le ayuden a solucionar semejante galimatías dejado por la secretaria saliente, en acompañamiento de los delegados del Procurador. 

Otro matoneo se pudo apreciar en la votación y aprobación del POT de nueva generación del municipio de Floridablanca. Por redes y medios se llegó hasta asustar a algunos Concejales. Se dijo que había órdenes de trabajo del CTI y que la Fiscalía General y la Procuraduría los iba a suspender por aprobar el proyecto de acuerdo sometido a consideración del Concejo Municipal. Finalmente los corporados en mayoría dieron su voto afirmativo. En consecuencia se han despachado toda clase de improperios desde portales y actores de redes y medios en contra de los concejales, pese a que el cabildo abrió la discusión y la participación, pero sin argumentos y sólo con señalamientos personales e individualizados se hizo matoneo a supuestos dueños de predios y a algunos funcionarios públicos. El POT es un proyecto de orden general, ya fue votado, aprobado y ordenado su trámite ante el gobierno departamental. Quisieron repetir la historia de cuando aconteció la elección de Contralor Municipal en Floridablanca. Dijeron de todo, especularon. Varios togados salieron a cuestionar la revocatoria de la convocatoria hecha por el Concejo Municipal del período anterior y el acto de nueva convocatoria; sin embargo la elección se dio y hoy, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa otorgo plena razón a los concejales que firmaron la revocatoria: Todo se hizo ajustado a la ley y al derecho, quedando demostrado que era palabrería jurídica, sin razón y argumento jurídico.    

Se está volviendo costumbre el matoneo. Ojala los órganos de control le paren bolas a esto que genera zozobra e inseguridad. Buenas resultan las veedurías, el control social y los conceptos jurídicos. Pero grave cuando desde perfiles y cuentas falsas, y bajo la utilización de personas de escasa estatura moral, ética y togados capaces de hacer afirmaciones sin argumento y contenido jurídico, se descalifica y se atropella con matoneo.       

@AlirioMoreno

Publicado: octubre 2 de 2018