Argumentar que la responsabilidad por los altos y exagerados valores en las liquidaciones del Impuesto Predial Unificado de Bucaramanga es responsabilidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no resulta acertado. Tanto los valores finales como el cobro del impuesto predial, corresponden a decisión y operación administrativa de cada municipio. Y son los concejos municipales los facultados para fijar las tarifas y los rangos de la base gravable aplicable que va desde el 60 hasta el 75 por ciento del valor del avalúo fijado.
En el caso de Bucaramanga, el Concejo Municipal de la ciudad aprobó hace varios años el Estatuto Tributario. En él se fijan los parámetros que deben tener en cuenta los funcionarios de la alcaldía, en las operaciones administrativas para la liquidación y el cobro de los impuestos municipales. La iniciativa para actualizar el catastro y con ello los avalúos de los predios es del alcalde. En Bucaramanga, el alcalde está facultado tanto para la actualización del catastro, como para fijar la tarifa, puesto que así lo establece el Código de Rentas.
Mientras Don Rodolfo distraía a los ciudadanos, poniéndolos a mirar hacia otros municipios, pegándole en simultánea a uno de sus concejales y lanzando candidato a la gobernación; aprobaba a hurtadillas el acto administrativo mediante el cual adoptaba y acogía el nuevo catastro y la máxima tarifa como base gravable que ahoga a los contribuyentes. Esa actuación no fue fortuita. Fue deliberada. El sólo hecho de contratar a la Universidad Distrital de Bogotá en un convenio tripartita con el Área Metropolitana de Bucaramanga por casi 7 mil millones de pesos, vulnerando el principio de transparencia ante la falta de selección objetiva, para hacer una actualización sectorizada y sesgada, que viola además el derecho a la igualdad de los propietarios de predios, denota que había una intención lejana de toda casualidad. Don Rodolfo no convocó al colectivo y ni siquiera a los gremios a discutir la vigencia y el impacto económico de la medida.
Las actualizaciones catastrales son necesarias en todos los municipios y casi que coinciden por obligación con cada mandato. Con esos dineros recaudados se nutre el presupuesto de recursos propios. Eso es legal. Lo que no resulta justo, es que se apliquen las nuevas tarifas sin convocar al Concejo Municipal para que adopte una política transitoria de coyuntura de alivios tributarios y plazos, y sí en cambio, se adopte arbitrariamente como base gravable la máxima del rango permitida por la ley y no se haga nada para aplazar su vigencia. Eso no lo hace sino una persona con mentalidad alcabalera y usurera con carga de codicia. Y más grave es que el alcalde ordene los cobros y se vaya de licencia fuera del país, dejando a los contribuyentes sin ningún alivio, a sabiendas que los encargados solamente cumplen con el papel figurativo y no mueven un dedo sin consultárselo. Eso no está bien. La situación económica está difícil. Eso puede que dinamice la economía contractual del municipio, pero desequilibra la de la ciudad y el entorno.
Queda el camino de la desobediencia. Que sólo paguen el impuesto predial, los contribuyentes que tengan suficiente solvencia económica y quieran pagar y aquellos que necesiten hacer alguna transacción comercial que requiera un paz y salvo. Los demás contribuyentes, que se abstengan de pagarlo. Aquí nace el primer presupuesto constitucional de una amnistía tributaria futura, que con seguridad algún juez administrando justicia en nombre de la República de Colombia, terminará considerando y reconociendo. En un Estado Social de Derecho, lo justo siempre primará sobre lo legal. Los actos administrativos que adoptaron y acogieron la actualización del impuesto predial, por algún lado terminarán cayéndose. Considero que por haberse realizado sectorizado y no general, debió notificarse a cada uno de los propietarios afectados.
Perla: Mientras en la ciudad de Tunja, con la misma pretensión, se celebraba similar convenio con el IGAC por la suma de 333 millones para la revisión de 75 mil predios; en Bucaramanga para revisar 80 mil predios, se presupuestaban y pagaban 7 mil millones y no se contrataba a la entidad más idónea, ni se le daba oportunidad de participar en la convocatoria a otras universidades públicas. Sólo a la Distrital de Bogotá en un proceso que nació torcido. ¿Eso no es corrupción?
Publicado: enero 15 de 2019