Uno de los aspectos del acuerdo Santos-Timochenko que más rechazo despierta entre los colombianos es el del establecimiento de una justicia prevalente, incuestionable, superopoderosa e inescindible, diseñada para que las Farc queden impunes y los miembros de la Fuerza Pública y los civiles que desde la democracia enfrentaron al terrorismo, sean humillados ante jueces designados con criterio ideológico, que los obligarán a confesar delitos que jamás cometieron.

Esa es la denominada justicia especial para la paz. Un mecanismo que ya empieza a mostrar sus perversidades.

La noche del jueves 7 de febrero de 2003, un comando terrorista de las Farc, adscrito a la denominada columna Teófilo Forero –cuyo cabecilla era alias el paisa-, introdujo un carro cargado de explosivos al estacionamiento del club El Nogal. Los cerebros de la acción organizaron todo para que la bomba explotara cuando más gente hubiera en aquellas instalaciones.

Estacionaron el carro en un punto neurálgico del parqueadero, pues el objetivo era hacer que éste, como las torres gemelas de Nueva York, colapsara después de la detonación. Así, las Farc lograrían su objetivo de asesinar a las más de 600 personas que estaban en el lugar.

No les importó, por ejemplo, que en ese momento se estuviera celebrando una fiesta infantil, ni que hubiera mujeres embarazadas o ancianos en los distintos salones del club. El objetivo era aterrorizar a Colombia y, en efecto, lo lograron.

36 muertos y más de 350 heridos fue el saldo de ese escalofriante crimen.

Las autoridades lograron determinar rápidamente quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del atentado. Entre ellos estaba una familia completa que hacía parte de la banda terrorista Farc: los Arellán –uno de ellos, John Fredy, fue el encargado de llevar el carrobomba hasta el sitio- fueron capturados rápidamente por las autoridades, llevados a juicio y ejemplarmente castigados por ese terrible crimen.

Cuando empezó el proceso de paz, millones de colombianos manifestaron su oposición a que acciones de terrorismo como la de El Nogal, fueran catalogadas como un delito político, o que fueran cobijadas con medidas de impunidad, como en efecto ha empezado a suceder con la liberación de Hemrinsul Arellán Barajas.

Uno de los puntos neurálgicos por los que la mayoría ciudadana votó NO en el plebiscito del pasado 2 de octubre era, precisamente, el de la justicia especial de paz. Resulta inaceptable que se establezca un tribunal incontrolable, que tendrá todo el parecido con aquellos que se establecieron durante los siglos de la inquisición (Al respecto, puede leer “Tribunal fariano de la inquisición”).

Santos desconoció el mandato ciudadano. Su compromiso con las Farc es tan poderoso que nada le importó que 6.5 millones de colombianos votaran en contra del acuerdo que incorpora la JEP.

Entre más sanguinario sea el responsable, más rápido éste saldrá de la cárcel. De eso se trata el pacto de impunidad celebrado con las Farc. Y, al mismo tiempo, los soldados, policías y civiles que lucharon desde el lado de la institucionalidad contra esos delincuentes, serán conducidos a los oscuros salones del tribunal para ser obligados a confesar hechos en los que jamás incurrieron. Los terroristas impunes y sus enemigos sometidos al deshonor de tener que “admitir” cosas que nunca hicieron.

Es una bofetada a las víctimas de El Nogal la liberación de uno de los autores de ese terrible atentado. Si aquell decisión produjo indignación, la mala noticia es que esa es, hasta ahora, la primera de muchas que vienen. Las cárceles abrirán sus rejas para que los peores terroristas de la historia salgan de nuevo a las calles de Colombia a seguir aterrorizando al pueblo.

Con orgullo, Santos, el sepulturero de nuestra democracia, podrá decretar que ya empezó la feria de la impunidad.

@IrreverentesCol

Publicado: mayo 15 de 2017